El actor Imanol Arias ha señalado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional tras reconocer cinco delitos fiscales que renuncia a hacer uso de su derecho a la última palabra porque quiere “dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes”.
Así se ha pronunciado durante la vista oral que se celebra contra él, contra la también actriz Ana Duato y casi una treintena de personas en el marco del 'caso Nummaria'. Como adelantó elDiario.es, Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta una pena de cárcel de 2 años y 2 meses, si bien eludirá entrar en prisión.
Él ha sido el octavo en declarar en la mañana de este martes tras otros siete encausados que también han reconocido los hechos. En su turno, tras ser preguntado por la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Revuelta, sobre si conocía a cuánto ascendían las penas de cárcel, el actor ha espetado que sí, pero le ha señalado que “podría decirlas para que lo sepa todo el mundo”.
La presidenta, ante este comentario del actor, ha explicado que en la Sala todos tenían conocimiento de las penas y por tanto no procedía su lectura.
Tras esto, Arias ha confirmado que ha satisfecho íntegramente la indemnización que se le exige para la Agencia Tributaria por esos cinco delitos, y ha explicado a preguntas del fiscal que la idea de constituir sociedades participadas por otras mercantiles extranjeras fue de su asesor fiscal Fernando Peña, propietario del bufete Nummaria y principal investigado en esta causa.
“¿Por qué aceptó esa estructura societaria?”, le ha preguntado el fiscal Tomás Herranz, ante lo que ha alegado desconocimiento, y ha señalado que él no se encargaba de esos asuntos y creía que todo “formaba parte de la estructura necesaria”.
Al hilo, ha apuntado que sólo trataba sus asuntos con Fernando Peña y, si bien no ha contestado al resto de defensas, ha acotado su relación con el despacho a esa persona, negando haber tenido trato con ningún otro de los encausados.
En la conformidad, el actor reconoce delitos fiscales en el IRPF de 2010 a 2014 y acepta en total 2 años y 2 meses de prisión más una multa en los dos primeros ejercicios del 50% de la cantidad defraudada, y una del 60% en los últimos tres ejercicios. El escrito reza que Fiscalía no se opone a la suspensión de las penas por período de dos años y destaca que la responsabilidad civil, incluyendo cuota tributaria e intereses de demora tributarios, está íntegramente satisfecha.