El abuso en las jornadas de trabajo es uno de los focos con más infracciones laborales en España, según los informes de la Inspección de Trabajo. El año pasado, una de cada tres investigaciones del organismo público sobre tiempo de trabajo y horas extraordinarias acabó en infracción y multa, el 34% del total, un porcentaje elevado para las actuaciones de este cuerpo vigilante del cumplimiento de las normas laborales. En total, se impusieron “13,7 millones de euros en sanciones” por estas infracciones, responde a este medio el Ministerio de Trabajo.
Desde las horas extraordinarias sin compensar, ni pagar o que superan los máximos establecidos, hasta las jornadas laborales que no se cumplen por sistema, con prolongaciones recurrentes de los horarios que figuran en los contratos, o la falsificación del registro de jornada, entre otras prácticas. Todo ello suponen incumplimientos de la normativa sobre tiempos de trabajo y quedan bajo la lupa de la autoridad laboral.
La macroinspección conocida este lunes a las llamadas 'Big Four', los gigantes de la consultoría (Deloitte, PwC, EY y KPMG), ha situado estos abusos de nuevo en primera línea mediática. Un secreto a voces en este sector, como explicaban varios trabajadores en este reportaje, con empleados que realizan “12 horas o más” al día de manera frecuente.
Un trabajador de una multinacional de consultoría, algo más pequeña que las 'Big Four', explica desde el anonimato que en su empresa no tenía registro de jornada hasta hace poco, más de tres años después de que fuera obligatorio (en mayo de 2019). “Y ahora ha desarrollado un programa de fichajes que automáticamente te marca de las 9 a las 18.30 horas diariamente”, aunque las jornadas reales son otras. “Eso sí, piden tu consentimiento para poder hacerlo… No conozco a nadie que no lo haya consentido”, relata el empleado.
Sin casos tan extremos como los de las consultoras y auditoras, este incumplimiento laboral es uno de los más extendidos en nuestro país. El Ministerio de Trabajo responde que la Inspección llevó a cabo “32.644 actuaciones” sobre tiempo de trabajo y horas extraordinarias en 2022, que incluyen el control del registro horario obligatorio desde 2019. Tras la investigación, “se detectaron 11.070 infracciones”. Por lo tanto, hubo sanción en más de una de cada tres actuaciones. La cifra de personas trabajadoras afectadas en estos procedimientos alcanzó las “112.884”, añaden desde el departamento de Yolanda Díaz.
Las multas impuestas en 2021 fueron de algo más de 10 millones de euros, según el último informe anual de la Inspección, que destaca que las infracciones más extendidas en los casos analizados sobre 'Relaciones Laborales' fueron las que afectaban al tiempo de trabajo, casi el 40% del total. En 2019, antes de la pandemia, lo mismo. Las sanciones alcanzaron entonces los “6,3 millones de euros”.
“La Inspección de Trabajo realiza una labor constante de control del tiempo del trabajo”, destaca el Ministerio. Su vigilancia no solo es relevante desde muchos puntos de visto. Desde el salarial para los afectados, por los sueldos impagados en los excesos de jornada y las horas extra sin compensar, a la menor cotización a la Seguridad Social por esos periodos. Pero también es un asunto primordial respecto a la salud de los trabajadores. Según un estudio conjunto de la OIT y la OMS, las largas jornadas de trabajo son el factor laboral más letal en el mundo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó este lunes que “no va a quedar ninguna empresa en este país, de la más pequeña a la más grande, por mucho que sea una gran multinacional, que quede al margen de la ley”. Díaz confirmó que las 'Big Four', uno de los símbolos de la élite empresarial, están siendo inspeccionadas en estos momentos.
“El control de la jornada laboral, de los excesos y abusos en la misma, singularmente las horas extraordinarias, sí están siendo investigadas”, reconoció a los medios de comunicación. “Y el mandato es claro: por muy pequeña o grande que sea una empresa, todos somos iguales y todo el mundo tiene que cumplir el principio de legalidad en España”, reiteró la vicepresidenta.
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