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El interés de las empresas por los fondos europeos cae por la lentitud de las convocatorias y la incertidumbre

Daniel Yebra

14 de junio de 2022 22:37 h

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El Plan de Recuperación de España tiene un perfil propio en la red social Twitter. Aunque apenas reúne a 7.000 seguidores, también lo tiene el programa Kit digital, uno de los proyectos del Plan financiado por los fondos europeos, que no llega a una comunidad de 1.500 followers. Menos, unos 300, consigue el Perte (Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) de Nueva economía de la lengua, una de las últimas convocatorias relacionadas con los Next Generation de la Unión Europea en España.

Esta sobreexposición del Plan de Recuperación en Twitter demuestra el esfuerzo del Gobierno por “llegar a todo el tejido productivo”, según defienden fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que enumeran las campañas de comunicación, las reuniones con empresas, con sectores...

La cuestión es si el Gobierno realmente está despertando el interés que se le atribuye al Plan de Recuperación, diseñado y defendido como el mecanismo que debe transformar y modernizar la economía española. Y financiado, “por primera vez, de forma conjunta, lo que demuestra un nivel de compromiso colectivo histórico en la Unión Europea”, según recalcó Mercedes Caballero, secretaria general de fondos europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el pasado jueves, en una jornada organizada por el centro de análisis Funcas.

La última encuesta de actividad empresarial del Banco de España (la Ebae del segundo trimestre) desvela un panorama de cierto desapego: solo el 13% de las empresas tiene previsto acudir a una convocatoria del Plan de Recuperación en los próximos seis meses (ver gráfico). Este porcentaje se ha reducido en los últimos trimestres. En el tercero de 2021 llegaba al 25%, en el cuarto del año pasado era del 23% y en el primer trimestre de este 2022 ya había caído al 17%.

En términos absolutos, el 13% se corresponde con 440.000 empresas, según el censo de casi 3,4 millones del INE (Instituto Nacional de Estadística). Y el Banco de España detalla que el porcentaje de interesadas en los fondos europeos asciende al 18,7% entre las empresas de 50 a 250 trabajadores, lo que implicaría a algo más de 3.700 compañías. Mientras, desciende al 10% entre las empresas más pequeñas (la mayoría) y también entre las más grandes (menos de 500).

Las razones de este desinterés creciente por el Plan de Recuperación responde a distintas razones, que dependen desde del propio tamaño de las empresas hasta del impacto de la invasión rusa de Ucrania.

“Por un lado, ante la expectativas generadas con los Next Generation EU y la lentitud con la que se están implantando, muchas empresas han bajado la tensión y seguimiento de estos fondos”, reflexiona Francisco J. Delgado, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. “Las de cierto tamaño siguen teniendo personal propio de seguimiento, o bien contratado servicio de consultoría, para seguir atentos, pero las más pequeñas, quitando el conocido Kit Digital, pueden estar desconectando hasta que haya más oportunidades reales. El riesgo aquí para ellas es la desinformación”, continúa.

Esta “lentitud” a la que hace referencia el profesor también la cita el Banco de España. La institución sitúa “la ejecución e impacto macroeconómico de los fondos europeos” como una de las principales fuentes de incertidumbre para sus últimas perspectivas de crecimiento económico, publicadas el pasado viernes 10 de junio.

“La escasa información disponible sugiere la posibilidad de que se produzca un cierto retraso en la ejecución del gasto con respecto al calendario considerado en las proyecciones”, continúa el Banco de España, que añade que, “además, la incertidumbre existente acerca del despliegue efectivo de los proyectos ligados al programa Next Generation podría comportar retrasos en algunas decisiones de inversión privada, como sugiere la información cualitativa recibida por el Banco de España a partir de sus contactos telefónicos con un conjunto de empresas no financieras de nuestro país”.

Un día antes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló en la Comisión mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea que los obligaciones reconocidas sobre las inversiones del Plan de Recuperación apenas alcanzan los 3.000 millones de euros, mientras que se han autorizado proyectos por casi 12.000 millones. En 2021 se reconocieron 21.000 millones en total, y el Banco de España señala que solo se ejecutaron cerca de 6.000 millones.

El impacto de la guerra

Por otro lado, “la situación económica actual —previsión de que hasta 2024 no se recupere el nivel de PIB pre pandemia [según la OCDE], la inflación y la guerra…— seguramente está provocando que las empresas fijen su atención más en el negocio, en el día a día, que otros asuntos, por muy relevantes que sean”, considera el profesor Francisco J. Delgado.

“Finalmente, una vez que se van conociendo los detalles de las convocatorias, con intensidades de ayuda, combinaciones de préstamos y subvenciones, y demás, puede estar ahuyentando a algunas empresas que esperaban otro escenario más favorable para sus intereses”, concluye.

“Realmente el efecto anticíclico [el efecto de contrarrestar un golpe en la economías como el de la guerra] es limitado y los tiempos de implementación son complicados”, reconoce, por su parte, Carlos Ocaña, director general de Funcas, quien insiste en que “lo importante es en qué medida los fondos son capaces de favorecer la transformación que la economía de España necesita [son claves los Perte del vehículo eléctrico, el de los chips y el de la transición ecológica]”.

El efecto de los fondos europeos en el crecimiento económico de España en 2021 fue prácticamente imperceptible. Para 2022, se estima que acelere en 1,5 puntos porcentuales la actividad. El mayor impacto será en 2023, de hasta dos puntos, según las expectativas del Banco de España.

La propia Calviño ha confirmado que el Gobierno presentará a finales de este mes una adenda a la Comisión Europea para ampliar la cantidad que le corresponde a España de los fondos europeos, cerca de 140.000 millones de euros, 70.000 millones en ayudas y la misma cantidad en préstamos.