El titular del Juzgado 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, ha lanzado una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que sea más preciso en su interpretación sobre el uso del índice IRPH en las hipotecas. El tribunal europeo ya se posicionó en marzo, dejando la valoración en manos de los juzgados, mientras que el Tribunal Supremo dictaminó en octubre que estas cláusulas eran poco transparentes, pero no abusivas, por lo que decidió no declararlas nulas.
“La sentencia de 3 de marzo de 2020 —del TJUE— ha dado lugar a diferentes interpretaciones por los distintos órganos judiciales en sede nacional y recientemente por distintas sentencias del Tribunal Supremo, permaneciendo en este juzgador dudas que requieren de más información, relacionado con el asunto objeto de sentencia”, señala en el auto el magistrado.
Se trata del mismo juez que elevó a Europa el asunto del IRPH en febrero de 2018. Audicana ha sometido esta semana al TJUE una nueva petición de decisiones prejudiciales, pidiendo más información ante las “diferentes interpretaciones” de los distintos tribunales nacionales y las “recientes sentencias del Tribunal Supremo”, que apreció falta de transparencia pero no abusividad en varias cláusulas IRPH analizadas.
El magistrado recuerda en el auto que la entidad financiera sobre la que trata este caso presentó una petición para recusarle, cuestión que fue rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
En concreto, el juez ha formulado hasta seis cuestiones que considera que han quedado sin aclarar, como por qué la publicación en el BOE del índice “salva todas las exigencias de transparencia en cuanto al cálculo y composición del IRPH, incluida la obligación de informar al consumidor”, o si resulta contrario a derecho europeo que, una vez declarada cláusula que incorpora el IRPH Cajas en el contrato, el juez lo sustituya por IRPH Entidades, “teniendo en cuenta que ambos se determinan por idéntico y complejo método de cálculo”.
Asufin se ha pronunciado este jueves instando al Tribunal Supremo a que paralice todos los asuntos pendientes de resolución hasta que el TJUE vuelva a pronunciarse, con el fin de evitar un “daño irreparable” para los afectados. “El Supremo no puede seguir despachando asuntos con el perjuicio que esto ocasionará a muchos afectados que no tendrán oportunidad de recuperar su dinero como así ocurrió con la cláusula suelo”, ha señalado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.