“Dispuesto a dar toda clase de explicaciones”. Este fue uno de los últimos mensajes que Luis Pineda publicó en su cuenta de Twitter antes de ser detenido como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de la falsa asociación de consumidores Ausbanc. Lo escribió mientras viajaba en tren de Sevilla a Madrid consciente de que la Policía le esperaba a su llegada a la estación de Atocha con las esposas preparadas. Horas antes había sido detenido su colaborador Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias. De ahí que supiera cuál iba a ser su destino más próximo.
Pineda tendrá a partir de esta semana la posibilidad de ofrecer en público todas las explicaciones que prometió dar aquel 15 de abril de 2016. A partir del próximo miércoles se sentará en el banquillo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar las supuestas tácticas de coacción de Ausbanc, la falsa asociación que quedó desmantelada hace cuatro años con la Operación Nelson.
Con esa entidad Pineda amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía, según la Fiscalía. La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que la tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para Pineda 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público solicita, además, una pena de 25 años de cárcel para Bernad y de doce años para la abogada Virginia López Negrete por delitos de organización criminal y estafa. La letrada, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato, tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las actuaciones en los tribunales con las que Pineda y Bernad reforzaban sus coacciones. En el banquillo se sentarán además otros ocho altos cargos de Ausbanc.
Según la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el dinero que recaudaba Ausbanc procedía en gran parte de los bancos con los que suscribía acuerdos económicos de millones de euros “enmascarados” como convenios publicitarios. La Fiscalía considera que Pineda planeó un “sistema” para “exigir” a estas entidades importantes cantidades de dinero a cambio de evitar la publicación en las revistas de Ausbanc de noticias “desfavorables, peyorativas o alarmistas” respecto a ellas. Estos abonos se camuflaban como inserciones publicitarias, estudios de mercado o patrocinios de jornadas y eventos.
Además, la investigación sacó a la luz que Ausbanc financiaba Manos Limpias para usarlo en beneficio propio como su tentáculo en los tribunales. El pseudosindicato era utilizado para “ejercer presión” personándose como acusación popular contra determinadas entidades o personas para lograr que estas se plegaran a sus peticiones. De hecho, como método de presión a bancos y grandes empresas, Pineda enviaba a sus directivos correos con los procedimientos que tenían abiertos en los tribunales a través de Manos Limpias.
Pagos millonarios
El escrito del Ministerio Público describe pagos millonarios a Ausbanc por parte de algunas de las principales entidades financieras como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia o Barclays y de extintas cajas de ahorro como Caja España, Liberbank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Caja Vital Kutxa o Caja Rural del Sur. El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País.
Con esta decisión, la entidad evita el impacto mediático en este juicio tras haber copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios del comisario encarcelado José Villarejo. De hecho, el banco recurrió al policía para acabar con el chantaje al que le sometía la entidad de Pineda, para lo que pagó a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017.
Entre las supuestas extorsiones sobre las que serán interrogados en la vista oral Pineda y Bernad está la “estrategia” que ambos pusieron en marcha para “intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta” en el caso Nóos por parte de Manos Limpias. La Fiscalía detalla que la trama pidió hasta tres millones de euros a la Fundación La Caixa, donde la infanta era empleada, como condición para desimputarla en esa causa. Ese dinero nunca se aportó y la infanta fue finalmente absuelta por el delito fiscal por el que Manos Limpias pedía dos años de cárcel.
Podemos, que ejerce la acusación popular en el juicio, denuncia que la causa ha estado orientada desde el principio a únicamente considerar a las entidades financieras como las grandes perjudicadas de la extorsión de Pineda. Los letrados de la formación de Pablo Iglesias admiten que algunos bancos fueron víctimas de las “estrategias mafiosas” de Pineda y Bernad, aunque subrayan que en la gran mayoría de los casos estas entidades fueron colaboradoras con Ausbanc en un “engaño” cuyas víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc, como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas. Con el objetivo de defender a estos perjudicados, el partido lanzó a mediados de diciembre una campaña para localizar a los perjudicados y defenderlos en el proceso.