La Inspección de Trabajo alcanza el récord histórico de casi un millón de personas beneficiadas en 2022

Récord de personas alcanzadas por las actuaciones de la Inspección de Trabajo en 2022. En total, casi un millón de personas, unas 936.000, responde el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es, lo que supone un 40% más respecto al año previo, cuando se detectaron infracciones que afectaban a 671.336 trabajadores. Aún a falta de que se publique el informe detallado completo de 2022, este balance general arroja cifras históricas y un gran aumento anual de la población trabajadora cubierta por el organismo vigilante de la legalidad laboral.

En concreto, las infracciones detectadas por la Inspección en 2022 alcanzaban a “935.880” personas, indican desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, una cifra que supera por cientos de miles los datos de cobertura de la serie histórica. Respecto a hace cinco años, se trata prácticamente del doble de trabajadores.

En el Ministerio de Trabajo responden que “todos los parámetros han registrado un incremento notable” en 2022, pero la mayor alza se sitúa en las personas trabajadoras alcanzadas por la labor inspectora, que lograron “una restitución de sus derechos”, destaca el departamento de Yolanda Díaz.

Por ejemplo, de trabajadores temporales fraudulentos que pasan a ser indefinidos, falsos autónomos a los que se convierte en laborales, infracciones por incumplir los planes de igualdad en las empresas, cuyas multas se han disparado por siete, o empleados en la economía sumergida a los que se da de alta a la Seguridad Social, entre otras infracciones.

Se dispararon los falsos autónomos detectados

Entre los abusos que ha destapado la Inspección, destaca un gran aumento de las regularizaciones de personas que estaban empleadas irregularmente como falsos autónomos. Las actuaciones han supuesto “39.044 regularizaciones” en 2022, más de cuatro veces el número de personas convertidas el año anterior, 9.399 trabajadores. En total, se han detectado “27.400 infracciones”, que han supuesto “122,2 millones de euros de recaudación”, indica Trabajo.

En los últimos años, el foco sobre este abuso en la contratación se ha intensificado notablemente de la mano de la persecución del fraude generalizado en plataformas digitales, como Glovo y Uber Eats, que basaron sus negocios en grandes flotas de mensajeros que tenían que repartir como falsos autónomos, como concluyó el Tribunal Supremo. La mayor parte de las regularizaciones corresponde de hecho a plataformas digitales, con el alta en la Seguridad Social a “37.100 personas”.

En total, la Inspección ha detectado “27.400 infracciones” por falsos autónomos, que han supuesto “122,2 millones de euros” de recaudación. La lupa se ha centrado mucho en los últimos años en estas grandes empresas de reparto, por su desafío público a la legislación, pero hay otros sectores donde también se abusa de estas figuras.

Otro ámbito donde ha aumentado mucho la población objeto de las pesquisas de la Inspección es la del trabajo no declarado, en la economía sumergida. El “empleo aflorado” se ha incrementado en un 61% el último año, con “98.500” nuevas altas a la Seguridad Social en 2022, respecto a las 61.279 regularizaciones del año anterior.

En este capítulo, la Inspección de Trabajo ha aflorado “547” falsos becarios a lo largo del año pasado, es decir puestos ocupados por personas en prácticas formativas pero que en realidad se concluye que son trabajadores ordinarios. En este caso, la cifra es inferior al año pasado, cuando se alcanzaron las 1.038 regularizaciones de falsos becarios.

“61,2 millones” de euros en salarios impagados

También es masiva la detección de contratos temporales fraudulentos, donde tiene una gran repercusión el cruce de datos gracias a herramientas tecnológicas ('big data'). En 2022, la Inspección de Trabajo ha transformado en indefinidos “228.144” contratos temporales, de los que “115.358” corresponden por los planes de choque contra este abuso y el resto se debe a la actuación inspectora ordinaria. No obstante, los datos se han reducido este año (fueron 370.409 en 2021), el primero de la reforma laboral que ha desplomado el trabajo temporal a mínimos históricos.

Las campañas de Trabajo contra la temporalidad abusiva continúan con el nuevo marco laboral, con el lanzamiento hace unos días de una nueva que ha puesto bajo el foco a las ETT por un posible fraude sobre 45.000 empleos.

Por otro lado, la Inspección también actúa en casos de horas extraordinarias no pagadas, remuneraciones por debajo del salario mínimo, las remuneraciones por debajo de convenio y otros abusos retributivos. El Ministerio adelanta que las actuaciones sobre incumplimientos salariales afloraron “61,2 millones de euros en salarios recuperados” el año pasado.

“Los datos ponen de manifiesto el extraordinario esfuerzo que ha hecho la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y su naturaleza de servicio público esencial. Que casi un millón de personas trabajadoras hayan visto repuestos sus derechos gracias a la labor del organismo demuestra su eficacia y la determinación de este Ministerio en hacer que los derechos laborales se cumplan escrupulosamente”, destaca el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Más beneficiados directos y desincentivo al fraude

El aumento de las personas que quedan bajo el amparo de la Inspección de Trabajo es una buena noticia por dos motivos, principalmente. Por un lado, porque el organismo ha garantizado que la ley se imponga ante los abusos laborales que se estaban cometiendo y que ha destapado, por lo que hay más personas que se benefician de manera directa de sus actuaciones.

Además, como suelen destacar los sindicatos y los expertos en el mercado laboral, porque la propia vigilancia de la Inspección de Trabajo y sus actuaciones supone un “aviso a navegantes” a los incumplidores, un desincentivo para quienes piensen en saltarse las normas laborales, que ven las repercusiones de incumplir la legislación.

Los representantes de los trabajadores y la propia plantilla de la Inspección de Trabajo reclaman por ello al Gobierno más medios para este organismo público, una demanda que centra las movilizaciones de la plantilla en los últimos meses. Los sindicatos de la Inspección advierten de que los empleados afrontan una gran “sobrecarga de trabajo” y reclaman más recursos materiales y humanos, así como mejoras de sus condiciones. En el Ministerio apuntan que han aumentado los efectivos y el presupuesto del organismo, pero que “siguen trabajando” para cumplir con el acuerdo de mejoras suscrito en verano de 2021.