Vecinos de dos bloques de pisos en Torrejón de Ardoz (Madrid) propiedad de Fidere (socimi de Blackstone) denuncian que han recibido de golpe la devolución de todos los recibos que habían seguido ingresando desde que les venció su antiguo contrato de alquiler. Estas viviendas fueron vendidas al fondo cuando aún estaban protegidas. Los inquilinos creen que se trata de un modo de presión en plena pandemia para que a la postre tengan que abandonar sus viviendas.
Estos edificios empezaron siendo de vivienda pública aunque construidos por promotores privados, con esquemas de renta protegida que acababan en 2016. Los edificios situados en Avenida Joan Miro y calle Juan Gris, en Torrejón de Ardoz, fueron adquiridos en diciembre de 2014 al Banco Popular/Aliseda. El anterior propietario fue Sacyr-Vallehermoso. Por su parte, el edificio de Francisco Salzillo lo vendió Hercasa, un promotor, a Blackstone en 2016.
Cuando los compraron, hicieron algunas ofertas a los inquilinos para adquirir los pisos por precios que doblaban los estipulados inicialmente por los anteriores propietarios, según relata una de las vecinas.
Los que siguieron de alquiler firmaron nuevos contratos por precios superiores a los iniciales, pero que no llegaban a doblarlos, como según aseguran pretenden ahora con las nuevas renovaciones. Por ello, aconsejados por el Sindicatos de Inquilinos de Madrid, varias decenas de vecinos han permanecido en sus pisos, abonando los precios anteriores. Fidere les había pedido elevar la cuota entre un 40 y un 100%. Hace pocos meses, se abrió una mesa de diálogo entre vecinos, empresa y sindicatos.
Entre tanto, algunos vecinos, puntualmente, recibían la devolución de sus pagos, aunque no era algo que ocurriese mayoritariamente ni en todas las ocasiones. Ellos acudían a Correos para enviar a través de burofax la cuota, de manera que en ningún momento pudiera alegar la empresa un impago que justificara un desahucio. En caso de recibir la devolución, la práctica recomendada es hacer el ingreso ante juzgado. En ciertos casos Fidere ha iniciado ya demandas contra los vecinos.
Lo que ha ocurrido ahora, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, es que ha habido una devolución masiva de recibos, en un momento en el que es más complicado hacer los trámites para volver a pagar. “Blackstone planea vulnerar el Real Decreto 11/2020 (con ayudas a inquilinos durante la COVID-19). En plena pandemia, el fondo de inversión americano aprovecha la paralizacion de la actividad judicial para forzar el impago de decenas de familias en Madrid”, aseguran en un comunicado.
“En un conflicto por subidas abusivas, a centenares de inquilinos se les devuelve lo que habían consignado, que es lo que se hace en un conflicto colectivo para amenazarles con un desahucio. Esto es inadmisible y un atentado contra la salud pública en medio de la pandemia”, ha afirmado el diputado de Podemos Rafael Mayoral en una comparecencia de José Luis Ábalos este lunes en el Congreso.
Una de las vecinas del edificio de Francisco Salzillo, 7 Pepa Gómez, muestra el extracto bancario con la devolución de golpe todas las mensualidades ingresadas desde hace cinco meses, y unos días de noviembre. Su cuota es de 573 euros, que Blackstone/Fidere le ofrecía elevar a 760 mensuales (una subida del 32%). Asegura que en casos de contratos más antiguos, las subidas que piden son de hasta el 100%.
Por su parte, un portavoz de Blackstone se limita a asegurar que cumplen escrupulosamente la ley, incluido el decreto.
Para los vecinos, organizados a través del sindicato “están intentado generar una falsa situación de impago y poder así interponer demandas judicales con el fin de desahuciarnos. Somos conscientes de que Blackstone nos ha devuelto los alquileres durante el Estado de alarma para que no podamos reaccionar, para que no podamos dar una respuesta conjunta, para que tengamos más dificultades para depositar los alquileres en el juzgado, para que caigamos en situación de impago”.
En una primera versión de este artículo se decía que los edificios habían sido propiedad de la Comunidad de Madrid y que los había vendido a Blackstone. En realidad eran de otros promotores privados, aunque sí se trataba de vivienda protegida