Los inspectores de Hacienda, englobados en la organización IHE, han propuesto este miércoles un cambio en la ley que les permita avanzar con comprobaciones de posibles delitos fiscales antes de llegar a su judicialización. Con ello, aseguran, se podrían evitar casos como el del rey emérito. “Nos preocupa lo que ha pasado con él, parece que Hacienda no ha hecho nada”, ha señalado Ransés Pérez, presidente de la asociación.
La Fiscalía ha cerrado recientemente la investigación que tenía abierta sobre el anterior monarca al entender que los posibles delitos fiscales habían prescrito. Sin embargo, el propio ministerio público sí ha detallado los movimientos de Juan Carlos de Borbón que podrían haber sido constitutivos de delito. Los decretos hechos públicos este mes relatan cómo abrió dos 'trust' en el paraíso fiscal de Jersey a mediados de la década de los noventa, cuando España comenzaba a recuperarse de la crisis económica. También cómo cobró 100 millones de dólares en 2008, en los primeros años de la siguiente crisis, mientras la tasa de desempleo se disparaba. Todo a espaldas de Hacienda y mientras sus discursos anuales de Navidad pedían solidaridad y ejemplaridad a ciudadanos e instituciones. “La sociedad quiere que Hacienda investigue”, ha asegurado Pérez para reivindicar el papel de los inspectores tributarios en casos como este.
Puesto que esta propuesta supondría que los inspectores tuvieran una capacidad “cuasi-instructora”, entraría en competencias que no se tienen. Por ello, Pérez propone que se cree una oficina, dependiente de la Agencia Tributaria, en la que trabajen conjuntamente inspectores con fiscales. Respecto al caso del rey emérito, el presidente de IHE entiende que todavía quedan posibles comprobaciones pendientes respecto a determinados asuntos que se vinculan a Juan Carlos.
En este aumento de la capacidad de investigar delitos fiscal, Pérez ha propuesto la creación de una policía fiscal. Esta propuesta consistiría en terminar de integrar el servicio de vigilancia aduanera en la agencia Tributaria para dotarle de capacidad más allá del campo de las aduanas. “Se trata de que tengan capacidad en todos los aspectos vinculados a delitos económicos”, ha señalado el presidente de la asociación.
IHE ha presentado este miércoles un documento con más de 124 propuestas para reducir el fraude fiscal en España y mejorar las herramientas de la Agencia Tributaria para investigar los posibles delitos. “El fraude fiscal es la gran lacra de nuestros días”, ha defendido Pérez durante la presentación del documento. La asociación señala que existen datos que estiman que la suma de la economía sumergida y del fraude fiscal alcanzarían en torno a un 20% del PIB.
Los inspectores han esperado hasta que se conoció el informe del comité de expertos del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal para presentar sus propuestas y actualizar las que ya habían presentado hace ya más de un lustro. El presidente de IHE ha lamentado que “no hubiera ningún inspector entre los expertos, eso se ha notado”. Este inspector considera que el impacto recaudatorio para el Estado sería mayor con el trabajo de lucha contra el fraude fiscal que con subidas de impuestos.
Por ello, avanzan en su propio documento otras medidas que se deberían implantar para reconducir el poder de recaudar ante eventuales fraudes. Muchas de estas propuestas son muy técnicas pero otras de ellas están referidas a casos muy mediáticos. Por ejemplo, Pérez vincula al traslado de youtubers a Andorra una reforma de la norma que fija un mínimo de días de residencia en España para considerar a un contribuyente con residencia fiscal en el país.
La IHE plantea reducir esta cantidad de días necesarios, hoy fijados en 183 días. Recuerda que, por ejemplo, en Suiza son 60 días para considerar que el contribuyente reside en el país. “Es lo que utilizan determinados deportistas o pilotos”, ha apuntado. Por ello, plantea que se exijan menos días y que, por ejemplo, se reconozca un residente fiscal en España cuando pase en el país más días al año que en otros países. También plantea que se tengan en cuenta otros aspectos sobre la vinculación real del contribuyente a España, en el caso de que, por ejemplo, su cónyuge o sus hijos sí residan en el país.
Una línea similar propone también para la “residencia ficticia” en una comunidad u otra dentro de España. Pérez se refiere a aquellos contribuyentes que deciden trasladar su domicilio fiscal a una comunidad que le ofrezca ventajas sociales. Por ejemplo, una alta fortuna que decide mudarse de Catalunya a Madrid para no abonar el impuesto de Patrimonio. Para tratar este asunto, propone crear comisiones tripartitas entre la comunidad de salida, la de llegada y la agencia tributaria para poder conocer dónde debe tributar realmente ese contribuyente. “Se deben crear criterios mucho más sencillos para dictaminar la deslocalización”, ha añadido.
La asociación evita hacer propuestas fiscales sobre subidas o rebajas de tributos, si bien analiza los más importantes para reconducir la normativa para evitar el fraude fiscal. Es lo que hace respecto al IVA, en el que plantea revisar determinados procesos de devoluciones por facturas en las que no se han abonado el impuesto. O en el caso de los Impuestos especiales, como el de Hidrocarburos. La IHE considera que se produce un amplio fraude fiscal en este tributo. “Al ser una fiscalidad elevada, es muy rentable defraudar”, ha señalado Pérez.
En este sentido, ha negado que el Estado se “forre” con este impuesto con la subida de precios, ya que es un tributo fijo que no depende de los precios. “La subida de los precios repercute en las empresas de hidrocarburos, tienen un incentivo más en defraudar”, ha asegurado Pérez.
Uno de los puntos más relevantes que ha ocupado al colectivo de inspectores de Hacienda durante los últimos años ha sido el de la capacidad de entrar en domicilios de contribuyentes para investigar posibles fraudes. Esta capacidad ha sido puesta ampliamente en duda por los tribunales, por lo que proponen una reforma de la ley orgánica que permita este tipo de actuaciones. Mientras tanto, plantean implementar una ‘tax room’, creación de salas o sedes donde las empresas investigadas depositen toda la información y la documentación susceptible de la investigación sin tener, con ello, que entrar en el domicilio fiscal de la sociedad.