La Junta de Andalucía del PP acaba de emitir nuevos permisos favorables a proyectos fotovoltaicos promovidos por empresas vinculadas a José María García Urbano, alcalde popular de Estepona, y a Salvador Pedraza, concejal del partido en esa localidad de la Costa del Sol.
Las últimas autorizaciones se han firmado a finales de abril, justo antes de que elDiario.es desvelara que una red de sociedades en torno al alcalde, su concejal y los Selfa, una familia de constructores en la Costa del Sol, tramita cerca de 420 megavatios (MW) fotovoltaicos ante la Junta.
Todas esas empresas son propiedad de Bestard España, sociedad domiciliada en Marbella cuyo administrador único es el economista y asesor fiscal Salvador Pedraza, concejal en Estepona. Número tres en la lista que encabeza García Urbano para las elecciones del 28 de mayo, Pedraza es de la máxima confianza del alcalde.
Tres de esas empresas, Mitralex Energía SL, Crisadar Energía SL y Adar Energía SL, cuentan ya con permisos favorables del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para cinco parques solares que suman 232 MW de potencia en las provincias de Málaga, Cádiz y Granada.
El pasado 21 de abril, la Junta emitió informe ambiental favorable, con condiciones, a la planta “Mitralex Tajo de la Encantada”, con 41,56 MW de potencia, promovida por Mitralex Energía en Cártama, Alhaurín del Grande y Alhaurín de la Torre (Málaga).
El proyecto incluye construir una línea de evacuación de 220 Kv y una subestación colectora de 220/45 Kv para transformar la energía de esta planta y de otra instalación que también fue autorizada por la Junta el 21 de abril: el parque “Crisadar Tajo de la Encantada”, promovido por Crisadar Energía SL, también propiedad de Bestard, la empresa que administra el concejal del PP.
El informe favorable reconoce que, pese a las modificaciones del proyecto, esa infraestructura de evacuación tiene “importantes afecciones” sobre el hábitat del águila perdicera, el halcón peregrino o la cigüeña negra, y obliga a soterrar todo el trazado de la línea de alta tensión por el riesgo de mortalidad para la avifauna.
Autorizaciones firmadas por cargos del PP
Las autorizaciones ambientales las firma un hombre del PP malagueño, José Antonio Viquez Ruiz, delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Málaga desde enero de 2021. Viquez, que en 2019, nada más fallecer Alfredo Pérez Rubalcaba, cuestionó en su cuenta de twitter (hoy inexistente), que el socialista fuera un “hombre de Estado” entre alusiones a su “gestión” durante los atentados terroristas del 11M, fue hasta su nombramiento en la Junta alcalde popular de Yunquera, un pueblo malagueño con cerca de 3.000 habitantes.
Estos nuevos permisos se suman a los que ya han recibido otros tres proyectos tramitados por sociedades de Bestard en Granada y Cádiz. En enero, la Junta autorizó a Adar Energía la planta “Adar Puerto de Santamaría”, con 49,9 MW y en los términos de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque (Cádiz). En este municipio, García Urbano ocupa su plaza de registrador de la propiedad, que simultanea con la de alcalde de Estepona.
En este caso, la línea de evacuación planteada inicialmente por el promotor afectaba al espacio protegido del Parque Natural de los Alcornocales. Por eso, el 20 de octubre el Servicio de Gestión del Medio Natural emitió informe desfavorable. Pero Adar Energía replanteó el proyecto al tramitar ambas infraestructuras de forma separada.
Para este proyecto, la autorización ambiental favorable la firmó el delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Óscar Curtido. Se trata de otro hombre del PP: durante doce años y hasta su nombramiento en septiembre, era concejal de este partido en Rota (Cádiz).
En marzo, Curtido también emitió informe favorable vinculante a la planta de Mitralex Energía “Mitralex Puerto de Santamaría”, en San Martín del Tesorillo (Cádiz), de 49,5 MW, y en las cercanías de Los Alcornocales y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos (RBIM).
El proyecto fue modificado tras un primer informe desfavorable de la Delegación de Ordenación del Territorio de Cádiz de noviembre de 2021. Durante el proceso de alegaciones, Ecologistas en Acción expuso que “estos proyectos son insostenibles e inapropiados por su ubicación y van a suponer la desaparición de la Campiña de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y su entorno, que constituyen un valor paisajístico digno de protección”.
“La ocupación del terreno y las líneas eléctricas que soportarán estos espacios, las evacuaciones de energía, las subestaciones,… generarán impactos irreversibles en el medio ambiente, así como sociales y destruirán cientos de puestos de trabajo”, según la ONG, que planteó que “no se están teniendo en cuenta los impactos acumulativos de estos parques solares y eólicos” y no se había realizado “un estudio acumulado en el que se tome en consideración el riesgo que implicaría la instalación de más de 3000 has de parques fotovoltaicos y eólicos en el Campo de Gibraltar y Málaga”.
Según la Junta, “se ha modificado el proyecto reduciendo notablemente su superficie y la afección a hábitats de interés comunitario, con lo que la afección al suelo y a la fauna disminuiría notablemente”.
Competencia de la Junta
Todos los parques que promueven sociedades de Bestard España se ubican en Andalucía. Tendrían menos de 50 MW de potencia, por lo que su autorización ambiental corresponde a la Junta. Las sociedades que los promueven están administradas por Álvaro Núñez, gestor de confianza de la familia Selfa que, al mismo tiempo, figura en el Registro Mercantil como apoderado de Bestard España Inversiones SL.
El nombre de esta empresa, de cuyos accionistas no hay información disponible, remite al de Bestard International, una sociedad luxemburguesa creada en 2020 por la familia Selfa en la que, como reveló elDiario.es, figura como administrador y accionista la española Resina de la Mairena SL, creada en diciembre por el alcalde, su concejal y Álvaro Núñez.
Según el Ayuntamiento de Estepona, el alcalde García Urbano, el concejal Pedraza y Álvaro Núñez son meros “albaceas” de esa familia tras el fallecimiento del patriarca, el promotor inmobiliario Enrique Selfa. Nacido en Valencia en 1938 e íntimo del alcalde, oficialmente Selfa estaba afincado en Loulé (Portugal). Otras fuentes aseguran que en realidad residía en la Costa del Sol y que Urbano y su concejal eran perfectamente conscientes de esa circunstancia.
Las dos sociedades en Luxemburgo de las que es accionista y administradora la empresa que crearon en diciembre el alcalde y su edil manejan activos de 58 millones. Buena parte son inmuebles en Andalucía. La única que los detalla es Bestard International, que participa en una promotora en Marbella junto al polémico constructor José Domingo Rodríguez Losada. Este promotor, conocido por ser el dueño del hotel ilegal del Algarrobico (Almería), tiene importantes intereses en Estepona y se le ha vinculado con el ex comisario José Manuel Villarejo, el escándalo Astapa o el inicio de la Gürtel en la zona oeste de Madrid.
Todas las sociedades de renovables que controla Bestard España empezaron a operar el 23 de mayo de 2019, poco después de la llegada a la Junta de Moreno Bonilla. Comparten domicilio social en la Urbanización Guadalmina de San Pedro Alcántara (Marbella), donde, según el Registro de Luxemburgo, residen los miembros de la familia Selfa para los que, según el Ayuntamiento de Estepona, son albaceas el alcalde, su concejal y el administrador de esas sociedades.
Guadalmina también alberga la sede social de Kasar Altavista SL, la promotora aparentemente inactiva en la que comparten acciones el dueño del Algarrobico y esa firma de Luxemburgo vinculada a los Selfa y al alcalde.
Y en esa urbanización tiene también varios chalés a su nombre la española Bahía de Casares SL, una de las sociedades pertenecientes a esa empresa de Luxemburgo, dueña de varios inmuebles sobre los que pesan órdenes de embargo del propio Ayuntamiento de Estepona, según el Registro de la Propiedad. La información registral refleja varias fincas controladas por empresas participadas por la luxemburguesa Bestard están en esa situación.
Del ladrillo a las renovables
Salvador Pedraza, que ha declinado atender a elDiario.es, figura como administrador único de Bestard España desde su creación en marzo de 2017. Inicialmente su objeto era “la promoción y licitación de operaciones inmobiliarias y servicios relacionados con ellas, así como la información y asesoramiento de ambos a través de la red de internet o cualquier otro medio electrónico”, y “la gestión inmobiliaria y urbanística”. Lo cambió por la promoción de renovables en julio de 2019.
En abril de 2022 Bestard se convirtió en socio único de esas sociedades que administra Álvaro Núñez, con el que elDiario.es contactó a través de una dirección de correo electrónico sin obtener respuesta.
Núñez, el tercer albacea de los Selfa junto al alcalde y su concejal, según el Ayuntamiento, sustituyó en 2019 como secretario de una fundación de esa familia de constructores a Ricardo Chamorro, actual diputado de Vox en el Congreso. La fundación de los Selfa, aparentemente inactiva, se dedicaba a estudiar el legado de la batalla de las Navas de Tolosa.
El concejal Pedraza administra desde hace años sociedades de los Selfa cuyo rastro lleva a Luxemburgo, Holanda, Curaçao y Madeira (Portugal). Ahora ha emergido el nombre de García Urbano, que gobierna desde 2011 con mayoría absoluta ese municipio de la Costa del Sol vecino a Marbella, un punto caliente en la historia española de los escándalos inmobiliarios.
El vínculo entre las sociedades de los Selfa y el equipo de gobierno del PP en Estepona también se extiende al abogado Antonio Zarco, considerado letrado de confianza del alcalde y marido de Ana Velasco, número dos en las listas del partido para el próximo 28M y concejala de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente o Vivienda en Estepona. Zarco ha defendido a sociedades de los Selfa en litigios judiciales y administró hasta 2015 otra empresa vinculada a la familia, la española Explotaciones Golf Fun, SL. Le sustituyó el concejal Salvador Pedraza.
García Urbano fue socio de un condenado en la Operación Malaya prófugo de la Justicia, Juan Hoffman, y vendió locales a mitad de precio a un constructor local del que también fue socio, Bonifacio Solís, en una operación sobre la que la Fiscalía ha requerido documentación al Ayuntamiento.
Famoso por aquel peligroso tobogán que se inauguró en 2019 y duró 24 horas abierto, el popular fue ese año por segunda vez consecutiva el alcalde más votado en las mayores ciudades españolas, con casi el 70% de los votos.
El político es, además de registrador de la propiedad, abogado del Estado en excedencia y notario, plaza que es incompatible simultanear con la de registrador. En su notaría en Estepona se firmó una madrugada de agosto de 2003, cuando estaba en ejercicio como fedatario público, la moción de censura que derrocó al ex alcalde marbellí Julián Muñoz y que impulsaron el fallecido Jesús Gil y el cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, del que su socio prófugo, Hoffman, fue testaferro.
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