Royal Progress SL (Rypo), una antigua inmobiliaria sin apenas actividad reconvertida en proveedor de material sanitario, se ha adjudicado desde abril al menos 9,5 millones de euros en contratos de emergencia (sin concurso público) para suministrar desde China guantes, mascarillas e hidrogeles a diferentes administraciones públicas. Propiedad de tres veinteañeros, es una de las empresas españolas que más partido han sacado en el nutrido ecosistema de intermediarios que ha propiciado esta pandemia.
“RYPO es una empresa joven y dinámica, dedicada a la importación y distribución al por mayor de productos de protección contra el COVID19 en el ámbito empresarial a un precio competitivo. Contamos con un grupo de profesionales para dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes en todo momento. Todos nuestros productos cuentan con certificados CE/FDA/ISO, apostando por la calidad, la seguridad y la sostenibilidad”, explica en su web esta antigua inmobiliaria.
“Lugar, momento y know-how”, y mucho trabajo son las claves que, según su fundador y administrador único, Gonzalo Díaz, explican el éxito de la empresa. En conversación telefónica, este joven asturiano explica que, antes del coronavirus, llevaba más de siete años trabajando con China para la importación de productos LED para proyectos de ingeniería y eficiencia energética. Ya antes del estado de alarma, vislumbró la oportunidad que se abría. Le llamaban “loco”, pero decidió tirarse “a la piscina”. Y los réditos están a la vista. “Se ha abierto la facilidad de poder importar este producto y ayudar al país cuando no tenían nada”. “Mientras nuestro gobierno solo traía un millón y pocas mascarillas, nosotros hemos traído más de 20”, se ufana. “Hay un trabajo detrás muy importante, tanto logístico como de calidad allí, de gestión…”, añade.
El primer contrato de una Administración pública del que hay constancia en distintos boletines oficiales llegó el 1 de abril, cuando el Gobierno de Andorra adjudicó a Rypo el suministro de mascarillas y gel hidroalcohólico para el Principado por 207.636 euros. El contrato llamó la atención del medio andorrano Altaveu: “Como administrador único aparece el joven (27 años) Gonzalo Díaz Nieto, que se define como un experto en construcción y en ingeniería e innovación energética. Asturiano de origen, en su juventud tuvo algún éxito en el mundo del automovilismo, pilotaba monoplazas en fórmulas junior. Tambien flirteó poco o mucho con el mundo del esquí”, escribió entonces esa publicación local.
Tras ese contrato en Andorra, llegaron más. El 16 de abril vendieron 100.000 mascarillas al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 65.000 euros; el 17 de abril, otras 550.000 (tipo 3PLY) a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por más de 432.000 euros; después, Majadahonda (Madrid), Alovera o Azuqueca de Henares (Guadalajara); y los de mayor importe vinieron ya en junio: el día 4, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha compró a Rypo 52,8 millones de guantes de nitrilo por 6,336 millones; y tres días antes, la Junta de Castilla y León les encargó otros 3 millones de mascarillas por 1,95 millones.
El administrador de Rypo declina revelar la cifra total de contratos públicos obtenidos en los últimos meses por la empresa. A juzgar por la larga lista de clientes que figuran en su web podría superar de largo los diez millones de euros: junto a algunas grandes empresas, ayuntamientos como los de Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Palencia o Mejorada del Campo, la Junta de Andalucía o el Ministerio de Agricultura tienen ahí puestos sus logos, aunque de momento, esos contratos no constan en ningún boletín oficial. No todos confirman que trabajen con la empresa. Alguno de los entes que ahí figuran lo niegan, caso de la Diputación de León.
Todas las cuentas de golpe
La empresa fue constituida a finales de 2015 y domiciliada en el número 43 de la calle Serrano de Madrid (aunque sus oficinas están en Alcobendas). Pero no había depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercatil cuando se adjudicó la mayoría de esos contratos. Un vacío que cubrió la semana pasada, al entregar de golpe sus estados financieros de 2015 a 2018. Estos fueron formulados el 20 de abril. Díaz atribuye el retraso a “un tema del asesor, que no presentó las cuentas aunque estuvieran a cero”. También asegura que en 2019 la empresa sí tuvo actividad como inmobiliaria.
El joven empresario también resta importancia a una alerta sanitaria que emitió el 10 de mayo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre un lote de mascarillas quirúrgicas desechables fabricadas por la china YIwu Moden Jincheny Commdity Co que había distribuido su empresa. La AEMPS ordenó el “cese de la utilización y retirada del mercado” de esa mercancía debido “a que llevan un marcado CE indebido, al ser mascarillas higiénicas destinadas a la población civil”. Según Díaz, el problema surgió cuando Cofares (su cliente) vendió como mascarilla quirúrgica un producto que no lo era. Asegura que el producto se ha “reetiquetado” y se ha vuelto a poner en el mercado.
“Nosotros no hemos vendido nunca ningún producto que no hubiera estado certificado. Todas las importaciones que hacemos las mandamos analizar. Tenemos un know-how de importación, por eso estamos donde estamos. No cualquiera está donde hemos llegado”. “Tenemos carreras universitarias, hemos trabajado en empresas multinacionales... somos gente preparada, no somos cualquier matado por ahí”, concluye.