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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes las llamadas tasas Google y Tobin, es decir, los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, han confirmado a eldiario.es fuentes gubernamentales.
Se trata de dos proyectos de Ley que deben ser aprobados al margen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2020 ya que llevan textos propios por lo que también tendrán su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.
De hecho, el 18 de enero de 2019 los impuestos digital y financiero ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno socialista pero no llegaron a iniciar su tramitación en el Congreso ante el adelanto electoral en abril, informaba Efe.
El Ejecutivo persigue con las dos nuevas figuras tributarias afrontar el reto de la globalización, las nuevas formas de negocio y tener un sistema de impuestos más moderno y redistributivo y confía en recaudar unos 2.000 millones de euros.
“En el caso francés”, ha explicado la vicepresidenta Nadia Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas sobre la tasa Google, “se han suspendido los pagos a cuenta para que el pago se haga a finales de año. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo para ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, según informa Andrés Gil.
Es decir, el Gobierno prevé aplazar el pago del impuesto digital a diciembre mientras ve cómo evoluciona la negociación internacional.
Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o tasa Google, gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Calviño ha defendido que “no se llama” tasa Google, porque “son impuestos digitales que gravan servicios digitales, no a una empresa. El objetivo es establecer un impuesto para asegurarnos que los servicios de transmisión de los datos, que el valor añadido de los servicios se grava donde se hace”.
Es un trabajo que se desarrolla en el ámbito intrnacional y veremos hasta qué punto se está progresando en la OCDE y en el ámbito global. Estamos trabajando constructivamente sin renunciar al ámbito nacional en un sistema justo: que los impuestios analógicos se generen en el digital.
El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España y la recaudación estimada era de 1.200 millones de euros.
Con el impuesto a las transacciones financieras o “tasa Tobin” se pretendía gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones de euros anuales.
Por el momento seguirá pendiente la Ley de prevención y lucha contra el fraude, que en su anterior configuración incluía desde un endurecimiento de la lista de morosos a la limitación de pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros, el Ejecutivo pretendía ingresar más de 800 millones de euros.