El Congreso ha aprobado este martes la admisión a trámite de la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace unos meses, aún en la oposición. La proposición de ley contempla multas para las empresas que impidan la conciliación, obliga a que las empresas hagan un análisis de las categorías profesionales y los sesgos de género, e insta a que los consejos de administración de las empresas tengan representación equilibrada de mujeres y hombres desde 2023, entre otras medidas.
Todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de seguir adelante con el trámite de la proposición, aunque Ciudadanos y PP se han mostrado especialmente en desacuerdo con el contenido. Unidos Podemos ha mostrado su apoyo pero ha subrayado que la norma contiene demasiadas declaraciones de intenciones y es poco ambiciosa. El debate parlamentario augura, por tanto, una tramitación llena de enmiendas.
“No se nos ocurre que a un hombre en una entrevista de trabajo le pregunten si va a tener familia, pero es el día a día de las mujeres”, ha dicho en su defensa de la Ley la diputada socialista Pilar Cancela. La ministra ha desgranado algunos datos, como que el 64% de los asalariados con ingresos más bajos son mujeres o el fuerte impacto del trabajo a tiempo parcial entre la población femenina. Ha recordado también la prevalencia de la brecha salarial y en el empleo que perjudica a las mujeres, y la doble carga de trabajo que les añaden los cuidados. el8M; nos han dicho que nada puede ser como antes
El texto legal concibe la conciliación como un derecho que emana de la relación laboral y prohíbe de forma expresa la discriminación directa o indirecta por ejercer este derecho. Reconoce nuevas adaptaciones de jornada, por ejemplo, para cuidar a bebés lactantes de menos de nueve meses. Fija también nuevas bonificaciones para la reincorporación de las mujeres después de convertirse en madres, también para las autónomas
La norma incluye un capítulo de infracciones para sancionar la “obstaculización” o impedimento de los derechos de conciliación. Infracciones leves serían, por ejemplo, no realizar estudios para constatar la existencia de desigualdades cuando se negocia un convenio colectivo o la “obstaculización” del ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando la empresa sea reiterativa o directamente impida el ejercicio de la conciliación, la infracción será grave. También lo será incumplir las medidas de acción positiva para evitar la discriminación laboral de las mujeres o ni siquiera negociar este tipo de medidas para evitar la discriminación en las condiciones de contratación, promociones o formación.
El texto estipula como sanciones graves no informar u ocultar información sobre el diagnóstico del plan de igualdad de una empresa o incumplir una presencia equilibrada en las comisiones negociadoras. Muy graves serían, por ejemplo, despedir a una víctima de violencia de género por ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Según la norma, las multas irían desde los 60 hasta los 50.000 euros.
“No se trata de romper techos de cristal y derribar la segregación vertical, sino de acabar con los suelos pegajosos, ligados a los trabajos de cuidados que impiden a las mujeres avanzar. Somos nosotras siempre las que renunciamos”, ha dicho Cancela, que ha recordado que el 92% de quienes piden permisos y excedencias para el cuidado son mujeres.
Un organismo especializado en la Inspección de Trabajo
Cancela ha insistido en una de las patas de su propuesta, los cambios en la negociación colectiva, que van desde volver a la primacía del convenio del sector sobre el de empresa a limitar el derecho empresarial a distribuir de forma irregular la jornada de trabajo o la movilidad geográfica y reconocer el derecho a la adaptación de jornada de trabajo después de la incorporación de un permiso por maternidad o paternidad y hasta que el menor cumpla 12 años.
La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes ha hecho una de las réplicas más duras, al criticar al grupo socialista por haber “plagiado” su propia Ley de Igualdad de 2007. Reyes se ha quejado de la cantidad de veces que en la última legislatura se han defendido en el Congreso proposiciones similares. “Ahora, el Gobierno, el que debería poner en marcha lo ya aprobado, nos trae aquí una proposición más”, ha dicho.
La diputada ha cargado contra una de las propuestas de la norma, la creación de una Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación, “un órgano más con el que perfeccionar el arte del dedazo”. Se trataría de un nuevo organismo integrado en la Inspección de Trabajo que aplicaría y coordinaría las medidas para luchar contra la discriminación laboral, en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo y en los salarios. El Instituto de la Mujer asesoraría a este organismo en la elaboración de informes y estadísticas.
La portavoz de Unidos Podemos- En Marea, Yolanda Díaz, anunciaba el voto a favor de su grupo, pero ha reclamado una norma más contundente: “Esta norma bebe de las fuentes de la Ley de Igualdad de 2007, (...) eso es un problema porque casi toda la norma que exponen abundan en la declaración de intenciones de una ley que ya teníamos. Necesitamos leyes ejecutivas, que garanticen con efectividad el cumplimiento de los derechos y eso es lo que le falta a esta norma”. La proposición, dice, olvida cambiar la ley de jurisdicción social y contencioso administrativa, y no incluye sus sanciones e infracciones en la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
Díaz ha lamentado la poca exigencia en cuanto a la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración respecta. La proposición contempla que sea a partir de 2023 cuando haya paridad en los consejos, un plazo que la diputada considera excesivo. Ha defendido también que esa presencia equilibrada se exija a los agentes sociales en todas sus unidades de representación y negociació.
La portavoz del grupo popular, María Del Carmen Dueñas, que también ha dado su voto a favor, ha criticado sin embargo la propuesta porque, dice, contiene medidas que el PP ha defendido en otros momentos sin apoyo. La crítica de Dueñas se ha basado fundamentalmente en el pasado: “No hay que olvidar que entre 2007 y 2011 el número de mujeres en paro se multiplico (...) El empleo es el principal instrumento para alcanzar la igualdad”. La desigualdad salarial, ha dicho la popular, no es “un tema nuevo” aunque “está en mínimos”.