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Procedimiento abierto por cesión ilegal de trabajadores en la primera institución de las artes escénicas y musicales en España. La Inspección de Trabajo ha levantado actas de infracción contra el Teatro Real y la empresa Intermezzo, que gestiona el Coro titular del organismo, porque considera que han incurrido en una cesión ilegal de la plantilla, una infracción muy grave según la legislación laboral. El Teatro Real presentará alegaciones contra la decisión de la autoridad laboral y defiende el contrato “legal y transparente” con la compañía concesionaria, explican fuentes oficiales de la Fundación del Teatro Real.
Sus voces son parte fundamental de este emblema de la ópera nacional, pero los 51 coristas (y dos pianistas) del Coro titular del Teatro Real no están contratados por el propio teatro, sino por la compañía Intermezzo. La empresa es la concesionaria del servicio desde el año 2010 y el contrato público vigente en la actualidad, suscrito en 2012, tiene vigencia hasta la temporada 2021/2022. Antes, el Coro dependía de la Orquesta Sinfónica de Madrid, pero sus miembros fueron despedidos en 2009 tras una década de trabajo y se formó uno nuevo con la nueva contrata (Intermezzo).
La Fundación del Teatro Real es pública y cuenta como principal órgano de gobierno con un Patronato, cuya presidencia de honor ostentan los Reyes. El Patronato está dirigido por un presidente (Gregorio Marañón y Bertrán de Lis) y su Comisión Ejecutiva, aunque también forman parte de él como “vocales natos” las personas que ostentan los cargos de ministro/a de Cultura, la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la capital, entre otros puestos políticos.
Una infracción laboral muy grave
La Inspección de Trabajo ha investigado el cumplimiento de la normativa laboral en el Coro titular del Teatro, en cuya actuación ha valorado las denuncias presentadas por el sindicato CGT. Según explica la autoridad laboral a la confederación anarcosindicalista en un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, la Inspección ha emitido actas de infracción “en materia de Cesión Ilegal de Trabajadores”.
El Estatuto de los Trabajadores desarrolla en su artículo 43 las circunstancias en las que se incurre en una cesión ilegal. Por ejemplo, cuando el contrato de servicios entre dos empresas tiene por objetivo la mera puesta a disposición de los empleados de una compañía a otra; es decir, una persona está contratada por la empresa A pero solo para que trabaje en realidad en la empresa B. También cuando la empresa que cede al trabajador carece de “una actividad o de una organización propia y estable”, no cuenta “con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad” o no ejerce “las funciones inherentes a su condición de empresario”.
CGT celebra la decisión de la Inspección de Trabajo. “Creemos que existe una cesión ilegal de libro: nosotros somos trabajadores del propio Teatro Real, es quien nos da los horarios, todo el material de trabajo, los planes de riesgos laborales… Es el propio teatro, no lo hace Intermezzo”, denuncia Natalia Pérez, presidenta del comité de empresa del Coro y representante de CGT.
La cesión ilegal de trabajadores está considerada como una infracción laboral muy grave, que puede ser sancionada con multas de 6.251 en su grado mínimo y hasta los 187.515 euros en su grado máximo. La calificación de las sanciones tiene en cuenta la negligencia e intencionalidad del infractor, el incumplimiento de advertencias previas y requerimientos de la Inspección de Trabajo y la cifra de negocios de la empresa, entre otros factores.
Críticas a un modelo de “precarización”
Fuentes oficiales de la Fundación del Teatro Real confirman a eldiario.es que las actas de infracción por cesión ilegal del Coro ya han sido notificadas al organismo, aunque no detallan a cuánto asciende la multa propuesta por la Inspección de Trabajo. La institución está preparando las alegaciones: “Estamos convencidos de que tenemos razón y de que lo estamos haciendo bien. Se trata de una contratación habitual, realizada con transparencia y siguiendo los procedimientos de contratación del Estado”. La empresa Intermezzo ha declinado hacer declaraciones sobre el tema a este medio.
Desde el Teatro Real subrayan que las actas suponen “el inicio de un procedimiento administrativo”, recurrible por esta vía y también en los tribunales. Fuentes de la Inspección de Trabajo explican que levantar estas actas de infracción da comienzo a un expediente sancionador, que en el caso de la cesión ilegal tiene como destinatarias a las dos empresas involucradas. Una vez analizadas las alegaciones de las partes, el órgano competente dicta la resolución al respecto, que puede confirmar el acta de infracción, modificarla o dejarla sin efecto.
La presidenta del Comité de empresa llama la atención sobre que este tipo de prácticas se consientan en una institución pública. La representante sindical recuerda que ella y otro compañero tuvieron que ser readmitidos en sus puestos por sentencia judicial, que condenó a Intermezzo por despido improcedente y nulo, respectivamente. La empresa llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que no admitió su recurso.
Pérez sostiene que la contratación externa del Coro implica “una precarización tremenda” de sus puestos de trabajo: “Hemos sufrido dos bajadas salariales desde 2010, la empresa se niega a establecer un convenio colectivo propio, no se cumplen los tiempos de descanso...”. En general, el modelo de fundación del Teatro Real no convence a los sindicatos, que consideran que conduce a una “privatización encubierta”.
Las consecuencias de la actuación de la autoridad laboral enfrentan a la dirección del Teatro Real y a la representación de los trabajadores del Coro. Natalia Pérez considera que las actas deberían motivar un cambio en la Fundación, para que contratara directamente a los miembros del Coro, “como lo están muchos otros trabajadores, como los técnicos, los regidores, las sastras, la caracterización... Es absurdo que nosotros no pertenezcamos al propio teatro. No habría temporada de ópera sin un coro”. En cambio, fuentes de la Fundación pública niegan que las actas obliguen al Teatro Real a contratar a la plantilla, “eso lo tendrían que decir en cualquier caso los tribunales”.