El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y PNV para reformar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de reducir la tasa de temporalidad que existe entre los trabajadores públicos. La principal medida, respecto a lo anteriormente planteado, es que los trabajadores interinos que lleven más de cinco años en la misma plaza pasarán a ser fijos sin necesidad de volver a presentarse a la oposición, según el articulado de la reforma al que ha tenido acceso este medio y que ha sido adelantado por El Periódico de Catalunya.
Según figura en el texto acordado, las administraciones tendrán que convocar por el sistema de concurso estas plazas que serán cubiertas con carácter temporal desde antes del 1 de enero de 2016. El documento, que se encuentra en tramitación parlamentaria, señala que este procedimiento tiene “carácter excepcional” y que se realizarán “por una sola vez”. Serán objeto de negociación en los ámbitos territoriales, no solo a nivel estatal, también local y autonómico.
Es decir, los trabajadores interinos deberán someterse a un concurso de méritos y no a unas oposiciones para poder obtener esa plaza, lo que en la práctica facilitaría su conversión en empleados fijos. En una propuesta original de este documento el plazo que se había marcado era de 10 años, que en la negociación parlamentaria se ha reducido a la mitad. Con los partidos participantes en este acuerdo, el Gobierno se garantizaría la mayoría para aprobar la reforma de la ley, una de las piezas fundamentales pendientes en materia de empleo público después de la justicia europea sentenciase contra España el pasado mes de junio por la prolongación de los contratos temporales en el sector público.
De este modo, el Gobierno lograría sacar adelante una reforma que lleva meses gestándose, desde la citada sentencia, con el fin de reducir la alta tasa de temporalidad que existe en el sector público español. Se trata de la principal patata caliente que recibió el Ministerio de Hacienda cuando el pasado mes de julio asumió las competencias de Función Pública, hasta entonces bajo la cartera de Política Territorial, con Miquel Iceta.
El Gobierno, todavía con Iceta al frente, selló en junio un acuerdo con los sindicatos de función pública una reforma de la ley enfocada en el personal interino. El acuerdo incluía algunos cambios de calado en la situación de los trabajadores temporales, al reconocer por primera vez en la historia que se valore la experiencia adquirida en el puesto en las ofertas de empleo público, suponiendo hasta un 40% del cómputo global. Este acuerdo se redactó y se aprobó en el Consejo de Ministros como un Real Decreto Ley.
El Ejecutivo, ya con Montero como responsable de Función Pública, tuvo que esforzarse al máximo en la negociación parlamentaria para poder sacar adelante la convalidación de la norma. Fue aprobada finalmente por la mínima en el Congreso, gracias a un acuerdo in extremis con ERC, aunque se obligaba a tramitarse como un proyecto de ley en la cámara baja. Es decir, el documento estaba en vigor pero se ampliaba el proceso para incluir reformas al texto original. Tuvo el voto a favor de ERC, Teruel Existe, Nueva Canarias, Compromís y PRC, sumado a los del PSOE y Unidas Podemos, además de la abstención del PNV y de Más País.
Así se llega ahora al texto acordado por las cuatro formaciones. La tramitación seguía su curso, sin grandes avances hasta la fecha. Ahora, el acuerdo corrige uno de los principales puntos de la norma inicial, al reducir de 10 años a cinco la consolidación de esos puestos temporales sin necesidad de oposición.
La norma que ahora se ha acordado incluye otra serie de medidas que ya se habían avanzado, entre las que se encuentra el compromiso del Ministerio de publicar anualmente un informe de seguimiento de la situación de la temporalidad en el sector público. También se contempla que las convocatorias de estabilización que se publiquen por las administraciones se podrá prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo que puedan entrar en bolsas de interinos o en bolsas ya existentes. Podrán participar por tanto aquellos que, no habiendo superado el proceso, sí han obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente.
El PNV, que se abstuvo inicialmente, ha confirmado el acuerdo alcanzado con el Gobierno como “una solución a un problema que llevaba demasiado tiempo enquistado”. El grupo vasco en el Congreso apunta que de esta manera se evita “en mucha mayor medida el desacople entre las plazas ofertas y los interinos que pueden aspirar a ocuparlas regularizando su situación”.
El sector público tiene una tasa de temporalidad que supera el 28%, más alta que en el sector privado (25%), y hay muchos casos de personas que han ocupado puestos temporales durante años. El Gobierno cifra unas 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos que en realidad son estructurales, aunque colectivos de interinos consideran que hay muchas más personas como temporales en la Administración de manera irregular. Con este acuerdo, estas plazas deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable” y la tasa de temporalidad de la Administración Pública se debería situar en el 8%.
El articulado incluye una disposición adicional que incorpora otro de los puntos del acuerdo que sellaron el Gobierno y los sindicatos, que es el de la compensación económica. Los interinos que estén en abuso de temporalidad “dará lugar a una compensación económica que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio”, defiende el texto acordado por las formaciones políticas. Si la baja es disciplinaria o voluntaria, el interino perderá el derecho a esta indemnización.
El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. La cantidad está en línea con la cantidad reconocida por el Supremo a los empleados públicos temporales (laborales) en fraude a los que reconoce el estatus de indefinidos no fijos.
El acuerdo incluye igualmente la citada reforma de las oposiciones. A partir de su aprobación, el 40% de la puntuación total podrá depender de la experiencia que se tenga en el cuerpo por parte del trabajador interino, dando un mayor peso a la trayectoria que tenga este trabajador ya adquirida en la administración. Además, se consolida que las oposiciones no tengan el carácter de eliminatorias.