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Los inspectores de Hacienda sí atienden denuncias anónimas si están documentadas

Una imagen del interior de una oficina de la Agencia Tributaria

B. C. B.

La figura del chivato aunque muy mal vista en España ya se utiliza. Dos organismo públicos atienden a este tipo de recursos con frencuencia. Por un lado, la Comisión Nacional de Competencia que ha logrado gracias al uso del chivato desarmar importantes cárteles en España. Por otro, la Agencia Tributaria, que también cuenta con un formulario de denuncia en su web.

La Agencia Tributaria ha hecho caso siempre a las denuncias, aunque en el formulario de internet es obligado poner los datos del denunciante. Sin embargo, como explica el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, es muy habitual que lleguen por correo sobres con denuncias de fraude fiscal, en algunos casos anónimas y en otras, no.

Pérez Boga reconoce que siempre se presta atención a la documentación que llega para delatar un fraude, venga o no identificada. Para este inspector lo más importante es que la denuncia venga documentada con datos. Si estos son fiables, como facturas, contratos, etcétera, el inspector puede iniciar ciertas comprobaciones que pueden dar lugar a la apertura de una inspección.

Al contrario que con la ley de inspección laboral, que rechaza de plano que se tramite una denuncia anónima, la redacción de la normativa tributaria deja un resquicio abierto al uso de estos datos sin fuente reconocida. Así, la normativa, según explica Pérez Boga, especifica que la denuncia en sí misma “no es motivo para iniciar un procedimiento inspector”. La razón última de este tipo de actuación es siempre la decisión motivada de un superior o el hecho de estar dentro del plan de la Agencia Tributaria y el texto no entra a aclarar qué sucede si esta motivación nace de unos datos obtenidos por un cauce informal.

El portavoz de los inspectores cree que la revelación del fraude fiscal por parte de los ciudadanos “es bueno como instrumento de colaboración social”, y desde la organización se ha pedido “potenciar este tipo de denuncias”. Hasta 1986 se premiaba al chivato con un porcentaje de la cifra recaudada. Ransés pide incluso que se les deje tener “confidentes” remunerados.

En cuanto a la cuantía del fraude que se atiende, Pérez Boga insiste en que si hay documentación fehaciente de que se está defraudando, se persigue al autor, sea mucha o poca la cantidad. Ante la duda de si es ético atender a una denuncia que puede estar motivada por una venganza, el inspector es claro: “se está colaborando en perseguir un delito”.

En el caso de Competencia, el chivato es un integrante del cártel que denuncia y su revelación le lleva a librarse de las multas relacionadas con este tipo de actuaciones. La figura se utiliza internacionalmente con muy buenos resultados en el ámbito de concertación de precios.

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