La precariedad laboral y las críticas a las políticas de empleo del Gobierno de Rajoy, en especial a la reforma laboral de 2012, fueron una denuncia continua de los sindicatos durante el mandato del PP, pero también del PSOE en la oposición. También defendió la derogación la reforma unilateral de las pensiones que aprobó el Ejecutivo del PP en 2013. Ahora, a días de formar un nuevo Gobierno socialista, las organizaciones de trabajadores, los pensionistas y otros colectivos sacan su lista de tareas pendientes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá afrontar las expectativas creadas con un gobierno en minoría y las reticencias de ciertos sectores, como los empresario, a modificar el legado del PP.
Cambios en la reforma laboral
Los datos del paro de este mayo reflejaban una fuerte creación de empleo, pero también algunos signos de la precariedad laboral denunciada por los socialistas, como la elevada temporalidad. Toni Ferrer, secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE reaccionaba este lunes achacando a la reforma laboral de 2012 gran parte de esta precariedad y pobreza laboral en el país, lo que “hace 'imperativa' una reforma de las leyes laborales sobre la base del diálogo social”, ha sostenido.
Derogar la reforma laboral es una de las exigencias más repetidas de los sindicatos CCOO y UGT para mejorar el mercado de trabajo. En opinión de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, “sin modificar aspectos substanciales de la reforma laboral será muy difícil consolidar incrementos salariales en el medio y largo plazo”. En opinión del profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Borja Suárez, “si atendemos a los votos con los que cuenta el Gobierno, es evidente que está complicada” la derogación completa de la norma, pero cree que “hay que pensar que esa debilidad puede compensarse con el diálogo social”.
En la negociación con los agentes sociales, el Gobierno encontrará a una patronal desfavorable a revertir la reforma del PP. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha defendido este lunes que derogar la reforma laboral es “prácticamente imposible” debido a su gran complejidad. Sin embargo, desde los sindicatos confían en que haya artículos en los que sí se pueda llegar a acuerdos para su modificación. Uno de ellos debería ser el que reforzó los convenios de empresa sobre los sectoriales, en opinión de Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo: “Es prioritario devolver la negociación colectiva a su origen, volver a la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales”.
Pensiones ligadas al IPC
El debate de las pensiones alcanzó la primera línea de la agenda política con las masivas manifestaciones de jubilados en la calle. El PSOE ha atacado con dureza que el PP se saltara en 2013 el consenso para reformar el sistema público de pensiones y ha defendido la derogación de los cambios de la era Rajoy. Hasta el momento, la apuesta del PSOE ha sido volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC (como exigen los sindicatos y colectivos de pensionistas), sacar ciertos gastos de la caja de la Seguridad Social gastos para que no se paguen con cotizaciones y buscar ingresos alternativos, con impuestos a la banca y a las transacciones financieras.
Los pensionistas ya han advertido a Pedro Sánchez de que las demandas que les mantienen en la calle perduran. ¿Qué opciones tiene para avanzar hacia este escenario? La mayoría del Congreso ha mostrado en varias votaciones sus oposición a la regulación del Gobierno de Rajoy tal y como está. Pedro Sánchez ya apostó durante sus discursos en la moción de censura por volver a las negociaciones en el diálogo social y al consenso del Pacto de Toledo.
Pero antes se enfrenta a un obstáculo: las enmiendas a los Presupuestos en el Senado que ha anunciado el PP y que podrían afectar a las partidas pactadas sobre pensiones. “Si los Presupuestos salen adelante, este año estaría garantizada la subida del 1,6% y habría más margen para negociar en el diálogo social y el Pacto de Toledo”, opina Mari Carmen Barrera, secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social de UGT. Si no, las decisiones que deberá tomar Sánchez en este tema se tendrán que acelerarse para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Desprotección de desempleados
Desde UGT señalan que una de las tareas que requerirán una solución más urgente es el acuerdo sobre una nueva prestación para desempleados de larga duración que se han quedado en un limbo después de que caducaran las ayudas del PAE y el Preparada, el pasado 30 de abril. “El 30 de abril ha pasado y se no ha dado solución a una cosa a la que obliga el Tribunal Constitucional. Se está creando ya un prejuicio, hay gente que se está quedado fuera”, argumenta Mari Carmen Barrera, que pide una reforma amplia de la protección por desempleo. En la actualidad, 4 de cada 10 desempleados no tienen acceso a ninguna ayuda ni prestación.
La semana pasada, el PSOE apoyó la proposición de ley de Unidos Podemos para ampliar la protección social a los parados y es una de sus propuestas laborales en los presupuestos alternativos para este 2018. Entre las propuestas concretas, los socialistas apuestan por recuperar el subsidio para los mayores de 52 años y para parados de larga duración.
Además, el PSOE ha defendido la necesidad de poner en marcha un “plan de choque contra la pobreza a través de un Ingreso Mínimo Vital” para población vulnerable. En el Congreso se encuentra paralizada la iniciativa sobre la Renta Mínima de 426 euros para familias sin ingresos, impulsada por los sindicatos, ya que todavía no ha empezado el debate de enmiendas.
Igualdad de género
En opinión de Borja Suárez, también miembro de Economistas Frente a la Crisis, la iniciativa del PSOE para combatir la brecha salarial tiene bastantes opciones de ver la luz. En un momento de movilizaciones de colectivos feministas, que han protagonizado las manifestaciones más masivas de los últimos tiempos, el profesor confía en que el nuevo Ejecutivo consiga los apoyos parlamentarios necesarios.
Desde CCOO destacaron y saludaron “los compromisos del nuevo presidente de avanzar una Ley de Igualdad Salarial para combatir la brecha de género” tras la victoria de la moción de censura de Sánchez. Además de las diferencias salariales, el PSOE ha propuesto desde la oposición una ley de igualdad laboral, en la que abogan por permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles en el primer año de vida del hijo.
Políticas activas de empleo
Al igual que proteger socialmente a los desempleados, los sindicatos urgen a modificar las políticas activas de empleo. Con el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha premiado la contratación mediante bonificaciones y reducciones en las cotizaciones que pagan las empresas, unas medidas recientemente criticadas por la OCDE. Aunque estas ayudas están reflejadas en los Presupuestos con los que pretende gobernar Pedro Sánchez, desde los sindicatos piden un viraje de las políticas activas hacia la una mayor orientación en la búsqueda de empleo y formación de las personas en paro.
Mari Carmen Barrera explica que en este punto el equipo de Pedro Sánchez contará con margen de maniobra con aplicar la totalidad del Presupuesto para 2018. “No es tolerable que le quede al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) todos los años superávit, que no lo lleguen a gastar todo”, denuncia la representante de UGT. Durante el mandato de Rajoy, el Gobierno dejó sin ejecutar más de 2.500 millones de euros en políticas de fomento del empleo.
Empleo autónomo
Los colectivos de trabajadores autónomos también destacan que el Gobierno deberá atender a la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En la actualidad, hay una subcomisión en el Congreso que aborda el tema y desde el sindicato UPTA piden al nuevo Ejecutivo “recuperar el diálogo con las organizaciones representativas del trabajo autónomo”, además de alcanzar a “un sistema de cotización más justo acorde a los ingresos que los autónomos generan”, explica su secretario general, Eduardo Abad.
Además, para la organización sería fundamental avanzar en la lucha contra los abusos de falsos autónomos y la no declaración de trabajadores autónomos económicamente dependientes por parte de algunas empresas. En la actualidad, lamenta que haya compañías que “están desajustando el mercado de trabajo. Debemos tener una acción prioritaria para no caer en la precarización”.