La intrahistoria del acuerdo de patronal y sindicatos para subir los salarios: “Lo que más costó fue la revisión con el IPC”

El pasado viernes los negociadores de la patronal y los sindicatos mayoritarios estaban aún discutiendo en la mesa cuando saltó la noticia. Había acuerdo salarial con subidas de al menos un 10% hasta 2025. “La filtración sentó muy mal”, dicen varias personas de esa mesa. “Es que seguíamos hablando”. Pero a falta de “flecos” y de la consulta interna formal dentro de las propias organizaciones, lo más conflictivo y la pieza protagonista del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ya se había cerrado con el aval de los jefes: las cifras de aumento salarial entre 2023 y 2025, con una cláusula de revisión anual según los precios. “La cláusula con el IPC fue lo que más costó”, valora una de las personas participantes en la negociación.

Solo habían pasado cuatro días desde que los sindicatos mayoritarios recorrieran las principales ciudades del país en las marchas del Primero de Mayo con los salarios como protagonistas. En sus discursos, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, advirtieron a los empresarios de que si no se cerraba un acuerdo salarial pronto dispararían las movilizaciones.

Sin embargo, para quienes siguen de cerca a los sindicalistas, el tono de ambos dirigentes en el día grande de la lucha obrera no sonaba tan beligerante como en otras ocasiones. El acuerdo se intuía cerca, pero sorprendió cuánto. No había ni terminado la semana y se alzaron las campanas al vuelo del pacto social. La recomendación estatal de subida de salarios era el 4% este año, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025, cantidades que podían aumentar hasta un 1% adicional en caso de que la inflación superara los incrementos iniciales.

Un acelerón en el que ha tenido que ver la urgencia para agilizar la firma de convenios, con unos 1.300 pendientes, y para aplicar las subidas de salarios, pero también las elecciones. Con dos comicios por delante y el Gobierno de coalición insistiendo para que se alcanzara un acuerdo, desde Pedro Sánchez a Yolanda Díaz, las patronales se resistían a que el Ejecutivo pudiera sacar rédito electoral de la firma, según diversas fuentes.

“Ha sido clave la discreción de las reuniones”, opinan todos los participantes en la negociación. El diálogo se había acelerado en “las últimas semanas”, explican en sindicatos y patronal a elDiario.es. Especialmente, tras la Semana Santa, con encuentros presenciales mucho más frecuentes entre las partes que se llevaron a cabo en las sedes de CEOE, CCOO y UGT, en las que se fueron clarificando las cuestiones en las que se podía alcanzar un consenso y las que no. “Vernos tanto ha ayudado al consenso”, considera una de las personas artífices del V AENC. “También que llevamos un recorrido muy largo de acuerdos en los últimos años, en el que se ha forjado confianza entre nosotros”, añade una fuente.

Todas las semanas, las partes avanzaban en la redacción de los textos sobre aquellas materias menos conflictivas, mientras el tema salarial permanecía como principal escollo. Porque el AENC aborda muchas otras materias además de la recomendación salarial: desde las bajas médicas, las mutuas, la desconexión digital o la jubilación parcial, entre otras. “Es como un castillo de naipes. Una sola carta puede provocar que se caiga todo, pero cuando está hace que aguante”, explica uno de los miembros de la negociación.

2022 cayó “casi desde el principio”

El pacto salarial deja una primera gran ausencia: 2022. Año clave por la inflación disparada como no ocurría en las últimas tres décadas, y de una intensa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España respecto a otros países, este año se descolgó de la senda de recomendaciones de aumento salarial acordada por empresarios y sindicatos.

“En realidad, ningún AENC se había aplicado con efecto retroactivo”, reconocen en los sindicatos, desde donde se apunta que 2022 en realidad se cayó “casi al principio”, cuando se empezó a negociar con verdaderas posibilidades de acuerdo.

Ante una negociación ya metida de lleno en 2023, descartar 2022 era prácticamente una “línea roja” de los empresarios, que advertían de que las empresas ya no tenían margen con sus proveedores ni en los precios de ventas para actuar sobre un ejercicio cerrado. Además, ya se habían firmado muchos convenios colectivos, por lo que lanzar una cifra a posteriori podía reabrir conflictos.

Los negociadores dejaron fuera así 2022 y el pacto se abría a 2025, con la mirada puesta en conseguir subidas salariales en los próximos tres años “que permitieran recuperar un poco de poder adquisitivo” en este último año, explican todas las partes, con previsiones de inflación por debajo del 3% pactado. En cualquier caso, los sindicatos destacan que “no renuncian a 2022”, es decir, que aunque no lancen una recomendación general para ese ejercicio es un año en disputa en el marco de cada convenio colectivo.

Se recuperan las cláusulas de revisión con los precios

Si los sindicatos cedieron en dejar fuera del pacto este año clave, lograron situar en el acuerdo final un elemento al que los empresarios se habían negado en redondo: las cláusulas de revisión según los precios, que pueden incrementar las subidas de salarios acordadas inicialmente en los convenios. Unas cláusulas que estaban en decadencia en la negociación colectiva, con solo un 15% de los convenios con esta garantía, y que la crisis inflacionista ha reavivado.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, había rechazado multitud de veces “vincular los salarios a los precios”, una barrera que parecía inamovible para las empresas y que finalmente ha salido adelante en el pacto. Aunque con un máximo: se recomienda incluir cláusulas de revisión según los precios en los convenios hasta 2025 “con un límite del 1%” cada año.

Los sindicatos celebran la propia recuperación de este tipo de cláusulas, en decadencia antes de 2022, y también que está ligada “al IPC puro”, a la evolución de los precios a final de año, con el dato de IPC interanual de diciembre como era habitual en la negociación colectiva.

“La cláusula es de las cosas que más costaron”, reconocen varias fuentes. Ante la cerrazón de los empresarios a la cláusula de revisión según los precios, porque “no todos los sectores son iguales ni tienen las mismas dificultades”, desde CCOO lanzaron un órdago a la patronal: ofrecieron tener en cuenta la situación económica de los sectores en las cláusulas, además de la inflación. Eso sí, con un indicador público e independiente a partir de datos tributarios.

Aunque en un primer momento Antonio Garamendi tachó la oferta de “interesante”, poco después la patronal empezó a rechazarla como una forma de “intervención” del Gobierno en la negociación colectiva. Este marco decayó especialmente tras el anuncio de la vicepresidenta Nadia Calviño de la creación de un observatorio de los márgenes empresariales. Tras un año de gran crecimiento de los beneficios de las empresas, según el Banco de España, la patronal finalmente optó por un indicador “objetivo”. Es decir, que prefería volver a situar sobre la mesa el IPC a arrojar luz sobre los beneficios emoresariales con un nuevo indicador.

Los empresarios trataron entonces de añadir a la cláusula más elementos, como condicionar ma revisión según la evolución del PIB y del empleo, pero en este punto se impusieron los sindicatos con el “IPC puro”.

Apartar al Gobierno para evitar el rédito electoral

Aunque no formara parte del contenido del acuerdo, había otro elemento determinante que ha marcado el paso de la negociación: el rechazo de los empresarios a que el Gobierno de coalición sacara rédito del pacto salarial a las puertas de unas elecciones. En este contexto, la patronal situó como exigencia la total separación del Ejecutivo del pacto social.

Para ello, la firma del acuerdo –que tendrá lugar este miércoles en Madrid– tenía que enmarcarse en un acto exclusivo de los agentes sociales, sin la presencia de miembros del Gobierno como Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que Garamendi había dicho que “no pintaba nada” en este pacto solo un día antes de cerrarlo.

La presencia de miembros del Ejecutivo no ha sido frecuente en los pasados AENC, pero sí había ocurrido en el último (2018), al que acudió la ministra de Trabajo Magdalena Valerio (PSOE) y su antecesora Fátima Báñez (PP). También se presentó el pacto al presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. En esta ocasión, no ocurrirá nada de esto.

Una decisión que Antonio Garamendi ha negado que sea “un veto” y ha argumentado dentro de la lógica de unos comicios en cuestión de días, para “no politizar” el resultado de un acuerdo bipartito, solo social. Sin embargo, desde la patronal se ha destacado a medios conservadores, como El Mundo, que el acuerdo puede ser positivo para Alberto Núñez Feijóo. Es así porque los empresarios sitúan al líder del PP en el Gobierno central pasados los comicios de diciembre, para los que le avecinan “paz social” dos años, hasta 2025. Por su parte, Feijóo ha celebrado el acuerdo social, con una posición próxima con la CEOE, al contrario que su antecesor, Pablo Casado.

Por su parte, en los sindicatos no dan demasiada importancia a la ausencia de una representación del Ejecutivo, que algunos sienten que ha intentado acaparar la negociación bipartita en su discurso de un 'pacto de rentas' inexistente. El protagonismo se centra así en los verdaderos artífices del pacto y se pone en valor “el ejemplo de los agentes sociales” al alcanzar un nuevo consenso en una materia complicada, “que bien podrían copiar en ocasiones los políticos”, opina uno de los negociadores.