- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado una investigación “de oficio” de la Agencia Tributaria al conocerse la filtración de los Papeles del Paraíso
La nueva filtración masiva de casos de personalidades que han apostado por ocultar o multiplicar sus fortunas a través de paraísos fiscales ha vuelto a sacudir las redacciones de medio mundo. Isabel II, Madonna, el cantante Bono, el ex alcalde de Barcelona Xabier Trias o el músico José María Cano son algunos de los nombres que han salido a la luz en los llamados “Paradise papers”.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado una “investigación de oficio” de la Agencia Tributaria sobre los contribuyentes españoles, “como siempre” en estos casos, ha especificado. Pero ¿qué sabemos de las consecuencias que han sufrido los nombres que aparecieron en anteriores filtraciones? ¿alguno de ellos ha sufrido algún tipo de inspección? La Ley Tributaria impide hacer un seguimiento de casos concretos, pero algunos de ellos han salido a la luz a través de las cuentas anuales de las empresas o por declaraciones públicas. También ha habido consecuencias políticas, como la dimisión del ex ministro de Industria José Manuel Soria por su implicación en los Papeles de Panamá. De otros muchos, como la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, nada se ha sabido.
Sin noticias de Hacienda
El pasado 28 de febrero, el Gobierno señalaba que, a raíz de los Papeles de Panamá, la Comisión de Prevención del Blanqueo Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, había investigado a 209 empresas relacionadas con dicha filtración. En concreto, el SEPBLAC había realizado a esa fecha, según el Gobierno, “14 informes de inteligencia financiera para atender requerimientos de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 209 personas jurídicas relacionadas con los ”papeles de Panamá“.
La información figuraba en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita del diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre (inspector de Hacienda en excedencia), que interpretó que de la contestación del Ejecutivo “se deduce que la Agencia Tributaria no ha hecho absolutamente nada más que realizar un requerimiento de información en uno de los escándalos de fraude fiscal más grave conocidos hasta la fecha, pudiendo disponer, o eso parece, de información relevante al respecto”.
Al interrogar por primera vez al Gobierno sobre este asunto, en diciembre pasado, De la Torre aportó algunos datos, “sin ánimo de ser exhaustivos”, dado que “79 países han anunciado investigaciones por fraude fiscal o blanqueo de capitales, y ninguno es España”.
Así, en Reino Unido “se ha hecho público que 22 personas están bajo investigación civil o criminal y que la Agencia Tributaria del país estaba analizando además las relaciones 'offshore' de otras 43 personas”; “Francia ha anunciado que están investigando 560 casos por evasión fiscal. Dinamarca ha comprado la información de los Papeles de Panamá a una fuente anónima y ha hecho público que gracias a ella investiga 320 casos. En Islandia al menos 46 casos están siendo analizados por las fiscalías nacionales. En Canadá la Agencia Tributaria local ha abierto procesos de investigación a 85 ciudadanos y ”Australia ha analizado más de 800 nombres y se ha centrado en 120 ciudadanos relacionados con un offshore provider“.
En España se conocen algunos casos con cuentagotas:
Laboratorios Almirall, 113 millones ocultos en Suiza, Mónaco y Panamá
La Agencia Tributaria inspeccionó los laboratorios Almirall, cuyos máximos accionistas son Jorge y Antonio Gallardo Ballart, poco después de conocerse que ambos hermanos legalizaron un patrimonio opaco de 113 millones de euros gracias a la amnistía fiscal.
Las actuaciones de Hacienda fueron comunicadas a la empresa en julio de 2016, unas semanas después de que la investigación Los Papeles de la Castellana revelase que ambos hermanos estuvieron entre los 9.387 contribuyentes catalanes que se acogieron a la amnistía. Esta medida de gracia benefició a cerca de 30.000 personas y empresas en toda España.
Pipas Facundo, acogidos a la amnistía fiscal
La familia Villagrá Blanco, propietaria de los aperitivos Pipas Facundo, se acogió en 2012 a la amnistía fiscal de Montoro con un patrimonio opaco de 11,2 millones de euros que ocultaban en Suiza, como reveló la investigación de Los Papeles de La Castellana.
Hubo una inspección de Hacienda a la sociedad holding que controla distintas compañías del grupo familiar que encabeza el septuagenario Vicente Villagrá, presidente de la Cámara de Comercio de Palencia desde hace dos décadas. La inspección afecta a Vidaro Inversiones, SL, sociedad dominante de varias empresas de la familia, y comprende los ejercicios 2013 y 2014, posteriores a la amnistía. El resultado del procedimiento inspector fue recurrido, tal y como revelaron sus cuentas individuales del ejercicio 2016 depositadas en el Registro Mercantil.
Inspección a Zandi, el amigo de Cebrián
El empresario español de origen iraní Massoud Zandi apareció en los “Papeles de Panamá” con numerosas compañías 'offshore'. Hacienda inspeccionó su casa por posibles delitos fiscales, según un informe interno de los inspectores del Ministerio de Hacienda publicado por El Confidencial.
Al parecer, Zandi, el empresario iraní clave en la petrolera participada por Juan Luis Cebrián, “simuló ser no residente en España durante un largo periodo, desde finales de 1999 hasta finales de 2011”, años en los que el empresario hizo constar que tenía domicilios en Luxemburgo, Suiza y Dubái. Sin embargo, los inspectores opinaban que tenía la base de su actividad en España.
Nueve vizcaínos sin nombre y otros cuatro navarros
El diputado de la Hacienda Foral de Vizcaya José María Iruarrizaga informó en las Juntas Generales de que había incluido a nueve contribuyentes en su plan de inspección al estar relacionados con los denominados “papeles de Panamá”. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia realizó una “petición formal” a la Agencia Tributaria del Estado para conseguir información sobre estos supuestos contribuyentes vizcaínos.
Por su parte, el consejero de Hacienda y Política Financiera del Ejecutivo navarro, Mikel Aranburu, también informó de que la Hacienda foral había abierto expedientes de inspección a cuatro personas físicas domiciliadas fiscalmente en Navarra y “malos contribuyentes” implicadas en los conocidos como 'papeles de Panamá'. “Hay dos casos de regularización voluntaria, personas que se han visto involucradas en estos papeles y que espontáneamente han acudido a regularizar su situación”, que cifró en torno a unos 500.000 euros.
Tanto en el caso del País Vasco como en el de Navarra, son sus propias haciendas forales las que se encargan de efectuar este tipo de inspecciones.
Dimisiones y consecuencias políticas
La publicación de los papeles de Panamá acabó con la carrera política de José Manuel Soria. El ex ministro de Industria presentó su renuncia a Mariano Rajoy como ministro, diputado y presidente del PP de Canarias ante sus numerosas contradicciones sobre su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.
Soria se agarró a su cargo a pesar de su aparición en el listado que se filtró desde el despacho panameño Mossack Fonseca. Caso distinto al del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que tardó 45 horas en renunciar tras aparecer también su nombre en estos papeles. También se vio obligado a dimitir el primer ministro de Pakistán, Nawar Sharif.
El miedo mejora la recaudación
Desde que se mencionó su existencia se produjo una mejora de la recaudación gracias al mero temor de aparecer en la llamada “Lista Falciani”. Los ricos españoles regularizaron, motu proprio, su situación con el fisco, con el consiguiente ahorro en litigios e inspecciones para los funcionarios de Hacienda. En 2010 el “efecto Falciani” causó un primer impacto recaudatorio que apenas conllevó esfuerzo por parte del Estado, cuando llegó la primera parte de la lista con los datos de 659 defraudadores desde Francia. La Agencia Tributaria marcó el teléfono de los grandes despachos de abogados y les advirtió: su cliente está en la lista, le invitamos a regularizar su situación.
La respuesta fue en la mayor parte de los casos instantánea, con regularizaciones tan cuantiosas como la de la familia Botín, que aportó algo más de 200 millones de euros por su fortuna en Suiza. Los 300 millones que logró recaudar el Estado en un primer momento se hicieron sin apenas gasto ni papeleo por parte de la Administración Pública. Los ricos prefirieron rendirse a la evidencia y aflojar lo desviado.