De Islas Vírgenes a Madrid: la mudanza de un imperio agrícola colombiano señalado por financiar a paramilitares

Nuevo nombre en la larga lista de grandes fortunas latinoamericanas atraídas en los últimos años por Madrid. Ahora le ha tocado el turno a Banacol, un imperio de la banana en Colombia, heredero de la polémica multinacional estadounidense Chiquita Brands y señalado por haber financiado grupos paramilitares en ese país.

El lugar donde confluyen Banacol y Madrid es un local en la entreplanta de un anodino edificio de ladrillo en la calle General Díaz Porlier, 21, en el céntrico barrio de Goya. Allí está desde hace unos días la nueva sede de Invesmar Limited, hasta ahora radicada en Islas Vírgenes, y a la que diversos informes han señalado en los últimos años como la matriz de Banacol.

Según el Registro Mercantil español, Invesmar Limited se trasladó a Madrid a principios de septiembre. La empresa, que ha sido rebautizada como Greenplus Investments, SL, está administrada por Víctor Manuel Henríquez Restrepo, presidente de Banacol y de Greenland, el holding colombiano del que cuelga esa empresa agroalimentaria. En su LinkedIn, Henríquez Restrepo dice que es CEO de Invesmar desde hace un año.

¿A qué responde este movimiento? elDiario.es contactó con este ejecutivo, con Banacol y con Greenland para conocer los motivos de la mudanza de Invesmar a Madrid, pero no obtuvo respuesta.

Pese a haber salido de Islas Vírgenes, todo apunta a que la matriz de Banacol sigue teniendo un fuerte vínculo offshore. El socio único de esta sociedad ahora trasladada a España es Invesmar International Investments, SA. De esa denominación social solo hay rastro en otro paraíso fiscal en Centroamérica, Belice.

En concreto, en el 112 de Barrack Road, Ciudad de Belice. En un inmueble con pocos visos de albergar a la propietaria de una multinacional alimentaria (aparentemente allí hay una modesta empresa de alquiler de furgonetas y antes hubo un local de tatuajes y piercings) está el domicilio de Invesmar International Investments, SA.

Esta empresa offshore fue incorporada en Belice el 19 de abril de 2016 con un capital de 50.000 dólares. Sus cifras son propias de un gigante empresarial: en 2021 tenía activos de 310 millones de euros (332,5 millones de dólares) e ingresó 215 millones de dólares, con unos beneficios operativos de casi 42 millones de dólares y un beneficio neto de 30,2 millones, un 42,6% más.

Estos números están recogidos en la documentación que Invesmar International Investments, SA presentó en abril de 2022 en el Registro Mercantil de Panamá, donde Banacol tiene varias filiales, al abrir en ese país una sucursal con 200.000 dólares de capital.

Según esos documentos que presentó hace poco más de un año, uno de los tres directores de esa empresa de Belice es el administrador de esa sociedad ahora trasladada a España desde Islas Vírgenes. 

Víctor Manuel Henríquez Restrepo, de acuerdo con su perfil en LinkedIn, cursó estudios en 2008 en la escuela española de negocios IE. Antes de ser nombrado CEO de Invesmar en septiembre de 2022, desde mayo de 2020, presidió Greenland, siempre de acuerdo con su LinkedIn. Y antes, estuvo año y medio (desde enero de 2019) como CEO de Banacol. A esta última empresa se incorporó en 2007 como gerente de Frutas y Verduras.

“Siempre he desempeñado mi trabajo en el sector agroindustrial convencido de que la sostenibilidad y las buenas prácticas son fundamentales para el desarrollo de un negocio perdurable en el tiempo”, señala en su carta de presentación en esa red social.

Además de Víctor Henríquez Restrepo, los otros dos administradores de esa empresa en Belice son los otros dos miembros “principales” de las juntas directivas de Banacol y de Greenland: Juan Fernando Correa Restrepo y Luis Ignacio Mejía Ángel. 

Este último y el CEO de Invesmar también aparecen en la web de la fundación de Greenland como “miembros principales” de la junta directiva de esa ONG. Como “suplentes”, figuran Carolina Correa Restrepo y Ana Beatriz Henríquez Restrepo.

Banacol, según su web, explota 5.639 hectáreas de plantaciones productivas de banano en Colombia. En 2022 exportó unos 15 millones de cajas de esta fruta y de plátano, y España fue uno de sus destinos en Europa. Desde hace décadas, es uno de los principales operadores de Colombia, que está entre los cinco mayores exportadores mundiales de banano. En 2022 exportó 108 millones de cajas de 20 kilos por importe de 892 millones de dólares, de acuerdo con datos de la patronal del sector.

En 2018, la investigación especial de elDiario.es ‘La tierra esclava’ situaba a Banacol como primer productor de banano de Colombia y segundo exportador, tras Unibán. Los últimos datos de la patronal Augura colocan a Banacol como cuarta exportadora en 2022, con una cuota del 11%. La empresa se acogió en 2013 a la figura equivalente en Colombia al concurso de acreedores en España, pero ha continuado su actividad.

Un puñado de apellidos

Esa investigación, que detallaba cómo se planta en países pobres para consumir en países ricos, relató cómo un puñado de apellidos (los Restrepo, los Henríquez, los Echeverri, los Velásquez…) se repiten y entrelazan entre los grandes dueños del banano colombiano. Explicaba que el 60% de la exportación de banano en Colombia entre 2008 y 2015 se la repartieron Unibán y Banacol, nacida en noviembre de 1980 como una escisión de la primera, fundada por bananeros colombianos en 1966 para romper el monopolio de las multinacionales en el país.

Banacol dio el gran salto en 2004, al convertirse en primer productor de Colombia tras comprar a precio de saldo, por 50 millones de dólares, las más de 5.000 hectáreas de banano que tenía allí la estadounidense Chiquita Brands. Esta había dominado hasta entonces gran parte del mercado, herencia del monopolio que tuvo en América Latina desde los años 20 del siglo pasado su antecesora, la United Fruit Company, con un oscuro historial de violencia y golpes de Estado alentados en esa región.

La multinacional estadounidense tuvo que salir de Colombia en 2004 tras ser acusada por sus vínculos con grupos armados. En 2007, se declaró culpable en Estados Unidos de haber financiado con 1,7 millones durante siete años al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras un acuerdo con el Departamento de Estado, Chiquita pagó 25 millones de dólares, la mayor sanción impuesta hasta entonces bajo la legislación antiterrorista estadounidense. La multinacional logró en 2015 que el Supremo de EEUU rechazase las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos de más de 4.000 colombianos.

A cambio de ese acuerdo con Chiquita para quedarse sus plantaciones en Colombia, Banacol firmó un contrato para seguir vendiéndole gran parte de su producción. El trato especificaba que la parte compradora no era Banacol, sino Invesmar Limited, entonces radicada en Islas Vírgenes, y que, como confirmó esa investigación de elDiario.es con datos del registro de Colombia, ha ejercido durante años como matriz de la sociedad colombiana Comercializadora Internacional Banacol.

Ahora, Invesmar acaba de trasladarse a ese local en Goya. Allí ya figuraba domiciliada desde 2021 Ituren Inversiones SL, también administrada por Henríquez Restrepo y propiedad de Invesmar International Investments SA. En esa dirección está la firma de abogados Ibertax Servicios Integrales SL, que en España ha asesorado al menos a otra firma señalada por el acaparamiento ilegal de tierras en Colombia, la italiana Poligrow, dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma en el país.

Lesa humanidad

En el caso de Banacol, la Fiscalía General colombiana acusó en mayo de 2016 a dos de sus exdirectivos, junto a más de una decena de representantes de la industria bananera del país, de posibles delitos de lesa humanidad por su presunta responsabilidad en la financiación de paramilitares.

Entre ellos, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, que presidió Banacol entre 2000 y 2004. La Fiscalía le atribuyó la coautoría de delitos como concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos armados ilegales.

Semanas antes de formularse esa acusación, en abril de 2016, se incorporó en Belice esa offshore administrada por Víctor Manuel Henríquez Restrepo que maneja más de 300 millones en activos y que sería la dueña de esta sociedad ahora trasladada a España. 

El holding Greenland asegura en su web que “genera valor para sus clientes y accionistas de manera confiable y sostenible” y “cultiva bienestar para sus familias y comunidades”, implementando “buenas prácticas agrícolas, sociales y ambientales de manera responsable”. Presume de haberse convertido en neutra en carbono en 2022. Pero la sombra de la duda persigue a su filial Banacol desde hace muchos años.

En 2012, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia publicó un estudio que implicaba a Banacol en el paramilitarismo y el acaparamiento de tierras en los territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas colombianas del Curvaradó y Jiguamiandó. La acusaba de apoyarse en estructuras paramilitares para promover invasiones de tierras para la producción agrícola en su propio beneficio, con acuerdos ajenos a la aprobación de las comunidades locales.

Cuatro años después, la misma entidad, en otro informe en el que participaron la ONG española Mundubat y el Gobierno vasco, advertía de que “dado el secretismo de las Islas Vírgenes frente a la información de las empresas allá registradas, es imposible establecer los accionistas o directivos de Invesmar”, principal accionista de Banacol.

Y apuntaba “la presunta relación de dichas empresas con el narcotráfico, firme articulador y sostenedor del conflicto armado colombiano”. Recordaba que en febrero de 2010, la Unidad Antimafia de la Fiscalía colombiana ordenó detener a dos suboficiales de la Armada y cinco técnicos de Banacol por pertenecer a una organización “que introducía droga en los contenedores con banano que se encontraban en las instalaciones de Banacol”. 

“Esta organización estaría relacionada con el envío de más de 9 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa incautadas por autoridades internacionales”, indicaba. “Diversas empresas bananeras se han visto involucradas o relacionadas con violaciones de derechos humanos de las comunidades y delitos de narcotráfico relacionados con el despojo y usurpación del territorio”, decía el informe, que pedía “respuestas judiciales sobre estos crímenes” e “investigaciones que aclaren estas responsabilidades y comporten las correspondientes sanciones”.

Banacol, además de banano o plátano, también produce y comercializa plástico o cartón corrugado. Su propietaria, Greenland, se define en su web como “un grupo Agroindustrial colombiano con las capacidades para crear y operar negocios en el agro, la industria, el sector servicios e inmobiliario”, con el propósito de “cultivar bienestar” a través de Banacol o de Wakate.

Esta última, lanzada recientemente, se dedica a la producción y comercialización de aguacate Hass y ya tiene unas 1.100 hectáreas cultivadas. Ahora, la semilla de Greenland se ha plantado en España.