28 empresas del Ibex 35 tienen al menos a un directivo con un contrato blindado en caso de despido, con indemnizaciones que van desde los doce meses de sueldo a cinco años de retribución (caso de Iberdrola y Grifols). En total, las compañías del selectivo declaran en los informes de gobierno corporativo del ejercicio 2016 remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tienen a 758 directivos blindados. El cómputo no incluye a Arcelormittal (que tiene su sede fuera de España y no comunica estos datos) ni a Meliá, que todavía no ha remitido su informe, aunque en 2015 decía no tener cláusulas de este tipo.
El número de directivos blindados descendió el año pasado un 7,5%, desde los 820 que declaraban las mismas empresas el año pasado, pero sigue en niveles históricamente altos. Los ‘paracaídas dorados’ en el Ibex se dispararon en plena crisis. En 2013, tras la aprobación de la reforma laboral de Mariano Rajoy (que generalizó la indemnización por despido de 20 días por año trabajado), los blindajes en el Ibex se triplicaron al alcanzar los 886 directivos con estas cláusulas, según el último informe oficial de la CNMV. El récord se batió en 2014, con 933 personas.
Las indemnizaciones pueden llegar a alcanzar cifras millonarias. Los ejecutivos que se han asegurado más años de sueldo en caso de salida (cinco) son los cuatro consejeros ejecutivos que tenía la farmacéutica Grifols en 2016 y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La salida de Galán en caso de opa o despido improcedente costaría a la eléctrica cerca de 47 millones de euros teniendo en cuenta su sueldo de 2016. Con 9,35 millones entre sueldo y acciones, fue el tercer mejor pagado de la bolsa española. El año pasado cumplió 15 años en la eléctrica con un sueldo acumulado que supera los 100 millones de euros.
De las 28 empresas que en 2016 tenían a directivos blindados, sólo dos, Amadeus e Indra, someten estas cláusulas a la aprobación de sus accionistas. El resto (salvo Ferrovial, que no explica el procedimiento por el que se activan estos blindajes) lo deja en manos del consejo de administración. Cinco empresas ni siquiera informan de la existencia de blindajes a sus juntas de accionistas: Caixabank, Cellnex, Enagas (que tiene como mayor accionista al Estado), Ferrovial y Mediaset.
Repsol es un año más la compañía del Ibex con más directivos blindados, con 244 (45 menos que un año antes) eindemnizaciones por despido de hasta cuatro años de sueldo para su secretario y consejero ejecutivo, Luis Suárez de Lezo. A continuación están Grifols (77), BBVA (62), Iberdrola (52), Telefónica (48), Caixabank (32), Gas Natural (30), Banco Sabadell (29), Endesa (25), Gamesa (23), Inditex (22) y Banco Santander (19).
Las compañías que no declaran blindajes son ACS, Aena, Banco Popular, Bankinter y Mapfre. ACS decía tener a seis directivos con estas cláusulas en 2015, cuyos contratos estipulaban que en caso de despido improcedente o cambio de control (adquisición por otra empresa) recibirían “indemnizaciones máximas entre 3 y 5 años de sus retribuciones”. Pero esos contratos incluían “limitación de edad para cada ejecutivo, por lo que, habiendo superado dicha edad, a la fecha de formulación del presente informe ya no existe la posibilidad de materializar dichas indemnizaciones”. El presidente de la constructora, Florentino Pérez (70 años), ya no tiene blindaje, pero acumula una pensión de casi 40 millones de euros.
Cambiar blindaje por pensión
Las pensiones millonarias para los consejeros han cobrado peso en algunas empresas del Ibex en detrimento de los blindajes. Y muchas veces funcionan igual que estas cláusulas. En el caso de Popular, en 2015 y 2016 decía no tener blindajes, pero el consejero delegado al que despidió el año pasado, Francisco Gómez, se llevó un plan de jubilación de 20,34 millones, y Ángel Ron, su presidente hasta este año, ha salido del banco con 23 millones de pensión bajo el brazo tras dejar a la entidad en pérdidas récord.
César Alierta también renunció (entre comillas) a su blindaje en 2014, pero ha dejado la presidencia de Telefónica (donde sigue de consejero y presidente de la fundación) con una pensión de 53 millones, una de las más altas de la historia empresarial española.