El juez propone sentar en el banquillo a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y fraude fiscal

El juez de Madrid que investigaba a Rodrigo Rato propone juzgar al exvicepresidente del Gobierno por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de campañas de publicidad de Bankia y por la creación de una estructura societaria para supuestamente repatriar dinero a España y eludir el pago de impuestos. El titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado, que es previo a la apertura de juicio oral, en el que atribuye indiciariamente a Rato los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Con la resolución conocida este lunes, el juez culmina más de cinco años de investigación sobre el origen de la fortuna del que vicepresidente económico con José María Aznar y director gerente del FMI. 

El magistrado Antonio Serrano-Arnal considera que Rato y otras 14 personas —entre ellas, el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella— deberían ir a juicio por la presunta trama para repartirse dos millones de euros en comisiones por los contratos firmados entre Bankia y las sociedades Publicis Comunicación y Zenith Media en los ejercicios 2011 y 2012, cuando Rato era presidente de la entidad financiera. El magistrado considera que está indiciariamente acreditado que Rato se embolsó una comisión de 835.025 euros por mediar para que las citadas empresas —Publicis Comunicación y Zenith Media— se hicieran con contratos publicitarios. 

“Con el fin de obtener dichos contratos”, dice el auto, ambas empresas habrían abonado a la sociedad Albisa la comisión 2.022.153,89 euros. Esta sociedad, controlada por Alberto Portuondo, señalado como supuesto intermediario en los pagos de comisiones ilegales a Rato, habría transferido después a Kradonara, una de las sociedades del exvicepresidente del Gobierno, la cantidad de 835.024, 64 euros. Esa transacción habría tenido lugar en junio de 2011. Estos hechos serían constitutivos de un delito de corrupción en los negocios, según el auto del juez Serrano-Arnal.

Según la resolución judicial, Rato habría intentado ocultar esa supuesta comisión a través del entramado de empresas que tenía montado en el extranjero desde 2006 precisamente con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España sumas de dinero que ascienden a 7.827.580 euros, según acreditó un informe de la UCO aportado a la causa. Para repatriar ese dinero que Rato ostentaba en el extranjero, el exministro se sirvió de una compleja estructura societaria y utilizó la figura del préstamo participativo entre empresas, lo que lleva al juez considerar que debería ser juzgado por un delito de blanqueo. 

La tercera pata de la investigación es la relativa al fraude fiscal, que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias (nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes) entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda española”.

Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como conferencias. Todo con ello, con el objetivo de pagar menos impuestos al tributar por el Impuesto de Sociedades en lugar de por el IRPF. Además, facturaba estos servicios a través de sociedades con bases imponibles negativas, con lo que eludía pagar impuesto alguno por esos ingresos. 

Rato se encuentra en libertad condicional tras el visto bueno de la Audiencia Nacional a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, comportamiento y la “antigüedad” de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas “black” de Caja Madrid. Rato cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida desde el 25 de octubre de 2018. El exvicepresidente del Gobierno ya obtuvo el pasado octubre el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad, que le permitió salir de la cárcel mediante control telemático.