¿A dónde irán los 140.000 millones para España del fondo de recuperación europeo? Renovables, eficiencia energética y despliegue de banda ancha

España aspira a 140.000 millones de euros de Europa en los próximos tres años: 72.700 en transferencias y 66.300 en préstamos. De ellos, 56.000 en ayudas directas saldrán directamente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mientras que lo que falta, irá en las nuevas partidas de los presupuestos comunitarios para cohesión y del fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.

Pero, ¿para qué se puede pedir ese dinero? ¿Qué financiará la Unión Europea en forma de préstamos o subvenciones? Este jueves la Comisión Europea ha publicado una guía con la que intenta responder a muchas de estas preguntas al marcar una serie de prioridades para el desembolso de los fondos.

Así, Bruselas establece que los fondos de recuperación que gestionan los Estados miembros directamente a través de programas de reformas financiables a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –672.500 millones de los 750.000 del fondo total; la diferencia, 77.500 millones, irán en programas de la Comisión Europea dentro del presupuesto plurianual– deben centrarse en impulsar las transiciones digitales y verde y estar alineados con el Semestre Europeo –el sistema de gobernanza económica comunitario, que marca recomendaciones por país–, que en su último informe pedía a España mejorar sus sistemas sanitarios.

De esta manera, Bruselas pide proyectos dentro de las siguientes áreas: anticipación de tecnologías limpias preparadas para el futuro y aceleración del desarrollo y uso de energías renovables; mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados; promoción de tecnologías limpias preparadas para el futuro para acelerar el uso del transporte sostenible, accesible e inteligente, estaciones de carga y repostaje y la extensión del transporte público; despliegue de servicios de banda ancha en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G; digitalización de la administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario; la nube digital europea de datos industriales y el desarrollo de procesadores más potentes, de vanguardia y sostenibles; adaptación de los sistemas educativos para apoyar las habilidades digitales y la formación educativa y profesional para todas las edades.

Pero, ¿cuándo deberían los Estados miembros presentar sus planes de recuperación y resiliencia? La Comisión Europea afirma que los Estados miembros “pueden presentar formalmente sus planes desde el momento en que el mecanismo entre en vigor legalmente”, que se espera para el 1 de enero de 2021, cuando se acaben las negociaciones del presupuesto plurianual (MFF 2021-2027), los trámites en el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales –para aumentar el techo de gasto– y la Comisión Europea comience a emitir la deuda para financiar el fondo.

En todo caso, Bruselas establece la fecha límite para la presentación de los planes en el 30 de abril de 2021. Sin embargo, “la Comisión Europea anima a los Estados miembros a presentar sus anteproyectos de planes a partir del 15 de octubre de 2020. Los Estados miembros pueden ultimar sus planes tras la presentación inicial de los borradores”.

“De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo, debe pagarse una prefinanciación del 10% de la contribución financiera a cada Estado miembro”, prosigue Bruselas: “Este pago podría realizarse tras la aprobación del plan a través de la decisión de ejecución del Consejo y la adopción del compromiso legal por parte de la Comisión, lo que significa que los fondos podrían comenzar a llegar ya en la primera mitad de 2021”.

En el marco de estas primeras aproximaciones se enmarca la visita de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a Bruselas hace diez días, cuando se reunió con todos los comisarios económicos del Ejecutivo comunitario. “La Comisión ya está disponible a todos los niveles para colaborar con los Estados miembros en la preparación de sus planes”, afirman en Bruselas.

La Comisión analizará si las inversiones y reformas establecidas en los planes contribuyen a “abordar eficazmente los desafíos identificados en las recomendaciones específicas de cada país”; contienen “medidas que contribuyan eficazmente a la transición verde y digital”; y “contribuyen a reforzar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro”.

La evaluación de los planes por parte del Ejecutivo comunitario luego debe ser el Consejo –los gobiernos de los 27– mediante una decisión de ejecución a propuesta de la Comisión.

¿Qué es “inversión” o “reforma” para la Comisión Europea? Bruselas “apoyará inversiones y reformas que tengan un impacto positivo y duradero en la economía y la sociedad. Las medidas deben abordar los desafíos identificados en el contexto del Semestre Europeo, facilitar las transiciones ecológicas y digitales y fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro”. Es decir, se emplea “un concepto amplio de inversión en capital fijo, capital humano y capital natural. El capital fijo se relaciona con inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, edificios, pero también en algunos intangibles como investigación y desarrollo, patentes o software. El capital humano está relacionado con el gasto en salud, protección social, educación, formación y capacitación. El capital natural son acciones que tienen como objetivo aumentar la proporción de recursos naturales renovables, proteger o restaurar el medio ambiente, mitigar o adaptarse al cambio climático”.

“Las reformas”, dice la Comisión Europea, “deben entenderse en sentido amplio, relacionadas con acciones o procesos destinados a realizar mejoras duraderas en el funcionamiento de los mercados, las estructuras institucionales, las administraciones públicas o políticas clave, como las transiciones verde y digital”.

El mecanismo de asignación consiste en tendrá en cuenta “hitos y metas claros, realistas, bien definidos, verificables y directamente determinados o influenciados por las políticas públicas”. Una vez cumplidos los hitos y los objetivos indicados en un plan de recuperación y resiliencia, “el Estado miembro presentará una solicitud a la Comisión para el desembolso de la ayuda financiera. La Comisión preparará una evaluación y solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero [órgano formado por el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea] sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes”.

Y avisa: “En circunstancias excepcionales en las que uno o más Estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes de otro Estado miembro, podrán solicitar que el presidente del Consejo Europeo someta el asunto al siguiente Consejo Europeo. Si el Estado miembro no ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos, la Comisión suspenderá total o parcialmente la contribución financiera a ese Estado miembro”.

Las últimas recomendaciones a España

Con la nueva Comisión Europea, el Semestre Europeo en sus recomendaciones de primavera por países ha asumido por primera vez los indicadores relativos a la Agenda 2030. Es decir, señalando las carencias en servicios sociales, que mucho tienen que ver con las recetas decretadas en la última década, pero que también abren un nuevo horizonte de reformas en un sentido contrario al de la crisis anterior.

“El sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones”, afirmaba la Comisión Europea en su informe sobre España, de mayo pasado: “Sin embargo, el estallido de la pandemia de la COVID-19 ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias laborales y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud”.

Y Bruselas hace varias recomendaciones concretas a España: en primer lugar, “que tome todas las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejorar la inversión. Fortalecer la capacidad de recuperación y la capacidad del sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores de la salud, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura”.

En segundo lugar, “apoyar el empleo a través de acuerdos para preservar empleos; reforzar la protección contra el desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los programas de ingresos mínimos y el apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital”.

En tercer lugar, “garantizar la aplicación de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, incluso evitando pagos atrasados. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en el fomento de la investigación y la innovación, la producción limpia y eficiente y el uso de la energía, la infraestructura energética, la gestión del agua y los residuos y el transporte sostenible”.

Y, en último lugar, “mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y fortalecer el marco de contratación pública para apoyar la recuperación de manera eficiente”.

Un cambio importante en el funcionamiento del Semestre Europeo a partir de 2021 será que la Comisión Europea dejará de emitir recomendaciones específicas para los países que presenten planes de reforma y resiliencia para recibir fondos: la Comisión evaluará esos planes como paso previo para conceder el dinero. “Esto convierte al plan de resiliencia y reformas en el documento central de coordinación de políticas económicas al menos hasta 2023, cuando se comprometerá el último 30% de los fondos anticrisis”, explica Lucas Guttenberg, del Instituto Delors: “El Semestre Europeo tal como lo conocemos está prácticamente muerto, eso es algo bueno, y ahora se perfila algo nuevo. En esta nueva estructura, los planes de reforma guiarán todo, y lo que se incluirá en ellos serán decisiones fundamentalmente políticas de los Estados miembros”.