La próxima semana entrará en vigor la ley del alquiler vacacional de Baleares y se aprobará un decreto ley que la corrige para permitir arrendar pisos a turistas, pero esa opción seguirá prohibida hasta que los consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma determinen en qué zonas y con qué condiciones se autoriza.
“Una vez tengamos la ley empezaremos a hacerla cumplir, sobre todo a las grandes comercializadoras, plataformas de internet e inmobiliarias”, subraya el vicepresidente y conseller de Turismo balear, Biel Barceló, en alusión a la indefinición legal que permitía que el alquiler vacacional de viviendas en edificios plurifamiliares se amparara en la normativa de arrendamiento estatal pese a estar prohibido por la Ley de Turismo regional.
La nueva ley se aprobó el 18 de julio con contradicciones por disputas entre los socios de izquierdas, que ahora han pactado salvarlas con un decreto que el Govern balear aprobará el viernes.
Cuando entre en vigor lo hará también una moratoria de nuevas plazas hasta que consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma decidan qué modalidades de alquiler se aceptan en cada zona. Así, “lo permitido sigue permitido y lo prohibido sigue prohibido”, afirma Barceló en declaraciones a Efe.
“La capacidad de imponer sanciones sí cambia”, incide el vicepresidente, que recuerda que las plataformas de alquiler que publiciten viviendas para arrendamientos cortos sin el preceptivo número de autorización y comercialicen pisos o casas no registradas podrán ser multadas con hasta 400.000 euros.
La polémica política y social se centra en el alquiler de viviendas en edificios plurifamiliares, una modalidad que la ley deja en manos de los consejos y de Palma porque tienen las competencias de ordenación urbanística. Con la debida argumentación, podrán prohibir este tipo de arrendamiento vacacional, permitirlo o limitarlo al alquiler de la vivienda habitual durante un máximo de 2 meses, siguiendo el ejemplo de Amsterdam.
“Queremos que se pueda redistribuir la riqueza, y allí donde pueda tener efectos positivos, que se pueda hacer esta actividad de manera reglada, pero al mismo tiempo preservar el derecho a la vivienda y atacar la actividad ilegal y la especulativa. Es de una complejidad enorme”, argumenta el vicepresidente del Govern, líder del partido econacionalista MÉS per Mallorca.
Puntualiza que cuando los ayuntamientos quieran ser más restrictivos que lo que para su territorio haya planteado inicialmente el correspondiente consejo insular, el criterio municipal primará sobre el insular.
Sobre Palma, cuyo pleno municipal aprobó el jueves pasado con mayoría de abstenciones una iniciativa popular para prohibir el alquiler de pisos a turistas en toda la ciudad, Barceló recuerda que “el acuerdo necesita un desarrollo, los informes correspondientes” y una decisión definitiva de los grupos políticos, por lo que “hoy por hoy no tiene efectos prácticos” el acuerdo plenario.
Los consejos, el de Palma y el resto de ayuntamientos podrán, según se recoge en el decreto pactado por el Govern con Podemos, instar a la declaración de una zona como de “emergencia habitacional” para suspender en ella el alquiler vacacional en favor del residencial. Podemos reclama esta declaración, que se tendrá que desarrollar mediante un reglamento, para toda la isla de Ibiza y la capital regional.
El titular autonómico de turismo insiste en que uno de los aspectos más importantes de la ley es que “dota a la administración de herramientas para poder perseguir” el muy extendido alquiler de turístico de pisos, puesto que obliga a las comercializadoras a exhibir el permiso de cada vivienda y prevé multas muy altas para disuadir a las incumplidoras.