La invasión de Ucrania retrasa la reforma fiscal que España acordó con Bruselas y da prioridad a la bajada de impuestos

2022 era el año señalado como la consolidación de la economía española tras la crisis abierta por la pandemia. La alta inflación que venía arrastrándose de hace meses se esperaba que se aliviara a lo largo de la primera parte del año. Pero el 24 de febrero la Rusia de Putin comenzó la invasión de Ucrania y todas estas expectativas se enfriaron. El conflicto bélico, junto con los efectos de las sanciones a la economía rusa, hacen prever una mayor inflación y graves problemas para determinados sectores y ciudadanos. También en España. Y, con ello, las repercusiones son múltiples y de todo tipo. Entre ellas, la reforma fiscal que tiene pendiente España y que, con este contexto nacional e internacional, se verá retrasada en el tiempo.

El Gobierno asume esta realidad y sobre la mesa del Ministerio de Hacienda ya no aparece este asunto como una prioridad, sino el estudio de medidas de alivio fiscal para amortiguar el impacto de la subida de precios en determinados servicios y sectores económicos. El Ejecutivo todavía no lo ha planteado abiertamente, pero a día de hoy no se antoja cercana la reforma fiscal. Hace apenas dos semanas, el comité de expertos entregaba a Hacienda un extenso informe con recomendaciones para abordarla. Ahora, se apunta desde el Gobierno que el análisis trazado por este comité, que había recibido el encargo del propio Ministerio hace un año, obedece a otro contexto económico que es distinto al actual, especialmente tras la guerra de Ucrania.

La situación no es sencilla, ya que tanto el informe del comité de expertos como la propia reforma fiscal eran compromisos que el Gobierno había asumido hace un año con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que España accedía a los fondos europeos. El primer compromiso, el del comité, ya está cumplido, ya que el informe se encuentra en la sede del Ministerio en la calle Alcalá de Madrid desde el pasado 3 de marzo. El segundo, todavía no. En un escenario ideal, en el que el Gobierno constatara que la recuperación económica estaba consolidada –se esperaba que al final de este ejercicio se recuperara el nivel del PIB prepandemia–, las medidas que considerara adecuadas de las propuestas por el comité de expertos podrían ser incluidas en los Presupuestos Generales para 2023. Sin embargo, esta posibilidad pierde fuerza. Por el momento no ha habido una actualización de las previsiones macroeconómicas para España tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero sirva de referencia que el BCE ya ha proyectado que, en el escenario más severo, la previsión de crecimiento sería 1,4 puntos más baja que la proyección base.

El componente 28 del Plan de Recuperación va encaminado a “adaptar el sistema impositivo a la economía del siglo XXI” y tenía un importante protagonismo de los compromisos en materia de fiscalidad verde, como el que afecta a los carburantes. Esta situación económica, sin embargo, complica la capacidad de aplicar medidas que, en su mayoría, van encaminadas a aumentar la recaudación del Estado. Por contra, el Gobierno está proponiendo desde el pasado fin de semana un plan para bajar impuestos tanto en la electricidad como en los carburantes, aunque sin concretar cuáles son las medidas que se van a aplicar. Se espera que este paquete se anuncie el 29 de marzo, en el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha mantenido desde el primer momento la puerta abierta a retrasar la reforma fiscal. Al principio, ante la posibilidad de que los impactos económicos de la pandemia se mantuvieran. Ahora se suma a ello la guerra. “Las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, de modo que, sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma (...), logre acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que no frene la recuperación económica”, ya aseguraba en el Plan de Recuperación. “Será necesario cuadrar adecuadamente las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica”, añadía.

El propio comité de expertos reconoce que muchas de sus medidas es necesario aplicarlas en un contexto de recuperación económica consolidada. Sin embargo, apunta en el Libro Blanco que es “compatible” aunar los principios de “prudencia” respecto a la toma de decisiones con “el deseable anuncio temprano” de las medidas tributarias que se decida adoptar. “El anuncio de un amplio programa de reforma tributaria de medio plazo, con un calendario plurianual de aplicación, condicionado a las posibles contingencias asociadas a la incertidumbre actual sobre la evolución de la economía, proporcionaría credibilidad a la política fiscal y, a la vez, contribuiría a suavizar a lo largo del tiempo las distorsiones en las decisiones de los agentes económicos”, señalaba. “El anuncio en 2022 de un programa detallado y creíble de reforma tributaria reduciría la incertidumbre tributaria de los agentes económicos y evitaría la volatilidad asociada a la introducción de medidas fiscales temporales”, enfatiza el documento.

El Gobierno había retrasado la decisión sobre cualquier reforma de los impuestos en España hasta tener el informe de los expertos. Únicamente se habían avanzado algunas medidas como el tipo mínimo del 15% en Sociedades, respaldado por el acuerdo internacional de un suelo común para la fiscalidad de los beneficios de las empresas. El objetivo del informe era aportar un análisis y propuestas sobre cuatro campos: la fiscalidad societaria, los tributos patrimoniales, los impuestos en la nueva economía digital y la fiscalidad verde.

Subida de impuestos a los carburantes

En este último campo se ha constatado esta semana una disparidad entre lo que proponían los expertos y en lo que trabaja el Ejecutivo, especialmente en cuanto a los hidrocarburos. El informe del comité planteaba, en primer lugar, igualar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, una medida que ya tanteó en su momento el Gobierno para los Presupuestos de 2021 y que acabó en un cajón. En segundo lugar, proponía elevar el impuesto especial, ya que España tiene una menor fiscalidad que otros países. En tercer lugar, creaba un nuevo gravamen sobre los carburantes en función de sus emisiones. En total, el comité cifraba el plan en 8.500 millones de euros.

Ese escenario se pronostica actualmente muy lejano. La guerra de Ucrania ha provocado un aumento del precio del petróleo y, con ello, de los precios de las gasolineras. En más de 1.500 gasolineras del país los carburantes ya se comercializan a más de dos euros el litro. El Gobierno analiza actualmente su capacidad de actuación respecto a los precios de los carburantes y ha comprometido este miércoles que se rebajarán a final de mes. No ha concretado cómo se realizará, pero sobre la mesa está rebajar –y no elevar, como proponían los expertos– la fiscalidad de los carburantes. Son dos los tributos que afectan, el IVA y los Impuestos Especiales, pero parte de esta decisión precisa del respaldo europeo.

El resto del informe está trufado de distintas iniciativas, más o menos concretas, que iban encaminadas a grandes rasgos a aumentar la recaudación de España, con el fin de conseguir una presión fiscal similar a la de los países de nuestro entorno. No se planteaba una subida de tipos del IRPF, ni para las empresas, pero sí la revisión de diversos beneficios fiscales que, en la práctica, lastran sobremanera los ingresos del erario público. También planteaba un amplio paquete de medidas en materia de fiscalidad verde, más allá de los impuestos sobre los hidrocarburos, que incluían ampliar la tributación de los vehículos más contaminantes, gravar las congestiones de tráfico o aplicar tasas a los billetes de avión.

La situación actual provoca que a día de hoy se pronostique compleja la implantación de un amplio paquete de reformas en el sistema fiscal español, que va a ver a lo largo del año cómo se mantiene todavía la merma de ingresos por la rebaja en la fiscalidad de la electricidad y la previsible para los carburantes.

El retraso de las medidas encaminadas a mejorar el sistema tributario español puede, además, provocar un nuevo desencuentro entre los socios del Gobierno. Aunque Unidas Podemos ahora ha respaldado al PSOE con la bajada de los impuestos a la luz y a los carburantes, ha hecho bandera semanas antes de conocerse el contenido del informe de los expertos con su propia propuesta de reforma fiscal, lo que levantó una batalla dialéctica entre las dos alas del Ejecutivo. Podemos puso sobre la mesa un plan con el que pretendía elevar en 30.000 millones los ingresos del Estado. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, apuntó esta semana que “no solo es cuestión de subir o bajar impuestos”, sino que es el “momento” de poner en marcha una “reforma progresiva” para que las grandes fortunas y las empresas eléctricas “aporten más”.

La duración de la guerra y su impacto sobre la economía marcarán el futuro de esa reforma fiscal que España comprometió con Bruselas. El contexto económico que deje este conflicto marcará el tono de los próximos Presupuestos, los de 2023, en los que el Gobierno tendrá que decidir si incluye alguna de las propuestas de los expertos. Estas cuentas serán, presumiblemente, las últimas de esta legislatura, que concluirá a finales de 2023.