El comité internacional para auditar la deuda pública de Grecia, de cuyos ambiciosos planes dio cuenta eldiario.es esta semana, tiene ya avanzadas varias ideas sobre la naturaleza de su trabajo, que arrancará en Atenas a principios de abril tras una breve exposición de esta semana en el Parlamento heleno. Uno de sus objetivos se centrará en analizar cada detalle de la deuda estatal, que ascendía al 185% del PIB a finales de 2014. Y ciertos trabajos preliminares de este grupo asesor apuntan ya a varias conclusiones.
El comité, compuesto por una treintena de expertos y convocado por el Parlamento griego, ha identificado 53.000 millones procedentes de préstamos bilaterales de hasta 14 Estados Miembros de la Unión. Se trata de préstamos “potencialmente ilegales o ilegítimos”, en espera de una conclusión final.
Los préstamos no tienen que ver –aparte de la supuesta intención de ayudar financieramente a Grecia desde que arrancaron las turbulencias en 2009– con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). El FEEF ha contribuido con casi 150.000 millones de euros a la recapitalización de los bancos griegos con el aval de los países miembros.
La mitad exacta de los 53.000 millones corresponde a préstamos entregados directamente por Alemania (15.000 millones, el 28,6%) y Francia (11.000, el 21,5%). A continuación vienen los créditos bilaterales concedidos por Italia (10.000 millones) y España (6.600). Más abajo aparecen Holanda, Bélgica, Austria, Portugal, Finlandia, Irlanda, Eslovenia, Luxemburgo, Chipre y Malta. Estos cinco últimos países aportaron menos del 1% cada uno.
¿En qué se sustentaría la ilegalidad e ilegitimidad de los préstamos directos entre Estados de la UE? Según el comité, en el artículo 125 del Tratado de Lisboa, que impide a un Estado miembro asumir los compromisos financieros de otro Estado miembro. De acuerdo con el artículo 125, “los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos”.
Según el borrador inicial presentado por el comité en la Cámara Baja helena esta semana, entre 2010 y 2012 gran parte de estos préstamos bilaterales fueron concedidos a tipos de interés que iban del 4% al 5,5%. “¿Los prestamistas públicos en 2010 respetaron acaso el principio de autonomía que pertenece al deudor, es decir Grecia? ¿O aprovecharon su desamparo ante los ataques especulativos de los mercados financieros para imponerle contratos que iban en contra de su propio interés?”, se pregunta el documento, que lleva estampada la firma del politólogo belga Eric Toussaint.
Préstamos bilaterales
Toussaint, presidente del comité internacional y a su vez fundador del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), tiene un largo recorrido trabajando con países latinoamericanos que reestructuraron su deuda la pasada década, caso de Ecuador (un modelo en el que se ha fijado Podemos), Argentina o Paraguay. A su regreso de Atenas y mientras viaja en tren desde Lieja (ciudad en la que reside y de cuya universidad es profesor) a Bruselas para tomar un avión rumbo a Túnez, Toussaint atiende brevemente por teléfono a este medio.
“Evidentemente, estos 53.000 millones no son la única cantidad a la que están expuestas Alemania o Francia”, indica Toussaint. Pero la recapitalización bancaria del sistema financiero heleno vía el FEEF mediante garantías o avales de los demás estados es de otra naturaleza jurídica que ya tocará analizar, añade el politólogo. “Es como si Bankia en España o Dexia en el caso belga entran en bancarrota y el país afectado asume las pérdidas. En este caso es distinto: son préstamos bilaterales a un interés probablemente injusto”.
Toussaint insiste en que el dinero comprometido en el Fondo de Estabilidad así como en la madeja imposible de mecanismos creados en Bruselas desde que estalló la crisis “es dinero que puede ser asumido por el BCE”, de tal forma que las garantías se podrían mutualizar por ejemplo. Sin embargo, prefiere centrarse en los préstamos bilaterales antes que adentrarse en hipótesis.
“Nos queda mucho trabajo, y nosotros no vamos a decir al Gobierno griego qué es lo que tiene que dejar de pagar y cómo debe de hacerlo”, remacha. “Nos han llamado para hacer una auditoría en la que identificaremos qué parte de la deuda pública griega es ilegal, ilegítima, odiosa o insostenible. La decisión de la quita es una decisión política que no nos corresponde”.