Indra ningunea a Hacienda y no firma un código de buenas prácticas tributarias
A contracorriente del Ibex y del resto de las empresas del selectivo con participación pública, la tecnológica Indra sigue sin firmar un “código de buenas prácticas tributarias” impulsado hace ocho años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y lucha contra el fraude fiscal de las grandes empresas.
Indra, cuyo mayor accionista (18,75%) es el Estado, no ha suscrito este código pese a que en julio de 2017 fuentes oficiales de la compañía aseguraron que lo haría a lo largo del pasado ejercicio. Fuentes del grupo aseguran, sin ponerle fecha, que “no ha variado la intención de implementarlo” aunque “tampoco es un tema de absoluta urgencia”.
“Entendemos que lo que hace ese código es refrendar el cumplimiento estricto de las prácticas tributarias”, dicen fuentes de la empresa, que recalcan el compromiso de la compañía en esta materia.
Indra, cuyo código ético (actualizado por última vez a finales de 2017) incluye su compromiso con las “buenas prácticas tributarias”, aboga por la “fiscalidad responsable” y por “una política tributaria prudente” que incluye “una estrategia fiscal reflejada en una serie de compromisos” como “no constituir ni adquirir sociedades en paraísos fiscales, con la sola excepción de los supuestos en que viniera obligada a ello, por tratarse de una operación vinculada a las actividades de negocio”; y renunciar “a la utilización de estructuras de carácter opaco o artificioso ajenas a las actividades propias de la compañía con la única finalidad de reducir su carga tributaria”.
En su último informe de Responsabilidad Corporativa, Indra dice que tiene “presencia significativa o ha realizado proyectos” en Bahrein, Omán y Panamá, “considerados paraísos fiscales, según los últimos listados publicados por la OCDE, la Unión Europea y la Agencia Tributaria Española”.
Además, en 2017 “desarrolló actividades puntuales en países o territorios como Andorra, Barbados, Belice, Chipre, Curaçao, Gibraltar, Hong Kong, Malta, Mauricio, Mónaco, Samoa Occidental, Túnez y Vanuatu que también son considerados como jurisdicciones de baja tributación según las instituciones citadas anteriormente”, aunque allí sus ingresos suponen una parte “prácticamente insignificante” de su facturación.
En manos de SEPI
La participación del Estado en Indra está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding público que depende del Ministerio de Hacienda y que preside Pilar Platero, persona de confianza de Cristóbal Montoro y exsocia del despacho que fundó el ministro de Hacienda, Equipo Económico. SEPI tiene dos representantes en el consejo de administración de la empresa de tecnología y defensa. Uno de ellos es Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo con José María Aznar.
La decisión de adherirse al código de buenas prácticas tributarias depende del máximo órgano de gestión de la compañía, habitual en los sumarios de casos de corrupción vinculados al PP, como Púnica y Lezo. Recientemente, según El Confidencial, Indra ha sido incapaz de justificar pagos de un millón de euros a empresas investigadas por desviar dinero público a las campañas electorales del Partido Popular de Madrid y tiene bajo la lupa de la propia Agencia Tributaria determinados pagos a una empresa implicada en Gürtel por organizar actos del Gobierno de Esperanza Aguirre con contratos amañados.
Las empresas del Ibex que no han firmado el código de buenas prácticas tributarias son ocho: Indra, IAG, Cellnex, Meliá Hotels (cuyos máximos accionistas, los Escarrer, se acogieron a la amnistía fiscal y mantienen sociedades en Gibraltar, Curaçao y Panamá); la socimi Merlin Properties (cuyo primer ejecutivo, Ismael Clemente, está imputado por blanqueo de capitales), los supermercados DIA, la farmacéutica Grifols y el fabricante de envolturas para embutidos Viscofán.
Fuera del Ibex, tampoco ha firmado el acuerdo el grupo alimentario Ebro Foods, del que SEPI tiene un 10,36% y que tiene como accionista destacado y consejero al empresario Demetrio Carceller, uno de los mayores defraudadores fiscales de España y en el consejo del grupo tras alcanzar en 2016 un acuerdo con la Fiscalía para ser condenado por cuatro delito fiscales, pero no por blanqueo.
A 21 de abril (fecha de la última adhesión), habían suscrito este acuerdo 137 sociedades españolas, frente a las 126 de un año antes. En 2017 se sumaron dos empresas del Ibex también participadas por el Estado, Aena y Enagás, además de Siemens Gamesa y Banco Sabadell, lo que eleva a 25 el número de compañías del selectivo que lo tienen suscrito. El selectivo actualmente tiene 34 miembros, tras la salida de Abertis. Esta última (principal accionista de Cellnex) lo tenía firmado, al igual que Iberia, que pertenece a IAG.
El código, un mecanismo “necesario”, según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), no es ningún antídoto en la prevención del fraude, pero sí compromete a sus firmantes a ser más transparentes a la hora de informar sobre sus prácticas tributarias. En su relación con ellos la administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias, mientras las empresas deben cumplir un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.
