Avales públicos para la exportación: un cóctel de opacidad, deuda y descontrol

El Gobierno está a punto de culminar la privatización de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), uno de los mecanismos de apoyo disponibles para las empresas españolas destinado a facilitar su internacionalización en mercados extranjeros (generalmente, países en desarrollo) y a los que cada año el Estado destina millones de euros. Las ONG critican su privatización porque, según alertan, el proceso aumentará la opacidad sobre el destino e impacto de estos fondos públicos que ya llevan años denunciando.

El CESCE es una agencia de crédito a la exportación, un instrumento habitual en las economías de la OCDE. Hasta ahora era una empresa de capital mixto con más del 50% de carácter público y funcionaba como una aseguradora (o reaseguradora) que da cobertura a proyectos empresariales que, por su riesgo, no suelen ser asegurados por compañías privadas.

Está considerado el principal instrumento financiero que utiliza el Estado con el fin de apoyar la internacionalización de las empresas, aunque no es el único. Como sociedad mercantil, CESCE opera de dos formas: por un lado, ofrece seguros con fondos públicos (los llamados por cuenta del Estado) y, por otro, funciona como aseguradora privada.

Es precisamente el funcionamiento de estos seguros por cuenta del Estado lo que se pretende modificar con el proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, un texto que se debatió en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de noviembre y que ha recibido fuertes críticas.

Se alerta de la pérdida de control ciudadano sobre sus propios recursos, al privatizarse la gestión de unos seguros que cubren a empresas españolas frente a los riesgos de su acción en el exterior por cuenta de las arcas públicas, según denuncia una decena de organizaciones sociales en una carta remitida a los diputados de la Cámara Baja. El texto ha pasado ya al Senado, que ultimará la tramitación de la ley en febrero.

El cambio en la ley es necesario para que el Estado pueda vender la parte que aún es pública y que está en manos de la SEPI. Según publicaba esta misma semana Cinco Días, el Estado se podría embolsar 200 millones de euros por la venta, y las empresas finalistas para hacerse con este negocio son Mapfre, Mutua Madrileña y la francesa Coface.

Las operaciones que realiza CESCE han saltado a primera plana al salir a la luz que la entidad avaló a Sacyr en su proyecto para construir el Canal de Panamá con una póliza de alrededor de 300 millones de euros.

Según avanzó El Mundo, el Tribunal de Cuentas censuró en un informe sobre el ejercicio 2009 esta operación, ya que no se había hecho conforme a los criterios mínimos que marca el Ministerio de Economía, al que estaba en el momento adscrito el CESCE. Si el órdago de Sacyr saliera mal y el contrato para la construcción del canal resultara fallido, la deuda pública tendría que soportar resarcir con 160 millones de euros al Estado panameño.

Privatizar y liberalizar

Para defender el nuevo modelo de reaseguro, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo hincapié en el origen “preconstitucional” del modelo actual. “Hoy, más que nunca, cuando iniciamos la recuperación, necesitamos impulsar el sector exterior con instrumentos eficientes”, esgrimía De Guindos. El Congreso rechazó el veto de la oposición socialista, que no ve razones para su privatización.

Pero las críticas van más allá de la privatización en sí. “Es algo que se repite casi como un mantra, la internacionalización de las empresas españolas es positiva para el país, favorece el crecimiento económico y la salida a la crisis y, además, contribuye al desarrollo de esos países receptores”, recuerda Mónica Vargas, una investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) que lleva más de una década rastreando los procesos de generación de deuda del sistema económico actual.

“La cuestión es qué sucede cuando el Estado asegura con fondos públicos los proyectos de alto riesgo de las grandes empresas españolas, cómo están funcionando estos mecanismos de financiación de operaciones internacionales y con qué consecuencias”, puntualiza.

CESCE, explica Vargas, “es, de entre todos los instrumentos existentes para apoyar la internacionalización, el más importante, el que más fondos mueve”. Los Presupuestos Generales del Estado establecen los límites máximos de cobertura, que para 2013 y 2014 están en 9.000 millones de euros. En 2012, CESCE gestionó seguros por cuenta del Estado, esto es, con fondos públicos, por valor de 6.575 millones de euros, al margen de los 30.000 millones de euros que se emitieron en seguros por cuenta privada.

“Lo que hace CESCE es ofrecer una póliza que asegura a la empresa ante las posibles pérdidas que pueda sufrir con motivo de su actividad exterior. El Estado cubre riesgos de tipo político, por ejemplo, actos de expropiación o nacionalización, riesgos extraordinarios, como las catástrofes naturales o los accidentes nucleares, o riesgos de tipo comercial”, aclara esta investigadora.

Pero detrás de estos mecanismos legales de financiación de la actividad empresarial en el exterior, organizaciones como el ODG han identificado una serie de “fallos” que, ante la posibilidad de que finalmente prospere la iniciativa y el CESCE se privatice, aseguran que se recrudecerán. Llaman la atención sobre la opacidad de este mecanismo, que consideran generador de un mayor endeudamiento en los países empobrecidos a costa, muchas veces, de impactos ambientales y sobre los derechos humanos. Ese es, en ocasiones, el resultado en los países receptores de la internacionalización de algunas grandes empresas españolas.

“En lugar de enmendar sus defectos, el proyecto de ley agrava esta situación”, denuncian, alegando que el negocio, para las empresas y para el Estado, es redondo. “Finalmente, quien acaba asegurando el riesgo de las grandes empresas españolas son los países empobrecidos, no el Gobierno español, porque él lo cobrará como deuda que contraerá el país receptor en caso de que la inversión fracase”, precisa Vargas.

Falta de control

“Estamos hablando de fondos públicos y, por tanto, como ciudadanos, tenemos derecho a la información, deberíamos poder tener un control y acceso a datos sobre la gestión de esos fondos, sobre todo cuando hablamos de esas cantidades, porque son nuestros recursos pero CESCE se escuda en la confidencialidad, les solicitamos información y es muy difícil obtenerla, hay muy poca transparencia”, denuncia Vargas.

En este sentido, eldiario.es ha tratado de ponerse en contacto con CESCE pero desde esta agencia han evadido realizar declaraciones remitiéndose a la posición de la Secretaría de Estado de Comercio al respecto. Tras trasladarle estas críticas, el Ministerio de Economía no ha respondido hasta la fecha sobre ellas.

Además de la falta de control sobre los proyectos que se aseguran con fondos públicos, el ODG destaca la falta de medios de participación y de consulta de las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados. Esto es significativo, según explica esta investigadora, porque generalmente se trata de proyectos con un elevado riesgo medioambiental.

Con fecha de 31 de diciembre de 2012, CESCE había generado una deuda comercial con España de cerca de 3.300 millones de euros, un 20,75% del total de la deuda de terceros países (aunque ha llegado a ser un 49%, recuerda Vargas, “constituyendo el principal generador de deuda de los países del Sur con el Estado español”). Entre los países más afectados, llama la atención encontrarse a un régimen dictatorial como Guinea Ecuatorial, a países en situación de conflicto armado prolongado, como la República Democrática del Congo, o en posconflicto, como Irak, y otros como Cuba, Egipto, Nicaragua o Costa de Marfil.

Este, probablemente, sea uno de los aspectos más silenciados de la internacionalización de nuestra economía, el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente de las inversiones de las grandes empresas españolas en el exterior. “Hay una gran cortina de humo mediática que sólo se explica por los vínculos entre los grandes grupos de comunicación y esas empresas. Esto está bloqueando el acceso real a la información. Es muy difícil llegar al público general con estas historias”, constata Vargas.

Como experta, insiste en la necesidad de que se establezcan formas de control de la acción de las empresas. “Esto es algo que llevamos años denunciando. Se habla incluso de una violación sistemática de los derechos humanos, con total impunidad, sin que mecanismos como CESCE pidan control. Hay documentación sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo están actuando hidroeléctricas, petroleras, constructoras en países como Brasil, Perú o Colombia de manera totalmente impune. Esto es algo que, como sociedad, no podemos permitir”, sentencia.

En este sentido, Vargas recuerda la “gran incoherencia” de la internacionalización de grandes empresas españolas que, apoyadas con fondos y políticas públicas, “están generando impactos negativos para las poblaciones de los países receptores”. Todo esto es incompatible y contradice la propia legislación europea, que supedita a todos sus Estados miembros a cumplir con los principios de la Unión.

En concreto, el artículo 21 del Tratado de Lisboa establece como principios de la acción exterior europea “la democracia, el respeto de la ley, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de equidad y solidaridad”. En resumen, lo que solicitan organizaciones de la sociedad civil como el ODG es que “la legislación internacional en materia de derechos humanos se sitúe por encima del derecho corporativo”.