La Inspección de Trabajo inicia una campaña contra quienes no pagan el salario mínimo a las empleadas del hogar

La Inspección de Trabajo ha iniciado una campaña para combatir los salarios por debajo del mínimo legal de las empleadas del hogar. El Plan de Actuación pretende regularizar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social de las trabajadoras domésticas, un colectivo especialmente precario, para garantizar que sus remuneraciones alcanzan al menos el SMI (salario mínimo interprofesional). La Inspección ya ha enviado “45.000” cartas a empleadores que presuntamente están incumpliendo con este mínimo, explican en el Ministerio de Trabajo a elDiario.es.

El trabajo del hogar es un entorno especialmente complejo, e inaccesible en muchas ocasiones, para la Inspección de Trabajo. Debido a la inviolabilidad del domicilio que reconoce la Constitución, los inspectores no tienen el mismo acceso a los hogares que a las empresas para comprobar las condiciones laborales de las empleadas domésticas, la gran mayoría mujeres (88%).

Esta opacidad es un elemento más que contribuye a la precariedad de estas trabajadoras, de las que se estima que alrededor de un tercio está en situación irregular, sin estar dadas de alta a la Seguridad Social. En este último colectivo destacan sobre todo las trabajadoras migrantes, especialmente las que no tienen permiso de trabajo o de residencia.

Los últimos datos de la EPA indican que había 563.100 personas empleadas en el trabajo doméstico en el último trimestre del año. La cifra es mucho más elevada que las 381.896 empleadas dadas de alta en la Seguridad Social, según los últimos datos de diciembre.

45.000 cartas enviadas

La campaña inspectora y “de sensibilización” se dirige a las personas empleadoras, a las que emplazan a cumplir con la legislación laboral. Se requiere a los hogares que “procedan a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la correlativa regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Para ello, la Inspección ofrece asistencia técnica e información a los empleadores, indican en Trabajo.

El salario mínimo interprofesional para una jornada completa está situado en los 950 euros/mes en 14 pagas (1.108,33€/mes con prorrateo de pagas extras). Para una jornada por horas, el SMI es de 7,43 euros/hora.

La Inspección ha publicado un apartado en su página web sobre la campaña, con información para empleadores en la que explican “las diferentes vías para regularizar los salarios y las cotizaciones: tanto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Sistema RED (graduados sociales, gestorías y profesionales autorizados) o a través del envío de un formulario al que se puede acceder en un QR disponible en la página web”.

Por el momento, la Inspección de Trabajo ya se ha dirigido a esos 45.000 empleadores para informarles de la presunta irregularidad detectada. No les ha contactado con propuestas de sanción, sino que se comunican con los hogares para requerirles que cumplan con la normativa. La idea del Ministerio de Trabajo es ampliar el número de misivas enviadas. “Las 45.000 son la primera remesa”, indican en Trabajo.

Ojo a las empleadas sin dar de alta

“El Plan de Actuación del Organismo Autónomo pone también su foco en la lucha contra la economía irregular”, explica el Ministerio de Trabajo. Para ello, se dará “prioridad a las denuncias presentadas y comunicaciones recibidas en el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” que adviertan de este abuso, por el que las trabajadoras no están cotizando a la Seguridad Social.

La irregularidad de las empleadas del hogar tiene repercusiones en su protección social presente y futura, ya que no están cotizando a la Seguridad Social. En la pandemia, se vio una muestra muy clara de esta desprotección, ya que las trabajadoras en situación irregular –como hemos visto, unas 200.000– quedaron excluidas del subsidio extraordinario de desempleo que lanzó el Gobierno debido a la emergencia.

Los colectivos de empleadas del hogar y de cuidados exigen al Gobierno que reconozca el derecho al desempleo a estas trabajadoras, las únicas sin derecho a paro. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto el monocolor del PSOE como el de coalición, se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT para reconocer el paro de este colectivo, aún no lo ha cumplido.