Qué es el IRPH y por qué los jueces lo consideran una cláusula abusiva
El pasado día 9, unas horas antes de que comenzara la campaña electoral, Pablo Iglesias, el candidato a presidente de Podemos, lanzaba un tweet denunciando el “abuso de los bancos” con el IRPH y llamaba a la acción para escuchar a los afectados. Rafa Mayoral y Alberto Garzón también se sumaron ese día al hagstag #IRPHEstafa y a la difusión de un vídeo de protesta lanzado por colectivo IRPH Stop Guipuzkoa.
Probablemente muchos de los seguidores del líder de Unidos Podemos ni siquiera sabían de qué hablaba. Es lógico, porque el IRPH es uno los conflictos entre consumidores y banca más desconocidos. En alguna ocasión, en eldiario.es hemos identificado al IRPH como el “euríbor caro”, ya que se trata de un índice similar al famoso indicador de referencia de las hipotecas. Su uso se generalizó en 2008 cuando el euríbor escaló a máximos históricos. Entonces, los bancos españoles comenzaron a ofrecer un índice diferente y, en aquel momento, mucho más barato al que ligar las hipotecas y calcular sus intereses. Se estima que alrededor del 13% de las hipotecas españolas están ligadas a algún tipo de IRPH.
Este índice se calcula en base al precio al que se prestan las entidades financieras, aunque en este caso solo se tienen en cuenta las españolas. Las cosas se torcieron cuando el euríbor comenzó a bajar y ese 13% de hipotecados detectó que su carga de intereses no se reducía con tanta alegría como anunciaban los telediarios. Mientras el euríbor entró en caída libre, el IRPH apenas se ha movido. En la actualidad, el IRPH cotiza en torno al 2,030%, frente al interés negativo (-0,026%) que marca el euríbor.
El apoyo oficial de Unidos Podemos a las reivindicaciones de los afectados, más allá del rédito electoral evidente, llega en un momento de inflexión para los hipotecados que han decidido reclamar la nulidad de este índice ante los tribunales.
La Audiencia Provincial de Álava, el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, el de Avilés o el Mercantil número tres de Castellón están entre la decena larga de jueces que han dictado sentencia declarando nulo el IRPH. Un goteo de resoluciones que no era nada habitual desde que las primeras denuncias por IRPH llegaron a los juzgados allá por 2013.
“Los jueces están empezando a equiparar la utilización de este índice hipotecario como una cláusula abusiva como las cláusulas suelo”, explica Javier Gascón, abogado de la plataforma DenunciasColectivas.com
Un buen ejemplo de esto es la sentencia dictada a favor de una afectada representada por este colectivo en el Juzgado número 3 de Primera Instancia de Castellón. La magistrada Elisa Marti Vilache ha declarado nula la cláusula en la que liga la hipoteca al índice IRPH y obliga a la entidad financiera, CaixaBank, a restituir todos los intereses cobrados de más a la demandante.
Lo más destacado de esta decisión es que para sustentar su argumentación cita sentencias referidas a las cláusulas suelo. Y como en aquellas, se basa en la falta de transparencia y en la escasa información sobre la naturaleza y riesgos que implicaba este índice para justificar su nulidad. Si es o no manipulable no parece tener peso en su decisión.
“Esta falta de transparencia es generalizada entre la mayoría de los afectados por cláusulas suelo y estamos detectando que los jueces cada vez son más sensibles a esta justificación. Hasta tal punto que creemos que este frente puede convertirse en unas cláusulas suelo, segunda parte”, asegura Gascón.
Demostrar un complot
En resumen, esta tendencia simplifica mucho tanto las reclamaciones como la compresión de los jueces de los casos. Hasta hace poco, los afectados que demandaban al banco por sentirse estafados con la inclusión de este índice se enfrentaban al reto de que el juez reconociera una especie de complot bancario. Algo que no es fácil.
Porque al IRPH le ha ocurrido en el terreno judicial lo mismo que a muchos productos financieros complejos; que los jueces no lo entendían. Las primeras reclamaciones de afectados surgieron después de que en 2009, la Unión Europea pidiera a España la supresión de este índice por ser susceptible de manipulación. El Gobierno lo modificó y unificó las tres versiones existentes en un único índice, el IRPH entidades, que es el que actualmente está operativo.
Los abogados que lideran el colectivo IRPH Stop Guipuzkoa, Maite Ortiz y José María Erauskin, pioneros en España en esta reivindicación junto a algunos de los miembros del actual equipo de Podemos, llegaron a conseguir que el propio Banco de España reconociese que el IRPH era influenciable. El motivo es simple. Dadas las pocas entidades que se consultaban para hacer la media que calcula el índice, cualquier movimiento intencionado o no en sus decisiones de subir o bajar tipos impactaba directamente en el resultado final.
En el juzgado número 1 de San Sebastián se llegaron a emitir más de 30 sentencias afirmando este supuesto, aunque luego la Audiencia Provincial les quitó la razón. No ha ocurrido igual en audiencias de otras provincias como Castellón o Guadalajara. Una disparidad de criterio judicial que es muy similar a la que se ha dado con las cláusulas suelo.
Durante los últimos años esto ha llevado a un importante enfrentamiento, no solo judicial sino también político, entre las plataformas de afectados y, sobre todo, Kutxabank, la entidad financiera que más hipotecas emitió ligadas a este tipo de índices. Los afectados han llegado a llevar el caso al Parlamento Vasco, pero la entidad ha hecho caso omiso de la petición y el caso ha llegado al Tribunal Supremo, cuyas sentencias sientan jurisprudencia.
“Eso es justo lo que estaba evitando el resto de entidades, que prefieren pagar el dinero cobrado de más a los escasos demandantes que hasta ahora se han atrevido a ir juicio y evitar que ocurra como con las cláusulas suelo y una sentencia del Supremo obligue a aplicar la devolución retroactiva a todos los clientes”, asegura el abogado portavoz de Denunciascolectivas.com
Según las estimaciones de esta plataforma, “cada propietario de una hipoteca ligada al IRPH debería recibir una devolución por intereses pagados de más de alrededor de 15.000 euros, casi 4.000 euros más que lo que reciben los que consiguen la anulación con retroactividad completa por una cláusula suelo”.