Alertas sobre seguridad alimentaria que no lo son o avisos sobre un alimento que se amplifican y causan un daño económico innecesario. También, críticas a un producto sin pruebas que las respalden, como la lanzada hace unos meses por la exministra francesa, Ségolène Royal, que calificó los tomates ecológicos españoles como “incomibles” y “falsos bio”. De hecho, la política socialista llegó a abrir una crisis diplomática, en la que tuvo que entrar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y que amplificó las protestas del campo durante el pasado invierno.
Meses después de esas protestas del sector primario, en las que se mezclaron críticas más y menos fundadas, la cadena alimentaria da señales de hartazgo ante unos mensajes que considera que están generando “un daño reputacional al sector” y una “falta de confianza”. “Así no podemos seguir”, aseguran fuentes de la distribución alimentaria que prefieren el anonimato.
Se refieren a diferentes casos, aunque sin dar nombres concretos, pero donde se cuestiona el papel de los operadores. En algunos, hay base, porque sí se han encontrado potenciales riesgos, pero no han llegado a materializarse porque el sistema de alertas alimentarias ha funcionado y evitado que los alimentos lleguen a los consumidores.
El caso de las fresas contaminadas
Las citadas fuentes citan, por ejemplo, lo ocurrido en marzo con la presencia en la Unión Europea de fresas procedentes de Marruecos contaminadas con hepatitis A. Entonces, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE (Rasff en sus siglas en inglés) notificó la entrada en el mercado comunitario de esa fruta contaminada en un nivel por encima del máximo permitido. Esas fresas nunca llegaron a estar dentro de la cadena agroalimentaria española –además, iban destinadas a otros mercados– pero las ventas de fresas en las tiendas de alimentación cayeron entre un 10% y un 15%, cifran las citadas fuentes.
También apuntan a los mensajes sobre el bienestar animal, que afirman no siempre influyen en la seguridad alimentaria y que pueden llegar a confundir a los consumidores.
El sector recuerda que la vía que canaliza este tipo de alertas es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que las publica en su página web. En ocasiones, asumen, con semanas de retraso desde que algunos de esos casos se amplifican en redes sociales o en medios de comunicación.
Esta situación, señalan, “va a peor” y creen que puede derivar a que no se tengan en cuenta los avisos cuando “las alertas son de verdad”. Por ello, demandan que las administraciones asuman “el liderazgo en la comunicación de la seguridad alimentaria” en un “sistema que es muy sólido” y que está “entre los mejores del mundo”, pero que tiene fallos y conlleva “daños en la confianza que se traducen en bajadas de ventas”.
También recuerdan que no existe uniformidad dentro de la Unión Europea a la hora de lanzar este tipo de alertas y que en Bruselas se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para analizar el sistema de avisos y avanzar hacia una mejor unificación de los criterios. En parte, porque el Reglamento que estableció los requisitos de legislación alimentaria comunitaria data de 2002 y no se ha modificado desde entonces.
Dentro de la Administración del Estado también ha habido tensiones. Por ejemplo, el tira y afloja entre los ministerios de Sanidad y de Agricultura por el control de alimentos en la frontera, tanto de animales como de productos agrícolas, que ha quedado en manos del departamento encabezado por Luis Planas.
Precisamente, este Ministerio está ahora en plena fase de elaboración de la futura Estrategia Nacional de Alimentación, que llega meses después de las protestas de los agricultores, pero que va más allá porque persigue diseñar directrices transversales en cuanto a producción de alimentos, seguridad alimentaria, sostenibilidad y nutrición.
De momento, esa estrategia está en fase de diseño y el Ministerio se está reuniendo con diferentes actores del sector, entre ellos la distribución y, este viernes, con las organizaciones agrarias. Los primeros aseguran que han trasladado a Agricultura la necesidad de un mayor liderazgo, por parte de los diferentes ministerios, en la materia de seguridad alimentaria, y que se actúe a través de esta futura estrategia nacional.
Abrir o no un debate sobre el sistema de alertas
Las organizaciones agrarias ponen de relieve que las alertas no siempre bien motivadas y los bulos convertidos en categoría de noticia “perjudican a todos los sectores” de la cadena alimentaria, según señalan fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Tienen un interés detrás y se engordan con algún componente de veracidad”. “Son estrategias muy dañinas que tienen que replicarse con transparencia, porque tenemos la cadena con más sistemas de control del mundo”, añaden desde UPA. También ven clave la colaboración por parte de las diferentes administraciones, que tiene que reforzarse.
Al mismo tiempo, abrir este debate puede ser positivo, según la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG). “Habría que abrirlo, dar una vuelta al sistema de difusión, de los avisos y de las alertas”. Unos avisos, que a veces son 'fake news', y golpean al sector primario porque derivan en una caída de los precios en origen.
Cabe recordar que parte del sector productor firmó en marzo un acuerdo de 43 medidas con Agricultura donde se recoge un “refuerzo de los controles en frontera a las importaciones de terceros países”, a los que en muchas ocasiones se achaca que no cumplen los mismos niveles de seguridad que los producidos en la UE y se llegó a poner en duda sus garantías de seguridad alimentaria. En ese acuerdo el Gobierno se comprometió a reforzar “la coordinación de los servicios de inspección en frontera, con el objeto de mejorar la eficacia y la seguridad de los controles, así como la protección en frontera frente a importaciones que no cumplan la normativa comunitaria”.