Los foros económicos internacionales siguen avanzando hacia una fiscalidad más progresiva. Un sistema en el que los que más tienen sean los que más impuestos paguen, porque “es una de las herramientas clave para reducir las desigualdades [...], reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y promover un crecimiento sostenible, equilibrado e inclusivo”, según recoge el último comunicado de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20, publicado el jueves pasado.
Todos los países de este foro que reúne a las principales economías del mundo firmaron este texto, incluso el representante del gobierno de Argentina, que preside el ultraliberal Javier Milei y que se había especulado con que podría bloquearlo. Una amenaza permanente (también por parte de EEUU y de otros países) porque el comunicado incluye dos objetivos progresistas e históricos, que buscan una mayor justicia social. Por un lado, la intención de seguir “trabajando juntos [...] en la fiscalidad efectiva, incluida la de las personas con un patrimonio neto muy elevado”. Es decir, en el diseño de un impuesto global y coordinado a los superricos, según avanzó ya el histórico acuerdo alcanzado en julio en el mismo contexto del G20, gracias al liderazgo de la presidencia de Brasil.
Por otra parte, el comunicado incide en continuar “animando al marco” contra el BEPS [la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios de las empresas, según las siglas en inglés]. En otras palabras, en implantar un impuesto mínimo a las ganancias de las multinacionales, para evitar que aprovechen las “lagunas” de las guaridas fiscales y del propio impuesto de Sociedades.
Este comunicado coincidió con el informe de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la región europea que apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y a las empresas, según se explica en esta información. En la misma línea, la cumbre de los BRICS (el foro que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) lanzó un comunicado en el que se suma la iniciativa de “cooperación internacional” para una fiscalidad más “progresiva y efectiva”, y también, concretamente, sobre los superricos.
Todos estos pasos deberán concretarse en la cumbre del G20 que se celebra entre el 18 y 19 de noviembre, de nuevo en Brasil, y a la que España acudirá en su condición de invitado permanente.
Mientras, en nuestro país, el Gobierno de coalición está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. Unas conversaciones con los distintos grupos del Congreso de los Diputados respecto a las que, inicialmente, se descontaba que incluirían el desarrollo definitivo del tipo mínimo del 15% a los beneficios de las grandes empresas y la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas. Estos últimos, desplegados en 2022 ante los beneficios extraordinarios que estaban consiguiendo estos sectores por los incrementos de las subidas de los tipos de interés y por la crisis de inflación.
En estos momentos, estos impuestos están en el aire, según reconoció el jueves pasado la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y según confirmó este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La razón es que dos de sus principales socios en el Congreso han amenazado con volver romper el bloque de la investidura, el PNV y Junts. Ambas formaciones se han alineado con los intereses de Repsol o Cepsa. Estas empresas tienen un importante peso en el tejido industrial y el empleo de Euskadi y Catalunya, las bases de los electorados de los partidos nacionalistas, respectivamente, y en otras regiones.
En Tarragona, la primera multinacional tiene pendiente de confirmar una inversión de 1.100 millones de euros un proyecto pionero para convertir residuos urbanos en combustible que ha sugerido que puede acabar llevándose a Portugal. El viernes, se unía a esta 'campaña' Cepsa. La segunda petrolera en España, controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha paralizado 3.000 millones de inversión en el conocido como valle andaluz del hidrógeno hasta que el Gobierno aclare si va a mantener o no, y cómo, el gravamen a las energéticas.
Sin embargo, pese a este contexto 'hostil' y a la debilidad parlamentaria, la “reforma fiscal estructural” que recomienda el FMI o las medidas que se discuten en el G20 son un camino que el Gobierno de España ha comprometido con la Comisión Europea. De hecho, es la principal vía para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE —que exigen rebajar los desequilibrios presupuestarios, el déficit, y la deuda pública—. Además, una mayoría de expertos considera imprescindible esta reforma fiscal, sobre todo ante la intención de modificar también el sistema de financiación autonómica.
Los impuestos a la banca y a las energéticas “forman parte del acuerdo del Gobierno [entre PSOE y Sumar], pero somos conscientes de que para que se pongan en marcha tienen que pasar por el Congreso, con lo cual se necesita una mayoría parlamentaria y estamos en ese punto de construir ese acuerdo en torno a estas dos figuras”, incidió este martes Carlos Cuerpo.
“La implantación de estos dos gravámenes ha sido equilibrada. En dos sentidos. Ha permitido compatibilizar una aportación justa de estos dos sectores en un momento de crecimiento de los precios —por lo tanto, ha permitido financiar el escudo social que hemos puesto encima de la mesa para las familias— con los mejores resultados de su historia”. Por último, “ha coincidido con una llegada récord de inversión, en sectores como precisamente las renovables”, comentó el ministro de Economía.
“Este elemento de equilibrio tiene que ser el punto de partida sobre la discusión de la permanencia de estos impuestos. Además, hay que valorar elementos de política económica adicionales, que no tienen que ver solamente como una respuesta de emergencia”, como la que se dio en 2022. “En el ámbito energético, por ejemplo, la importancia de mantener un esfuerzo inversor elevado. Y en el ámbito financiero, la importancia de tener en cuenta la evolución del ciclo de los tipos de interés y de la evolución de las cuentas de los bancos”, concluyó Cuerpo.
Un rato antes, tras anunciar (de nuevo) beneficios récord, el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, advirtió de que, “por supuesto que no vemos como bueno que lo dejen permanente [el gravamen a las entidades financieras]”. Según enumeró: “Perjudica el crecimiento, discrimina, nos deja en desventaja frente a otros países. Es un impuesto a los ingresos, está mal estructurado. Si van sobre esas mismas bases es completamente erróneo. En un ciclo malo nos va a golpear porque puede generar 50.000 millones menos de crédito. No vemos ningún otro país que lo plantee más allá de 2024”.
La semana pasada, en un artículo de La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el impuesto especial a la banca y a las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.
En contra de estos mensajes, el pensamiento económico de primer nivel internacional sigue la tendencia de los debates hacia una fiscalidad más progresiva del G20 o del FMI. El turco Daron Acemoglu, en su primer artículo publicado en España después de recibir el premio Nobel de Economía a mediados de octubre, tituló 'Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad'. En su análisis, este experto recurrió a un ejemplo deportivo, al comparar a la estrella de baloncesto en activo Lebron James con el mito Wilt Chamberlain. “Mientras que Chamberlain tenía un patrimonio neto estimado de 10 millones de dólares en el momento de su muerte en 1999, el patrimonio neto de James se calcula en 1.200 millones de dólares”, recuerda.
“A Chamberlain le tocó vivir en una época en que las estrellas deportivas no ganaban lo que ganan hoy. Esto tiene que ver en parte con la tecnología —hoy todos pueden ver a James gracias a la televisión y a los medios digitales—, en parte con las normas —pagarles cientos de millones de dólares a las superestrellas culturales se ha vuelto más aceptable— y en parte con los impuestos —si Estados Unidos todavía tuviera una tasa de impuesto a las ganancias marginal por encima del 90% James tendría menos dinero, y el país tendría menos desigualdad de riqueza—”, explica Acemoglu.
En la misma línea, el Financial Times avisó en un reportaje de este fin de semana que “un pequeño número de multimillonarios podría influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya que muchos de los más ricos del mundo gastan cientos de millones de dólares para ayudar a que su candidato preferido gane”. El prestigioso periódico especializado en información económica expone que “los multimillonarios han aportado un 18% del gasto total en campaña de los candidatos Kamala Harris y Donald Trump”.
“Los milmillonarios estadounidenses son el 0,0005% de la población, reúne el 5% de la riqueza total y han financiado un tercio de la campaña del republicano Trump. El triunfo de la plutocracia, en tiempo real”, lamenta el economista Gabriel Zucman, quien firma la propuesta de un impuesto del 2% a la riqueza de los milmillonarios en todo el mundo que se ha debatido en el foro del G20, y que consiguió un “apoyo” histórico de todos los países en verano.
En los últimos días, como colofón, la Asamblea de Francia inició el desarrollo “de un impuesto a los multimillonarios. Una medida de sentido común, cuyo efecto sería realmente modesto: garantizar que los más ricos no paguen menos impuestos que las clases medias, como ocurre hoy”, finaliza Zucman.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.