Inquietud del sector de las renovables por la indefinición de Feijóo en energía

El sector renovable asiste con inquietud a la indefinición en materia de energía del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular, que encabeza las encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, sigue sin tener un referente claro en materia de economía. Y lo mismo ocurre con la energía.

La semana pasada, en una jornada sobre Fondos europeos organizada por elDiario.es, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instó a los partidos a “precisar” sus propuestas en energía y lamentó que en estos años no ha tenido “un interlocutor” en el PP en este ámbito.

“Cuando ha habido un problema, había una dificultad real para poder encontrar alguien con quien debatir”, dijo Ribera, que dejó caer el riesgo de “parón” del sector renovable si el PP llega al poder y recordó que este partido y la ultraderecha de Vox han apostado por recuperar el carbón, el fracking o la nuclear.

Oficialmente, las patronales se cuidan de verbalizar temor alguno sobre la ambigüedad energética de Feijóo, en un momento en el que España se dispone a convertirse este año en el primer gran país europeo que va a superar el 50% de generación eléctrica con renovables, según estimaciones de la consultora Rystad Energy publicadas el pasado jueves.

El mensaje oficial en los lobbies que defienden al sector es de tranquilidad. Hace unos días, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, indicaba a EFE que, en caso de un hipotético cambio de Gobierno tras el 23J, independientemente de que la política de un país pueda ser más o menos “verde”, hay una inercia estructural en Europa que ya hace muy difícil frenar la transición. “Hay decisiones tomadas, objetivos que todos los países apoyan y a los que todos deben contribuir y todo pasa por un desarrollo renovable mucho mayor del que tenemos hoy”.

Por su parte, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, indicaba que “la fotovoltaica es una oportunidad económica para España, le da una gran ventaja competitiva respecto a otros países, sobre todo del norte de Europa. Cualquier político sensato seguirá apoyándola para poder exprimir esa ventaja”.

“La hoja de ruta de energía viene muy marcada por Europa”, coincide al teléfono Jon Macías, presidente de la sección de Autoconsumo de APPA.

Pero directivos del sector recuerdan en privado que hay datos que no apuntan al optimismo si se atiende a los antecedentes históricos. Tanto a la anterior etapa del PP en el Gobierno central y las medidas que tomó contra las renovables o el autoconsumo como a lo que hizo Feijóo en Galicia. Nada más llegar a la presidencia de la Xunta, anuló el concurso eólico del anterior Gobierno de izquierdas. La decisión fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y paralizó el sector en esa comunidad autónoma casi diez años.

En la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa, se decretó una moratoria a las renovables para frenar el déficit de tarifa que paralizó por completo al sector. Y, sobre todo, se aprobó un duro a la retribución de las energías limpias que hundió la credibilidad de España frente a los inversores y propició reclamaciones de 10.000 millones en indemnizaciones, que todavía colean hoy, con unos 600 millones pendientes de resolver y un gasto millonario en asesores.

Con ello, se hundió la posición de España como destino para invertir en renovables. El país, que ahora está en una situación de pleno empleo en renovables y tiene un problema de falta de personal, ha tardado una década en volver al Top 10 mundial, según el ranking que elabora desde hace dos décadas la consultora EY.

Otro de los grandes damnificados por las políticas de la etapa de Rajoy fue el autoconsumo, que desde 2018 y tras la eliminación del famoso impuesto al sol, se ha disparado un 1.200% en España, con un efecto que ya se aprecia en la demanda eléctrica. Una vez que las grandes energéticas ya apuestan claramente por esta solución energética, el sector confía en que no se implante ningún tipo de cargo como el que se diseñó en época del entonces ministro José Manuel Soria.

En el organigrama del PP, la teórica responsable de energía es Paloma Martín, actual consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, aunque se especula con que vaya en la lista de Feijóo el próximo 23J y quede fuera del nuevo gobierno madrileño que debe tomar posesión el 26 de junio.

Con Martín como consejera, Madrid lideró el motín de las comunidades del PP a las medidas de ahorro energético el pasado verano. Conocida por ser un sumidero de energía de territorios limítrofes, la región espera incorporar una importante bolsa de más de 6.000 megavatios (MW) fotovoltaicos en los próximos años, tras una importante criba de 1.300 MW entre los proyectos de mayor tamaño: es una de las regiones que más potencia ha vetado entre los grandes proyectos, solo por detrás de dos potencias renovables, Castilla-La Mancha y Aragón.

A Martín, responsable de que Madrid tenga las ayudas al coche eléctrico en "lista de espera" porque ha pedido la mitad de lo que le correspondía, no se le conocen grandes aportaciones en materia energética, más allá de los mensajes habituales de los populares: de abogar por “sacar del recibo de la luz todo aquello que es impuesto y que no forma parte del consumo eléctrico del ciudadano y derivarlo a los Presupuestos” a defender alargar las nucleares.

“No se puede dar un salto al vacío a las energías renovables, basadas en eólica y fotovoltaica, porque no operan las 24 horas del día, hay que apoyarse también en energías de transición”, ha dicho la actual consejera de Isabel Díaz Ayuso.

En el Congreso de los Diputados, el referente del PP en energía es el diputado Guillermo Mariscal, pero pocos en el sector apuestan por él como futuro ministro. Un nombre que ha salido en las quinielas de ministrables de Feijóo en los últimos días es el de Marina Serrano, actual presidenta de la patronal eléctrica aelec, que encabezan Iberdrola y Endesa. Serrano, una abogada del Estado que estuvo muchos años en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), tiene un gran cartel en el sector.

Los Nadal y Marti

Mientras en el PP suena como posible número 2 en su lista para Madrid el nombre de la exministra Fátima Báñez, actual consejera de Iberdrola en Estados Unidos, en este año electoral han vuelto a asomar viejas caras del PP que no invitan al optimismo de las empresas, como el ex ministro Álvaro Nadal o el ex secretario de Estado de Energía y ex presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti. A ambos, junto al hermano gemelo del primero, Alberto Nadal, se les considera responsables de dinamitar la confianza de los inversores en renovables en la etapa de Rajoy.

El que más se está prodigando es Álvaro Nadal. Jefe de la Oficina Económica con Rajoy y sustituto de Soria como ministro de Energía cuando este dimitió por sus sociedades en paraísos fiscales, en el ministerio se caracterizó por su acérrima defensa de las centrales eléctricas de carbón, cuyo cierre intentó evitar por ley.

Álvaro Nadal lleva unos meses de vuelta al candelero tras años fuera del foco, después de ser destinado como jefe de la Consejería Económica de España en Londres, puesto que ocupa en la actualidad. Una exposición que contrasta con el perfil bajo de su hermano Alberto, ex secretario de Estado de Energía y de Presupuestos y Gastos con Rajoy, y también perteneciente al cuerpo de técnicos comerciales del Estado.

Este último, tras un fugaz paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), está destinado actualmente como representante de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nueva York y colabora puntualmente como experto con la consultora KPMG.

Hace unos días a Álvaro Nadal se le pudo ver invitado como ponente estrella en un congreso organizado por la patronal de salones de Juegos y Recreativos (ANESAR) y a principios de mayo participó en una jornada sobre la situación del sector energético organizada por Naturgy y el Cercle d´Economia.

Allí se despachó contra el esquema de reparto de reducción de emisiones de la UE, criticó que la estrategia climática europea se basa en “regular, regular y regular”, aseguró que “las leyes a 2050 deberían prohibirse constitucionalmente” y se mostró escéptico sobre el futuro del hidrógeno verde. También insistió en su tesis de que “la fotovoltaica en España ha sido una catástrofe” en tiempos de Zapatero, con “más subvención que el cine español”. Y dijo arrepentirse de una única decisión como ministro: cerrar la central nuclear de Garoña, que, aseguró, tenía una potencia de 600 MW (en realidad eran menos, 460 MW).

Ese mismo día reaparecía también en una jornada sobre Industria y Descarbonización en el Congreso de los Diputados Fernando Marti, uno de los tradicionales peones del PP, que le colocó en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) antes de llevarle al Gobierno en 2012 como secretario de Estado de Energía, puesto en el que estuvo apenas un año para ser sustituido por Alberto Nadal y marcharse al CSN. Allí protagonizó una polémica presidencia y acabó reprobado por el Congreso, del que depende del regulador nuclear y ante el que se negaba a rendir cuentas.

En su reciente comparecencia en la Cámara Baja, Marti incidió en que “Europa está haciendo las cosas mal” en materia de descarbonización, aseguró que el sistema eléctrico tiene un déficit “impresionante” porque es “completamente ajeno al control estatal” y dijo que “el autoconsumo es una maravilla pero va a haber muchos problemas” por la caída de la demanda. “Quien sea secretario de Estado de Energía los próximos cinco años lo va a pasar muy mal”, aseguró Marti, que pareció autodescartarse así para volver a la política. En el sector hay quien no lo da por totalmente amortizado.

Unos días después de esa comparecencia, el expresidente del CSN, al que siempre se ha enmarcado en el Opus Dei, cesó como consejero de una de las sociedades educativas de la Obra en España, la mercantil Centro Cultural y Deportivo Tajamar SA. Según el Registro Mercantil, ha durado poco más de un año en ese cargo. Ha sido su primera experiencia conocida en el sector privado desde que en 1999 el PP le aupó a vicepresidente de la extinta CSN.