El enfado de Jaime Botín por la publicación de su condena complica su futuro judicial
Todo quedó listo la primera semana de octubre. Listo y firmado. El banquero y filósofo Jaime Botín, hermano del expresidente del Santander, máximo accionista de Bankinter, aceptaba una condena de nueve meses de cárcel y medio millón de euros de multa, y el caso de la compra de su avión privado a través de sociedades de Jersey y Portugal no iba a juicio. El asunto había nacido con una denuncia anónima ante Hacienda y desembocado en un querella de la Fiscalía de Delitos Económicos que acusaba a Jaime Botín y a tres de sus empleados de defraudar más de un millón de euros en la compra y matriculación de la aeronave en el año 2012.
Con el pacto, adelantado entonces por eldiario.es, todas las partes ganaban: el banquero sorteaba cualquier posibilidad de ir a la cárcel -con una pena de 9 meses y sin antecedentes nadie entra en prisión en España y además había un segundo acuerdo para conmutarla por una multa de 94.000 euros- y la Fiscalía y la Abogacía del Estado se garantizaban la devolución del millón presuntamente defraudado en el impuesto de matriculación del jet, además de recaudar una sanción de 500.000 euros. Pero sobre todo se lograba una condena histórica: un representante de la más importante saga de banqueros en España iba a pagar por un delito fiscal en los tribunales.
En nombre de Jaime Botín estampó su firma en el documento de conformidad el pasado 5 de octubre un abogado estrella: el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Justo al lado, en el escrito conjunto que resumía el acuerdo, estaban las del Fiscal de Delitos Económicos Carlos García Berro y del responsable de delitos penales de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal. El documento se remitió al juzgado de lo penal número 25 de Madrid, el que había procesado al banquero por simular que la aeronave tenía su base en Portugal cuando estaba en un hangar de Torrejón para ahorrarse el 10% del impuesto de la matrícula. En total, un millón de euros, de los diez en que se valoró la compra del avión privado.
La información de la condena fue adelantada en exclusiva por eldiario.es el pasado 6 de octubre y pasó casi inadvertida en la prensa durante aquella semana en la que el referéndum de Cataluña y sus repercusiones monopolizaron el debate público.
Solo faltaba un trámite formal: que todas las partes ratificasen el acuerdo en el juicio, fijado para este lunes. Pero todo se torció el jueves, después de que la agencia Efe publicase un teletipo en el que recordaba el pacto y la proximidad de la condena. Al ver la información esta vez sí amplificada por otros medios de comunicación, Jaime Botín ordenó a su defensa dar marcha atrás y deshacer el acuerdo.
Así que este lunes ante la juez el banquero, un millonario de 81 años, lamentó que el buen nombre de su familia se hubiera manchado y argumentó que tras reflexionar sobre la estrategia a seguir había decidido no declararse culpable de un delito que el creía no haber cometido. Su entorno explica que en el acuerdo de octubre pesó sobre todo la idea de exculpar a sus tres empleados imputados en el supuesto fraude.
El fiscal del caso pidió entonces suspender el juicio y que la causa retorne al juzgado de instrucción número 49 de Madrid, donde se inició la investigación. La Abogacía del Estado apoyó esa tesis. Son las dos acusaciones en este sumario que ahora se reabre y que previsiblemente llevará a ambas a endurecer la petición de penas ya mantener entre los acusados al personal de Botín que participó en la operación del avión privado.
Ambas acusaciones podrían solicitar hasta tres años de prisión por el delito fiscal que se imputa al banquero. Además de plantear la práctica de nuevas diligencias.
La causa va para largo y no es la única en la que está implicado el máximo accionista de Bankinter. El banquero también está procesado por un delito de contrabando después de intentar sacar de España un Picasso, Cabeza de mujer joven, valorado en 26 millones de euros. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, una multa de 100 millones de euros y el decomiso del lienzo. La Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Cultura, solicita además de los cuatro años y multa de 104 millones, que se le expropie también la embarcación donde figuraba el cuadro, un majestuoso velero de 64 metros, registrado a nombre de sociedades off shore.
