La Inspección de Trabajo investiga 80 denuncias de abusos de empresas durante la DANA en la Comunitat Valenciana

“El peso de la ley caerá sobre quienes hoy están poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras en nuestro país”. Con esta advertencia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisaba el miércoles desde el Congreso de los Diputados de que su Ministerio estaba actuando ya contra empresas que estaban “incumpliendo” la obligación de proteger a sus empleados frente a los riesgos por la DANA. En concreto, la Inspección de Trabajo ha recibido alrededor de 80 denuncias de abusos empresariales en la Comunitat Valenciana.

Se trata de denuncias formales y de comunicaciones al Buzón de Lucha contra el Fraude del organismo público vigilante de la legalidad laboral. En total, recopilan “unas 80 presuntas irregularidades en la Comunidad Valenciana”, responden en el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es.

Yolanda Díaz ha insistido este jueves en que la Inspección de Trabajo “está actuando con contundencia”. “Es muy grave que empresas estén dispuestas a poner en riesgo la vida de sus trabajadores no sé con qué objetivo”, ha denunciado.

“Da igual el tamaño de la empresa o la fuerza de la empresa”, ha sostenido la vicepresidenta segunda, que ha subrayado que el Ministerio de Trabajo “ha demostrado que la legalidad se cumple y se respeta en nuestro país”.

Multas que pueden rozar el millón de euros

Las empresas tienen la obligación de proteger a las personas trabajadoras ante los riesgos que puedan enfrentar en el desempeño de su actividad laboral, como pueden ser los fenómenos meteorológicos adversos como la DANA que está afectando a varias regiones del país.

Tras la catástrofe del 29 de octubre, con al menos 216 personas fallecidas en la Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) volvía a lanzar esta semana varios avisos rojos, de “riesgo extremo” por lluvias, en puntos de Andalucía, Catalunya y la Comunitat Valenciana.

Ante la alerta roja, Yolanda Díaz ha destacado que “se puede no acudir al puesto de trabajo” si está en riesgo la salud. A las empresas, el Ministerio de Trabajo les recordaba que debían suspender la actividad o adaptarla cuando no fuera seguro que sus empleados se desplazaran para prestar sus servicios. Y mandaba un mensaje a las plantillas en caso de falta de medidas preventivas en sus centros de trabajo: “Si tu empresa no respeta los derechos, denuncia”.

Las multas en incumplimientos de prevención de riesgos laborales se sancionan con “entre 2.451 euros y 49.180 euros” en el caso de las infracciones graves, mientras que las muy graves pueden rozar el millón de euros, con “entre 49.181 y 983.736 euros”, recuerdan en el Ministerio de Trabajo.

Choque con el Gobierno de Mazón

Este jueves el Ministerio de Trabajo ha cargado también contra la Generalitat Valenciana por autorizar el desplazamiento de trabajadores de supermercados pese a haberse decretado la alerta roja de la AEMET. El Gobierno de Carlos Mazón incluyó esta actividad, “la distribución de alimentos”, como uno de los “servicios esenciales” que podían exceptuar las restricciones de movilidad decretadas por la propia Comunitat.

Trabajo ha mostrado su “profundo rechazo” a esta orden de la Generalitat y ha destacado que no debería aplicarse, puesto que debe prevalecer la legalidad laboral estatal. “No hay ninguna orden que puedan impedir el respeto de los derechos laborales de nuestro país. Quiero ser clara: ninguna orden de ninguna administración pública puede contrarrestar los derechos que están instalados en la legislación española en el artículo 21 y artículo 14 [de la Ley de Prevención de riesgos laborales]”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha anunciado una “orden interpretativa” sobre este asunto.

“El Ministerio de Trabajo lamenta que la Generalitat desconozca la normativa de prevención de riesgos laborales, asumiendo el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras puedan sufrir daños al incumplirse una normativa estatal. Asimismo, destaca que en un momento tan delicado se genere confusión entre la ciudadanía por entender que deben ser empresas privadas las que distribuyan alimentos cuando están desplegados los servicios de emergencia y el Ejército en situaciones de alerta roja y naranja”, ha condenado el departamento de Díaz.