Las protestas del campo han llevado a primer plano la Ley de la Cadena Alimentaria, una de las normativas aprobadas en la última legislatura con la que se aspiraba a dar transparencia y equilibrio al andamiaje que une a agricultores y ganaderos, con la industria alimentaria y la distribución. Esta ley, por primera vez, contempla sanciones cuando los contratos no se sellan por escrito, se cambian las condiciones de forma unilateral o se obliga a vender a pérdida, es decir, a un precio tan bajo que no permite cubrir los costes de producción.
Esta Ley, aunque cargada de buenas intenciones, no está siendo suficiente para que las relaciones entre el campo, la industria y los híper y supermercados sean siempre justas. De ahí que los agricultores estén pidiendo que la norma se mejore. Ese guante ya se ha recogido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el miércoles en el Congreso a reforzar la legislación.
Este fortalecimiento va a suponer más inspecciones, según indican fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y, a más inspecciones, previsiblemente más sanciones. Por ejemplo, se analizará de forma más detallada la relación de un eslabón de la cadena con el anterior, con sus proveedores, para ver si esa relación puede conllevar algún tipo de irregularidad.
Actualmente, las inspecciones tienen dos formas de canalizarse. Por un lado, los operadores del sector pueden denunciar incumplimientos que perciban a través de las administraciones autonómicas o en la Agencia de Información y Control Alimentarios (la AICA) que depende del Ministerio de Agricultura. Pero este organismo también puede actuar de forma autónoma, de oficio, cuando ve que hay indicios de incumplimiento por parte de algunos de los operadores de la cadena. Y es ahí donde puede entrar el refuerzo a las inspecciones.
Que la Ley de la Cadena no funciona ya lo han denunciado las principales organizaciones agrarias: UPA, COAG y Asaja. Cuando anunciaron hace unos días las movilizaciones previstas para este mes de febrero ya instaron a modificar y ampliar la Ley “para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción”. También que la AICA aplique sanciones económicas “más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control”.
Que el importe de las sanciones es reducido y que no hay penas por realizar venta a pérdida es claro si se ven las multas que desglosa la AICA. Unas penalizaciones que no son necesariamente todas, porque este organismo solo hace públicas las que son firmes por vía administrativa o judicial.
En todo 2023 y en este primer trimestre de 2024, se han puesto 195 multas, por un importe total de 641.398 euros, según los datos recopilados por elDiario.es. Las últimas, las que se han hecho oficiales en el inicio de 2024 son 34, que suman cerca de 136.500 euros en total. En el siguiente gráfico se pueden consultar todas las sanciones desde que entró en vigor la Ley.
En esta ocasión, hay diferencias respecto a trimestres anteriores porque, por primera vez, se ha sancionado a dos empresas por lo que considera “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”. Sin embargo, más allá de esa expresión la AICA no detalla a qué se refiere o cuál ha sido la conducta. Una de esas sanciones –y también una de las más altas hasta la fecha– se ha impuesto a Alcampo, por valor de 39.600 euros. La otra por el mismo motivo, a Central Lechera de Lugo, pero, en este caso, por 18.001 euros.
En este primer trimestre hay otras dos empresas conocidas que han sido multadas. Una es el grupo cárnico El Pozo Alimentación, con 3.001 euros, por no recoger el precio en un contrato. La otra, la cadena de supermercados Caprabo, por la misma suma, pero por saltarse los plazos de pago.
Estas dos empresas se añaden a un listado de compañías de alimentación y cadenas de supermercados donde hay pocas empresas de renombre. En trimestres anteriores se ha señalado a fabricantes como Nestlé, García Carrión y Dcoop. En esos tres casos, también por saltarse los plazos de pago, con multas conjuntas por valor de 10.300 euros.
Entre las cadenas de supermercados, además de Alcampo, en estos 15 meses se han impuesto sumas a Covirán, Dia, Carrefour y Froiz, con entre 1.800 y 3.000 euros. En todos los casos por saltarse los plazos de pago, aunque también hay una sanción a Dia por no poner por escrito un contrato. Esos plazos de pago a los que se refiere son de 30 días cuando se trata de alimentos frescos y de 60 cuando no tienen esa caducidad inmediata.
Junto con la crítica de que sean sanciones bajas, de que no se explique con detalle cuál es la conducta que ha conllevado una infracción y que no haya sanciones por saltarse la venta a pérdida –algo que diferentes voces del sector ven imposible que no suceda– el campo se queja de que aunque el andamio de la cadena esté bien pensado, quedan piezas por colocar y debería ser más firme.
Ahora la Ley de la Cadena también se ha colado en el debate político. Casi al mismo tiempo que Sánchez anunciaba que va a reforzar la normativa, el PP presentaba un plan de 15 medidas para el campo, coincidiendo con las protestas, en las que “exige la revisión de la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica”. En diciembre de 2021, el PP votó en el Congreso de los Diputados en contra de poner en marcha esta legislación.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.