La inversión en pensiones privadas se desploma un 60% tras el recorte de sus controvertidos incentivos fiscales

El pasado año fue malo para los planes privados de pensiones. Cayó el patrimonio gestionado, la rentabilidad se desplomó por la caída de los mercados financieros y, además, un nuevo recorte de los incentivos fiscales ha constatado la pérdida de interés para inversores, cuyas aportaciones se han desplomado más de un 60% tras dos ejercicios con menores beneficios tributarios. En 2022, los planes individuales recibieron 1.700 millones de euros, frente a los más de 4.300 millones que entraban en 2020, último año con el marco fiscal anterior.

Los planes de pensiones individuales cuentan con un histórico beneficio fiscal que había sido criticado en repetidas ocasiones por expertos o por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los inversores pueden deducirse la aportación anual a estos vehículos de ahorro al hacer la declaración del IRPF. Hasta 2020, el límite se encontraba en los 8.000 euros. Los distintos informes señalaban que los principales beneficiarios eran las rentas altas. En 2021, los Presupuestos marcaron el nuevo límite en 2.000 euros. El pasado año entró en vigor el listón que se mantiene este ejercicio: 1.500 euros.

Esto ha tenido un efecto inmediato en las aportaciones que reciben estos vehículos alternativos a la pensión de jubilación pública. Prácticamente todos los datos recopilados por Inverco, la patronal de la inversión en España, muestran un retroceso de este negocio. En España, hay poco más de 7,4 millones de personas que participan en estos planes privados. En 2021 desaparecieron más de 66.000 clientes y el año anterior, otros 13.000. Sin embargo, no es más que constatar una tendencia a la baja continuada que se ha producido desde el máximo en 2015.

La caída de aportaciones a estos planes ha provocado en los dos últimos años un fenómeno novedoso en este negocio. El saldo entre la entrada de nuevo dinero por parte de los inversores y la salida de patrimonio para cubrir las prestaciones de los beneficiarios se han tornado en negativo. Es decir, sale más dinero del que entra. En 2021, el primer año en que pasó a estar en rojo, el desfase fue de 117 millones. El pasado año, se multiplicó hasta más de 665 millones. Justo un año antes del recorte de incentivos fiscales, el balance positivo alcanzó un máximo de casi 1.340 millones.

Pero el problema para los planes de pensiones privados van más allá de este desfase entre las entradas y las salidas de dinero para cubrir prestaciones. Los fuertes problemas en los mercados, que igualmente han lastrado a los fondos de inversión, han supuesto una pérdida notable del patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones individuales. Según las propias estadísticas de Inverco, 2022 cerró con 80.200 millones gestionados por estos fondos de pensiones privadas. Son 9.000 millones menos que un año antes.

Buena culpa del recorte lo tiene el desplome de la rentabilidad de estos fondos el pasado año, que cayó entre un 3% y un 13%, en función de los distintos modelos de planes de pensiones individuales. En el foco más amplio que expone Inverco, un plazo de 26 años, ninguno de ellos mantiene un acumulado de rentabilidad superior al 4%.

El de los planes de pensiones es un sector controlado, fundamentalmente, por la banca y, en menor medida, por las aseguradoras. Además, destaca su alta concentración, ya que apenas cinco actores acumulan casi el 75% de todo el patrimonio que gestionan estos planes. CaixaBank es el líder indiscutible de este negocio, con una cuota de mercado que supera el 33%. Santander y BBVA se sitúan justo un escalón por detrás. Renta 4 y Mapfre son los otros grupos que componen el quinteto que domina la gestión de pensiones privadas en España. Si el foco se abre a los diez principales nombres, la cuota de mercado acumulada supera el 86%.

La rebaja de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privadas fue ampliamente rechazada por el propio sector. Patronales como Inverco o Unespa, esta última de las aseguradoras, criticaron la medida, asegurando que limitaba una herramienta de ahorro complementario para las pensiones públicas. No en vano, se trata de un negocio que genera ingresos por comisiones, que han sido potenciados en los últimos años por los bancos.

Menor merma de ingresos

Sin embargo, esta medida venía arrastrando numerosas críticas. No todo el mundo puede permitirse ahorrar 8.000 euros cada año. Según concluyó la Airef, el 66% de esta ayuda fiscal se quedaba entre los niveles más altos de renta. El Gobierno de coalición lo puso entre sus prioridades en materia fiscal en el que fue el primer presupuesto conjunto presentado, el de 2021. La memoria de beneficios fiscales explora, con cada Presupuesto, el coste de los incentivos tributarios que están en funcionamiento en España. Las cuentas que están actualmente en vigor muestran precisamente el impacto que tiene esto para el erario público. El coste, por merma de recaudación, de este incentivo fue de 836 millones en 2022. En 2023 se prevé que sea de 645 millones.

La rebaja fiscal de los planes individuales de pensiones tenía una segunda cara. En pensiones se habla de tres pilares: el primero son las prestaciones públicas y el tercero, las privadas individuales. El Gobierno pretendía potenciar el segundo pilar, el de las pensiones vinculadas al empleo. Se trata de fondos de ahorro para la jubilación cuyas aportaciones las hacen los empleados y la propia empresa. El Ministerio de Seguridad Social ha puesto el foco en esta herramienta y la ha potenciado con una nueva ley que contempla, entre otras cosas, la creación de un fondo impulsado por el propio Estado, aunque de gestión privada, para integrar en él a pymes o administraciones públicas. Además, parte del incentivo fiscal de los planes individuales se ha transmitido a estos colectivos.

Este macrofondo no se ha puesto todavía en marcha, pero sí los cambios fiscales, incrementando la posible aportación a estos planes. Sin embargo, todavía no se ha apreciado un cambio de tendencia en este negocio de los planes de pensiones de empleo. La estadística de Inverco analiza también esta actividad, que a cierre de 2022 tenía un patrimonio bajo gestión de 34.600 millones, unos 150 millones menos que un año antes. Las aportaciones en 2022 fueron de 1.145 millones de euros, en descenso desde 2020. Tampoco han aumentado el número de participes en este tipo de inversión, en caída desde hace una década.

A este recorte de beneficios fiscales que repercutían principalmente a las rentas altas se han sucedido otros. Es el caso de las sicav, unas sociedades de inversión colectiva que se beneficia de una fiscalidad muy reducida. Un cambio en la norma, que corta el atajo utilizado por los grandes patrimonios para sacar partido de este incentivo tributario, se ha traducido en la desaparición de cientos de estos vehículos. La citada memoria de beneficios fiscales señala que se ha reducido en 440 millones el coste para el Estado por esa huida de sicav. A este mismo colectivo le afecta el aumento de IRPF para rentas del ahorro, que se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado, o el nuevo impuesto para grandes fortunas, éste último con una batalla judicial en el horizonte por los recursos anunciados por Madrid y Andalucía.