El economista Jorge Fabra Utray (Madrid, 1949) es desde hace décadas una de las voces más críticas con el funcionamiento del mercado eléctrico español, cuyo carácter “oligopolístico” ha denunciado en repetidas ocasiones. Primer presidente de Red Eléctrica de España (1988-1997), entre 2005 y 2011 fue consejero de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y desde finales de 2017 hasta hace poco más de un año, miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Actualmente preside la junta directiva de Economistas Frente a la Crisis.
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (1972) y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (2003), Fabra, que en enero de 2017, en plena escalada de la luz, exigía en una entrevista con elDiario.es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), heredera de la CNE, abriera expediente a las eléctricas (el organismo acabó multando a Naturgy y Endesa con más de 25 millones por manipular el mercado), atiende por teléfono a este medio un día después de que el Consejo de Ministros aprobase un anteproyecto para poner coto a los denominados “beneficios caídos del cielo” que hidroeléctrica y nuclear reciben gracias a la subida exponencial de los derechos de emisión de CO2.
Considera el texto, que prevé detraer 1.000 millones al año a las eléctricas para recortar un 5% la factura de los consumidores domésticos, un paso “necesario”, aunque insuficiente para atajar los llamados 'windfall profits' o beneficios caídos del cielo, cuya existencia denunció en un informe de la CNE allá por 2008, y que cree consecuencia de los efectos nocivos que a su juicio provoca el modelo marginalista del mercado eléctrico, que “corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea”. “Escéptico” respecto al cambio de hábitos de consumo que se espera con la nueva y polémica tarifa eléctrica, vería con muy buenos ojos una empresa pública que asumiera las concesiones hidroeléctricas que venzan con una gestión “completamente orientada al interés general”.
¿Qué le parece el anteproyecto del Gobierno?
Es un paso necesario y valiente en la dirección del buen gobierno y la buena regulación. Carecía de sentido que las centrales hidroeléctricas y nucleares, que no pagan el impuesto verde de los derechos de emisión, lleven cobrando desde 2005 por unos costes en los que no incurren. Es un beneficio regulatorio completamente inmerecido, porque no corresponde ni a su mejor gestión ni a su mayor competitividad.
Dice que es valiente, ¿pero basta para acabar con los beneficios caídos del cielo ('windfall profits')?
No. Solo con una parte. Los beneficios caídos del cielo se generan por el diseño y la regulación del mercado de la electricidad, que establece que el precio de la central que acaba por cubrir toda la demanda cada hora es el precio marginal que deben cobrar todas las plantas. En ese precio está el precio del derecho de emisión y el del gas [la tecnología que suele casar oferta y demanda], que es muy superior a los costes remanentes de las centrales hidroeléctricas y nucleares. Si el anteproyecto de ley va adelante, eliminará un tercio o un poco más de los 'windfall profits'. Las eléctricas deberían ser muy prudentes. Se han beneficiado durante 16 años de una renta regulatoria, lo que se ha dado en llamar el dividendo del CO2, que han estado disfrutando inmerecidamente desde 2005, salvo un periodo breve, de 2006 a 2009, en el que el Gobierno emitió un decreto minorando esto.
Pero siguen teniendo muy altos beneficios caídos del cielo procedentes del precio del gas que las centrales de ciclo combinado transmiten al precio de la electricidad. Estas centrales adquieren el combustible con contratos a largo plazo, que tienen un precio estable y mucho más bajo que el precio spot de los mercados internacionales. Pero este último es el que se utiliza como referencia para fijar el precio del mercado mayorista; aunque hayan comprado el gas a un precio más bajo. Eso, suponiendo que se comportan de manera competitiva, sin colusión y sin alteración del precio. Así que faltan todavía muchos beneficios caídos del cielo por quitar al precio de la energía eléctrica.
La vicepresidenta Teresa Ribera dice que no hay mucho margen para tocar el sistema marginalista porque la UE no lo permitiría.
En la UE estaban los acuerdos de Maastricht y los pactos de estabilidad, y cuando se han manifestado ineficientes, se ha reaccionado y han cambiado las políticas. El diseño del mercado de la electricidad corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea. Y eso tendrá que cambiar. Pero hay intereses muy fuertes por mantenerlo. Los propietarios de las centrales inframarginales, nucleares e hidroeléctricas, son las empresas incumbentes, las grandísimas eléctricas europeas. Y están enormemente interesadas en que el precio del gas determine lo que cobran esas plantas. Estos lobbies actúan con una intensidad tremenda sobre la Comisión Europea. Y además, se engarzan en una corriente de pensamiento desde los años 90 que es favorable a ese tipo de planteamientos. Pero es un auténtico desastre para la competitividad europea. Un auténtico desastre.
Y en Europa funcionan de otra manera. A veces las comparaciones internacionales nos llevan a conclusiones erróneas, que no tienen en cuenta que las características nacionales, los recursos naturales de cada Estado de la Unión, son diferentes. Y las características naturales influyen muchísimo en la electricidad. Inglaterra y Gales tienen yacimientos de gas en el Mar del Norte y no tienen hidroelectricidad. Eso hace que su sistema eléctrico sea radicalmente diferente al español, que tiene una capacidad de producción hidroeléctrica de grandísima calidad, con mucha capacidad de regulación, es decir, de embalse. Francia tiene una industria nuclear potentísima, integrada desde la fabricación de las centrales, que son públicas, con lo que no hay información asimétrica para el regulador. También tiene un sistema muy diferente al nuestro. Las nucleares están retribuidas por un tarifa fija que no está sometida a las variaciones de los precios del gas.
Así que cuando se dice esto, en mi opinión, no se quiere plantear la batalla. Se escuda uno en que esto es la Unión Europea. No: hay que ir y si es necesario dar un puñetazo en la mesa. España no es una cosa despreciable en los acuerdos europeos. Otra cosa son los muy poderosos intereses que están detrás de todo esto. La UE no puede ser el pretexto para hacer una buena regulación.
Las eléctricas dicen que las nucleares no están amortizadas y que necesitan fuertes inversiones para seguir operando.
Seguramente es cierto. No están amortizadas por la política contable que han desarrollado. Pero a los consumidores no nos tiene que importar su política contable, que es una política empresarial y se mueve en ámbitos muy amplios. Se puede llevar una política contable de acelerar amortizaciones, crear reservas y provisiones para amortizaciones futuras, imputar costes de acuerdo con la optimización desde el punto de vista de la regulación, la fiscalidad o su posición en otros países, porque son multinacionales diversificadas. Lo que le importa al auditor es que los datos sean reales, no falsos. Pero la política contable puede transcurrir con datos reales por unos caminos o por otros. A los consumidores lo que nos importa es la contabilidad regulatoria, que es lo que lleva a las instituciones públicas a emitir sus normas.
En 1997 se emitió una norma [la Ley del Sector Eléctrico] que utilizaba el falso nombre de liberalización, que realmente no era tal, sino desregulación, que no tiene nada que ver. Cuanta más liberalización, más regulación es necesaria, para garantizar la competitividad y que no se impongan los desequilibrios de fuerzas que concurren en el mercado. Pongo siempre el ejemplo de la Fórmula 1: más competitividad que en sus carreras, imposible, pero no hay deporte más regulado.
En 1997 se cambia la regulación y se dice que el precio lo va a fijar el mercado marginalista y la nueva tecnología emergente de entonces, los ciclos combinados. El Gobierno de Aznar, con Piqué de ministro y Nemesio Fernández-Cuesta de secretario de Estado, hace una estimación del precio en torno al cual se va a estabilizar la electricidad en base a previsiones del precio internacional de los combustibles fósiles. Establecen como hipótesis en sus estudios de prospectiva un precio de 36 euros megavatio hora. En función del mix, les sale que unas centrales pierden dinero y otras lo ganan.
Para no producir un shock regulatorio, que las empresas no tengan pérdidas al haber invertido bajo un esquema regulatorio donde recuperaban sus costes de inversión y de funcionamiento, hacen un cálculo central por central: térmicas, hidroeléctricas, nucleares... Y les sale que bajo esa hipótesis de 36 euros por MWh el conjunto de esas centrales históricas, el conjunto, y esto es importante, van a perder 8.664 millones de euros. Crean la figura de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y la ley les garantiza esa retribución de 36 euros por cada MWh desde 1998 hasta 2010, más esos 8.664 millones con los que se compensará al conjunto de las instalaciones. La propia ley decía que si el precio de mercado supera esos 36 euros, la diferencia se considerarían CTC cobrados. Lo que ocurrió es que el mercado se disparó muy por encima de esos 36 euros y a partir de 2005 se empiezan a producir los beneficios caídos del cielo. Entre 2005 y 2006, cobran en concepto de CTC entre 1.600 millones y 2.500 millones de más. Y todavía no tenemos una liquidación de esa cantidad que las empresas adeudan a los consumidores. A esto se unen los derechos de emisión que empiezan a regularse en 2005.
La energía hidroeléctrica es la explotación de bienes públicos, de la fuerza cinética de las cuencas españolas. Se produce una especulación sobre concesiones públicas para la explotación de bienes públicos
Como ex consejero del CSN, ¿qué le parece esa amenaza de cerrar las nucleares antes de lo pactado ante el anteproyecto que acaba de presentar el Gobierno?
Ellos dicen que no las tienen amortizadas. Claro, porque lo que se amortiza, según el protocolo que firmaron con la liberalización, es el conjunto de centrales. Y eso es compatible con que unas estén sin amortizar y otras lo estén en exceso. Las, por llamarlo de alguna forma, sobreamortizaciones para plantas que han recibido más dinero del necesario de la tarifa del consumidor para su amortización, fundamentalmente centrales hidroeléctricas, tendrían que haberlas convertido en provisiones y reservas para las amortizaciones pendientes de las nucleares.
El exceso de retribución de la hidroeléctrica, en lugar de utilizarlo para amortizar las nucleares, se lo han llevado a dividendos, a beneficios y a otros gastos, o a hacer inversiones en Escocia, Brasil, Estados Unidos o Australia. La energía hidroeléctrica es la explotación de bienes públicos, de la fuerza cinética de las cuencas españolas. Se produce una especulación sobre concesiones públicas para la explotación de bienes públicos. Es escandaloso, como lo es el asunto de los derechos de emisión, que llevan produciendo beneficios caídos del cielo desde el día de su creación en 2005.
Todo esto se ha anunciado coincidiendo con la llegada de esta nueva y polémica factura. ¿Qué le parece?
Como observador de la demanda de energía eléctrica en los últimos 40 años, soy muy escéptico respecto a la reacción de la demanda a los precios. Y hay una razón económica. Es un bien esencial del cual no se puede prescindir. Es un input cuyo valor añadido es muy superior a su precio. El consumidor reacciona muy poco a pequeñas diferencias en el esquema y en la estructura de la tarifa. La gente no se va a poner a las dos de la madrugada a planchar: hacen chistes sobre eso porque es de chiste. El tema tarifario no es mi especialidad, pero creo que se está penalizando el consumo en algunas de las horas en las que se concentra la mayor producción de energías renovables, porque son las de mayor demanda, pero es una mentalidad del siglo pasado. Ha sido más una cuestión de los expertos en redes de distribución y de transporte. Una parte del pico de demanda coincide con la radiación solar y tenemos que estimular el consumo de esa energía porque si no, va a sobrar, es energía fluyente. El criterio debería ser penalizar las horas de mayor hueco térmico, por ejemplo, de 18 a 20 horas, cuando mayor producción de energía contaminante haya. Se trata de optimizar recursos para abastecer la demanda y el recurso solar, hidroeléctrico, eólico, esa energía, no tiene coste. En cualquier caso, aunque la gente mantuviera su pauta de consumo, el impacto será más o menos neutro.
¿Qué debe hacer el usuario? ¿Quedarse en la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor?
Yo recomiendo quedarse siempre en el PVPC. Las comercializadoras obtienen su energía en el mercado mayorista y quien contrata con ellos recibe por decirlo de alguna forma el coste de la energía más la prima de riesgo que cobran las comercializadoras al comprar la energía en el pool. Es como un seguro de coche o un hogar. Las comercializadoras no aportan absolutamente nada: son un 'call center' en Marrakech que te hace la factura, no interviene para nada ni en la industria, ni en el comercio, ni en la economía. Es una de las figuras más perniciosas en la organización del mercado. Se habla de mercado minorista, pero eso lo hace el frutero que a las 6 de la mañana se va a Mercamadrid, elige las frutas para sus clientes y las coloca en su mostrador. Eso no existe en el sector eléctrico, donde el distribuidor, que no el comercializador, te lleva la electricidad hasta la mesilla de noche. Es una mistificación, una especie de trasplante de sectores tradicionales a un sector que no tiene nada que ver con el resto.
Usted ha dicho que una empresa pública de energía no serviría para nada si fuera una comercializadora como la que se creó en Barcelona. ¿Se está desaprovechando una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que están caducando y están por vencer en la próxima década?
Mi opinión, que es una visión de naturaleza política, es que sería fantástico que las centrales hidroeléctricas que caducaran se fueran concentrando en una empresa pública. Esta fuente presta un servicio de un valor incalculable para el sistema eléctrico: para cubrir la intermitencia de las renovables, afeitar las puntas de producción contaminante, concentrar la producción cuando una nuclear entra en parada… Su gestión debe ser completamente orientada al interés general, y ahora mismo no lo está. Está orientada al interés de maximización de beneficios por parte de los titulares de las concesiones. La vida es así, yo no lo critico, la regulación es así, tienen derecho a hacerlo y además están obligados a maximizar los beneficios de sus empresas. Pero esa política puede no coincidir con el interés general.