La onda expansiva de la estratosférica subida de la luz eleva las facturas de millones de hogares españoles, golpea al tejido productivo, impulsa la inflación y presiona las decisiones de política monetaria. Y, bajando al detalle, pone en riesgo a familias vulnerables que tienen en sus casas sistemas de calefacción eléctrica, cuyo consumo es muy superior a la media y puede exceder con mucho lo que subvenciona el Gobierno.
Varias organizaciones advierten de que las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo dejan desprotegidos a los hogares desfavorecidos cuyo confort térmico depende exclusivamente de la electricidad. Y avisan de que, con este nivel de precios, muchas personas en esa situación que estaban fuera del riesgo de pobreza energética pueden caer en ella este invierno.
En los últimos meses, y ante la sucesión de récords del mercado mayorista de electricidad, el Gobierno ha aprobado medidas específicas para proteger a los más desfavorecidos como elevar los descuentos del bono social de la luz hasta el 70% (para los consumidores vulnerables extremos), entregar un cheque extra de hasta 124 euros para el bono social térmico de calefacción o un suministro mínimo vital para diferir los cortes de luz por impago. Y, sin tener en cuenta la renta o circunstancias de los usuarios, el Ejecutivo también ha puesto en marcha rebajas fiscales que se van a extender hasta abril, ha recortado los cargos de la factura y ha puesto un tope hasta marzo a las subidas del gas natural para los suministros con la tarifa de último recurso (TUR).
Pero diversos expertos creen que hay una bolsa importante de hogares vulnerables que se están quedando fuera del foco. Para dar a conocer una problemática que “parece estar pasando desapercibida”, nueve entidades del ámbito social, ambiental y académico han puesto en marcha la campaña #FacturasImposibles en redes sociales y han remitido varias cartas a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, para “visibilizar la problemática en tiempo suficiente para que las familias que puedan estar en riesgo de pobreza energética vean mitigada la situación antes de la llegada del invierno”.
Entre los promotores de la iniciativa están la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), pionera en el estudio de la pobreza energética en España, o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Sus impulsores subrayan que el consumo anual de un hogar cuya calefacción depende exclusivamente de la electricidad se puede ir muy por encima de los 10.000 kilovatios hora (kWh): lejos de la media de un consumidor doméstico en España (unos 3.500 kWh) y a años luz de los límites que subvenciona el bono social eléctrico.
Estos oscilan entre 1.380 kWh/año y 4.140 kWh/año (para una familia numerosa). El resto se cobra a precio de mercado: el de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). En ella el coste de la energía es el que marca cada hora ese mercado mayorista que lleva meses descontrolado y ha comenzado el invierno en el nivel más elevado de la historia.
Para tener el bono social, es imprescindible tener el PVPC, por lo que estas familias se ven “en una ratonera: si te vas del bono social y acabas en mercado libre [con ofertas a precios muy superiores a los de un año normal], probablemente te corten el suministro por impago”. Y si se quedan en él, estarán protegidos por la prohibición de cortes, pero muchos “probablemente se endeuden. Hay dos soluciones y las dos son muy malas”, resume Daniel Álvarez, responsable del área de Proyectos de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, una de las entidades que ha remitido esa carta a Aagesen.
La última de esas misivas a la responsable de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica subraya que “en el contexto actual nos encontramos con un horizonte de difícil solución, ya que los costes relativos al kWh se verán incrementados por una doble causa”: por un lado el Gobierno va a retirar en unos días la reducción de los cargos que aprobó en septiembre. Por otro, la subida estratosférica del gas va a propiciar, según los mercados de futuros, más subidas para 2022.
Solución de urgencia
“Realizando cálculos con familias y hogares que son atendidas en distintos programas y acciones de entidades del tercer sector, observamos un incremento de un 100% en los costes anuales de cualquier hogar, no pudiendo optar por otras soluciones, ya que las viviendas carecen de instalaciones mínimas para optar por otros combustibles, y viéndose condicionadas a posibles situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética”, dice la carta, que pide “una solución de urgencia” que pase por no limitar temporalmente el consumo en el bono social eléctrico.
Esto “permitiría a las familias con calefacción eléctrica pasar el invierno en unas condiciones similares a las vividas en los años anteriores”. También reclaman que puedan acceder al bono social las familias con calefacción eléctrica, presentando una declaración responsable, aunque tengan rentas “ligeramente por encima de los límites actuales”.
Estos se basan en el IPREM, fijado para el año que viene en 6.948,3 euros anuales en 12 pagas. Los límites del bono actualmente son de hasta tres veces el IPREM de la unidad de convivencia si no hay ningún menor; de 3,5 veces con un menor y 4 veces con dos o más menores. La situación de estos hogares “se podría auditar posteriormente con las distribuidoras para comprobar la efectividad y pertinencia de la medida”, según estas asociaciones.
Apagón estadístico
En las misivas a la secretaria de Energía (la primera se envió el 10 de noviembre), se señala que, según un estudio encargado por el Gobierno en 2017 a la Fundación Conama, en España usa sistemas eléctricos un 13% del parque de viviendas principales con calefacción y esos hogares “están habitados en muchas ocasiones por familias vulnerables”.
Pero no hay datos oficiales recientes al respecto. El último censo de población y viviendas del INE que registraba qué combustible para calefacción tenían las viviendas en España data de 2001. Entonces, el 48% de las viviendas principales (unos 6,7 millones) tenían calefacción. En ellas, los combustibles más habituales eran el gas (39%) y la electricidad, con el 37%, que equivaldría a unos 2,5 millones de hogares, de los que el 61% se concentraba en Andalucía, Comunidad Valenciana y Catalunya.
Tras el proceso de gasificación que se ha dado en muchas ciudades españolas en los últimos años, es probable que esos datos estén hoy desfasados. Pero el responsable de la fundación Isadora Duncan estima que “fácilmente haya 2 millones de hogares” en esa situación, que “muchas veces son precarios”, recuerda, porque no han podido pasarse a sistemas más eficientes como el gas.
Álvarez pone el ejemplo del territorio que mejor conoce, León, una zona de inviernos fríos donde hay muchas viviendas de alquiler que cuentan con sistemas de acumuladores de los años 80, muy ineficientes e instalados en viviendas de antiguos trabajadores de la industria del carbón que tenían su tarifa subvencionada.
Carmen Sánchez-Guevara, profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, considera plausible esa cifra de 2 millones de hogares con calefacción eléctrica y añade que esa cantidad no incluye aquellas viviendas sin ningún sistema de calefacción.
“Quizá estemos infraestimando”, dice Sánchez-Guevara, porque en esos casos se suele recurrir a aparatos eléctricos. Esta experta recuerda que las temperaturas extremas “tienen un impacto importante en salud” y “en España muere más gente por olas de frío” aunque “las olas de calor sean más llamativas”.
Como muestra, cita un informe sobre pobreza energética que elaboró para el Ayuntamiento de Madrid junto a los expertos del Instituto Carlos III Cristina Linares y Julio Díaz, y que cifraba la mortalidad adicional atribuible al frío en el municipio de Madrid entre 2001 y 2009 en 1473 muertos anuales. En el caso del calor fue de 344 muertos anuales, cuatro veces menos.
Preguntado sobre este asunto, Transición Ecológica señala que prepara nuevas medidas de refuerzo del bono social. El ministerio lleva ya más de dos meses de retraso en la publicación de los indicadores de pobreza energética que debe actualizar cada año (en este caso, los correspondientes a 2020), según la Estrategia contra la Pobreza Energética de 2019.
“De momento no hemos tenido ninguna respuesta oficial”, dice Álvarez sobre las cartas a Aagesen. En su opinión, a resolver esta situación ayudaría aplicar un bono social automático en función de la renta que prometía esa estrategia del Gobierno y que reclaman diversas asociaciones de consumidores.
Este experto asegura que muchas de esas familias están recibiendo ya facturas del orden de los 200 o incluso 600 euros mensuales y “van a empezar a generar deuda”. En Catalunya están empezando a llegar condonaciones de esas facturas impagadas, al amparo de la ley catalana de pobreza energética 24/2015. Pero este instrumento no existe en otros puntos del Estado. Álvarez advierte del riesgo de que estas familias recurran a préstamos rápidos con elevados intereses para saldar sus deudas con las eléctricas.