Los precios disparados de la energía han elevado las facturas de la luz, la calefacción y la gasolina de todos los hogares. Pero la inflación duele mucho más en unas casas (y barrios) que en otros. “Nos ha roto el invierno”, lamenta Estefanía, una joven trabajadora con dos hijos y cuya pareja está en paro. “Llegó la factura de la calefacción de 600 euros. Tuvimos que llamar para financiarla en tres meses: 200, 200 y 200. No llegábamos. Es que si no…”, se detiene la joven. “Es que si no, no comes”. Lo peor es que los “sustos” ya no llegan solo a cuenta de los recibos energéticos. “El otro día fui al súper y me quedé flipando”, advierte la trabajadora.
Este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, la inflación disparada y la contención de los salarios centran las principales preocupaciones de la clase trabajadora. También las reivindicaciones de los sindicatos este 2022. Pasada la crisis por la pandemia y en plena recuperación del empleo, la guerra en Ucrania abrió un nuevo escenario de incertidumbre económica que, de momento, ya es implacable con el bolsillo de los que menos tienen y se ha traducido ya en un frenazo de la actividad en el primer trimestre, con un crecimiento de apenas el 0,3% por el frenazo del consumo.
Los precios, que han llegado a rozar un incremento del 10% interanual en marzo, se situaron en el 8,4% en abril y las remuneraciones de los trabajadores están quedándose muy atrás, lo que se traduce en empobrecimiento. Un empobrecimiento que algunos no pueden permitirse. “Cuando no tienes de sobra, estas cosas se notan mucho más”, apunta Estefanía, que afirma que en su casa ya tenían problemas previos para cuadrar las cuentas. Ahora la situación se ha vuelto mucho más complicada.
A falta de datos sobre la evolución de los salarios del conjunto de trabajadores en el presente, aún sin publicar, la estadística de convenios colectivos sitúa el alza de sueldos pactada en el 2,4%. Una subida media allí donde se alcanza un convenio, porque el problema actual radica en las grandes diferencias entre empresarios y sindicatos para acordar incrementos salariales. A nivel estatal, las organizaciones mayoritarias –CCOO y UGT del lado de los trabajadores y CEOE y Cepyme del de las patronales– están encalladas en la negociación de un acuerdo que sirva de referencia para las revisiones salariales en todo el país.
Mientras, millones de personas de escasos ingresos se enfrentan a unos precios desorbitados que están tensionando –y a veces “rompiendo”, como califica Estefanía– sus economías familiares. España es el segundo país de la UE, tras Rumanía, con mayor pobreza laboral, según los datos de Eurostat. El 13% de los trabajadores en España, algo más de dos millones y medio de personas, se encuentran en riesgo de pobreza pese a tener trabajo.
“Con facturas del gas de 600 euros, a mí en concreto de 598 euros por dos meses, y si entran 1.500 euros al mes para vivir dos personas… Es algo insoportable, bastante penoso. Pero tienes que poner la calefacción, necesitas un mínimo de calor en invierno”, sostiene Isabel Viña, trabajadora de ayuda a domicilio de la diputación de Valladolid. Presta cuidados a personas dependientes, una de las profesiones considerada esencial durante la pandemia. “Cobramos el salario mínimo”, recuerda esta trabajadora subcontratada por el sector público, “y menos mal que ha subido”. El Gobierno incrementó el SMI un 3,6%, hasta los 1.000 euros al mes, tras un acuerdo solo con los sindicatos del que se desmarcó la patronal.
Te das cuenta de que por suerte no estás en el paro y que estás ocho y diez horas diarias trabajando, además cogiendo trabajitos aparte... Y aun así no llegas. Afecta, te da rabia
El marido de Isabel Viña también tiene trabajo: “Es agricultor”. Pero que ambos trabajen no les impide andar haciendo equilibrios para cuadrar los ingresos y llegar al día 30. “Te das cuenta de que –por suerte– no estás en el paro y que no es que estés silbando, sino que estás ocho y diez horas diarias trabajando, las reglamentarias y además cogiendo trabajitos aparte. Y aun así no llegas”, denuncia la trabajadora, delegada comarcal de UGT de Medina del Campo.
“Psicológicamente, afecta. Te da rabia porque estás trabajando y tienes derecho a vivir como los demás, pero no te dejan”, apunta Viña. Si una persona trabajadora no puede ganarse la vida con el empleo, no le quedan muchas alternativas, “más no podemos hacer”. Los salarios bajos, que rondan el SMI, alcanzan a muchas profesiones, incluso con alta cualificación, como recordaba Raúl de la Torre, representante del sector TIC de CCOO. En el convenio de consultoras, ahora negociándose para suscribir uno nuevo y en el que la patronal quiere ampliar las jornadas hasta las 12 horas diarias, “once categorías profesionales están ahora por debajo del salario mínimo”.
Isabel Viña subraya que es importante aumentar los salarios y, sobre todo de los empleados más precarios, para evitar la desafección ciudadana. “Vemos que se desequilibra todo y lo pagamos los de siempre. Somos los pagadores de todo. Somos los que tenemos la mano de obra para sacar hacia delante un país, pero también los que pagamos”, considera.
Antonio, con un empleo estable pero con su pareja en paro, ilustra lo “fundamental” que resulta el alza salarial para los hogares que están en la cuerda floja. “Mi sueldo no ha aumentado como la inflación, pero si no me hubieran subido nada, o me lo hubieran subido menos, tendría problemas para cuadrar las cuentas”, explica. En su caso, el aumento se sitúa alrededor del 3%. Antes del actual contexto inflacionista, casi todos sus ingresos acababan traducidos en gastos a final de mes. “Pero ahora es muy difícil, a veces tenemos que tirar de ahorros”, sostiene.
Una de las causas por las que los trabajadores pierden automáticamente poder adquisitivo ante la escalada de la inflación es que apenas un 16% de los convenios contempla actualizaciones de los salarios ligadas a las subidas de precios. Son las llamadas “cláusulas de revisión salarial” o de “salvaguarda” del poder adquisitivo que CCOO y UGT reclaman como principal exigencia para el acuerdo de salarios a nivel estatal, pero que las patronales rechazan en redondo.
A veces, los empresarios incluso intentan romper estas cláusulas ante la inflación desorbitada. Joaquín González, secretario de Acción Sindical de CNT Madrid, que semanalmente atiende asesorías laborales, recuerda el caso de un grupo de trabajadores muy preocupado porque en su empresa, donde el convenio sí recoge revisiones del sueldo según el Índice de Precios de Consumo (IPC), “se pretende precisamente renegociar las condiciones para evitar que ocurra”.
González cree que les llegarán muchos problemas relacionados con esta cuestión y enfatiza la importancia de vigilar que se cumplan los convenios, como medida de protección a los trabajadores más precarios. En un contexto como el actual de inflación en máximos de tres décadas, son los que más sufren que “las empresas incumplan sistemáticamente los convenios colectivos o que se acojan a aquellos con peores condiciones aunque no les correspondan por su actividad”, lamenta.
“Los impactos [del pico de inflación] son dramáticos para las familias con menor renta”, inciden los economistas Jacint Enrich, Ruoyi Li, Alejandro Mizrahi, y Mar Reguant, en un artículo reciente del blog económico Nada es gratis. De media, estos expertos calculan que solamente el presupuesto energético llegaría al 35% de la renta total disponible de los hogares más pobres. Y esto sin tener en cuenta los efectos inflacionarios de un aumento del precio de la energía sobre los precios de los otros bienes.
Un estudio apunta que solo el presupuesto energético se lleva más de un tercio de la renta disponible de los hogares más pobres
La razón la vienen reiterando las instituciones y centros de análisis, y la resume así el Banco Central Europeo (BCE): “La alta inflación actual perjudica especialmente a los hogares con rentas más bajas porque los artículos con tasas de inflación muy altas, como la energía y los alimentos, constituyen una parte comparativamente grande de la cesta de consumo”.
Peor aún, este efecto medio esconde situaciones que serán insostenibles, y es que “cerca de un 20% de los hogares más vulnerables verán como más de la mitad de sus ingresos irán destinados a pagar la factura energética”, continúa el grupo de economistas.
El IPC se relajó en abril 1,4 puntos desde el 9,8% de marzo por el impacto del Plan de choque del Gobierno, con medidas como el descuento a los combustibles, la ampliación del Ingreso mínimo vital (IMV) o la rebaja del IVA de la electricidad, y a causa de la caída en los mercados internacionales de las cotizaciones de petróleo y gas. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como son la energía y alimentos no elaborados (frutas, verduras…), se elevó al 4,4% interanual.
Esto implica que la inflación de la energía (en marzo la electricidad escaló cerca de un 100%) se ha filtrado al conjunto de bienes y servicios respecto al que el INE calcula el IPC. Del dato de abril aún se desconocen los detalles. En marzo un 47% de esta misma cesta de la compra ya registró subidas superiores al 4%.
En su análisis, los expertos que firman el artículo de Nada es gratis afirman que, “en una primera predicción, concluimos que la respuesta conjunta de familias y empresas desde que empezó el año ha significado una reducción del consumo eléctrico de alrededor del 5%”.
Coincidiendo con esta última conclusión, en la publicación el viernes de la evolución del PIB en el primer trimestre, destacó la contracción del 3,7% del gasto de las familias por primera vez desde el primer trimestre de 2021.
Estefanía e Isabel, pero también Antonio, explican que han modificado ya sus rutinas de consumo. Han reducido la compra de pescado y carne, los productos más caros en su alimentación, por ejemplo. “Voy detrás de los niños todo el día apagando la luz y después de los dos facturones que llegaron en invierno, en marzo dije que no podíamos poner la calefacción. Hizo días de frío, pero no la encendimos y le ponía al pequeño el pijama, el 'body' y el polar en casa porque es que si no, no llegábamos a la primavera”, relata Estefanía. Su bebé va a cumplir un año dentro de poco.
El movimiento sindical saldrá a las calles este 1 de mayo, el primero sin restricciones por la pandemia, centrado en la exigencia de subidas salariales para que el bolsillo de los trabajadores no cargue con el principal “ajuste” de los daños provocados por la alta inflación. Además, los sindicatos tienen peticiones para el Gobierno y las Administraciones Públicas: más ayudas para los más vulnerables, que son muchos millones de personas más que aquellas a las que cubre el aumento del IMV. “En mi caso, el tope a la subida del alquiler [recogido en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania] me salvó por completo, porque mi casero quería aumentarnos el 10% y no pudo por el decreto del Gobierno. Pero otras familias necesitan algo más porque hay situaciones mucho más dramáticas”, recuerda Antonio.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.