- En 2015, hasta 14 abogados del Estado se pasaron al sector privado y ya casi la mitad del cuerpo ha dejado de defender los intereses públicos
Los abogados del Estado son una pieza muy codiciada por las grandes empresas (uno de cada diez acaba en compañías del Ibex 35) y es muy habitual que, tras lograr su plaza en una de las oposiciones más duras que existen en España, la abandonen acogiéndose a una excedencia voluntaria para marcharse al sector privado, como han hecho cerca de 40 funcionarios de este cuerpo de élite desde 2012. Pero hay una fórmula intermedia que, en principio, beneficia a la Administración y a estos funcionarios, porque les permite compatibilizar el servicio público como defensores del Estado en todo tipo de litigios con los negocios privados, en especial, el ejercicio de la abogacía para empresas y particulares.
Esa fórmula es lo que se conoce como “nivel 24”, en referencia al grado que se les asigna en el escalafón funcionarial una vez obtienen permiso para trabajar en el sector privado. Como explica José Ignacio Monedero, of Counsel del despacho DLA Piper, abogado del Estado en excedencia y ex presidente de la asociación de Abogados del Estado, esta situación administrativa es “muy secular” en este cuerpo de élite. Los niveles 24, resume, “pueden compatibilizar siempre y cuando no litiguen contra la Administración General del Estado ni empresas del sector público estatal”, algo que “nadie hace porque habría un clarísimo caso de conflicto de intereses”.
Actualmente, según el Ministerio de Justicia, hay 38 abogados del Estado en esa situación, que a cambio de una notable reducción de sueldo (cobran en torno a la mitad que sus compañeros, que tienen nivel 29 en la escala de funcionarios) y trabajando las mismas horas, pueden luego prestar servicios en el sector privado. Sus nombres están recogidos a nivel interno en la relación de puestos de trabajo de la Abogacía del Estado (dependiente de Justicia) que aprueba Hacienda, pero es imposible precisar quiénes son, porque ni Justicia ni Hacienda facilitan ningún dato al respecto.
El pasado 15 de febrero, eldiario.es solicitó a Justicia la relación de abogados del Estado en esa situación. Un portavoz de Justicia indicó que hay 38 funcionarios del cuerpo con la preceptiva autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el ejercicio de actividades privadas, pero declinó identificarlos porque es información “confidencial”. No obstante, animó a solicitar los datos a Hacienda a través del portal de la Transparencia.
Tras la correspondiente consulta, la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, María López Laguna, ha denegado facilitar la relación de abogados del Estado en activo que tienen esa autorización, su puesto actual en la Administración y para qué actividades tienen concedida la compatibilidad. En su respuesta, López Laguna señala que, desde el 1 de enero de 2014, “momento a partir del cual se considera que procede facilitar los datos a los que se refiere la Ley 19/2013”, de Transparencia, hasta el pasado 22 de febrero, “sólo un funcionario del Cuerpo de Abogados del Estado ha obtenido el reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”.
Bufetes, empresas y sicavs
Hay varios abogados del Estado en activo que al mismo tiempo desarrollan otras actividades, como las de árbitros en procedimientos litigiosos, o que son consejeros, secretarios o presidentes de empresas privadas o de sociedades de inversión de capital variable (Sicavs). Algunos ocupan cargos en empresas familiares, como Víctor Murcia Vela, jefe jurídico de la Agencia Tributaria en Alicante que, al mismo tiempo, preside la inmobiliaria familiar Ferris Hills; o Rafael Santacruz Blanco, consejero y secretario de varias inmobiliarias en Aragón, entre las que está la que explota la estación de esquí de Astún, en Huesca.
Pero, ¿quiénes son esos 38 abogados del Estado con la compatibilidad concedida? Entre ellos está Vicente Fenellós Puigcerver, abogado del Estado en la Agencia Tributaria que, al mismo tiempo, atiende un despacho en Valencia para temas de derecho administrativo y penal. En el cuerpo desde 1993, es uno de los niveles 24 más antiguos (lleva en esa situación desde 1998) y no tiene inconveniente en atender a eldiario.es. Defiende que este régimen “genera un montón de costas en favor del Estado con un importante ahorro en sueldos” y que “hay grandes asuntos que han ganado niveles 24 en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo”. Su régimen de incompatibilidades “es absolutamente igual que el del resto de funcionarios”, recalca Fenellós, que duda “que haya compañeros que puedan defender por la mañana una cosa y por la tarde otra”.
Otro nivel 24 es Juan Zabía de la Mata, abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas desde 2000, que tiene su propio despacho junto con su padre, también abogado del Estado (en excedencia) y otro socio. Zabía, que llegó a ser consejero de una empresa cotizada en Bolsa (Biosearch) entre 2008 y 2010, también administra Previsalia, consultora especializada en prevención del blanqueo de capitales. Entre los clientes de su despacho está el Grupo de Empresas Alonso Marí (GEAMSA), cuyo nombre comercial es Insotel. Una de las empresas de Insotel, la naviera Sercomisa, se adjudicó en 2010 una concesión de la Autoridad Portuaria de Baleares para explotar durante nueve años la gestión de amarres en el puerto de Palma. La Autoridad Portuaria de Baleares es uno de los organismos públicos cuya actividad debe fiscalizar el Tribunal de Cuentas.
El pasado 18 de febrero, tras interesarse eldiario.es por sus actividades privadas, Zabía remitió a esta redacción un burofax de cuatro páginas en el que niega incompatibilidad alguna y subraya que la Ley del personal al servicio de la Administración pública de 1984 sólo prohíbe “la pertenencia a consejos de administración o el desempeño de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias”. “Sercomisa es una sociedad independiente de GEAMAS, que es la compañía para la que yo he llevado algunos pleitos y que es cliente de mi despacho”, añade Zabía para explicar que figure en el Registro Mercantil como apoderado de GEAMSA.
Un abogado del Estado en activo que trabaja con dedicación completa recuerda que, en la práctica, en el ámbito contencioso-administrativo o civil, cualquier miembro del cuerpo puede ejercer como abogado porque no es necesaria su presencia física en los pleitos. En el caso de los de nivel 24, cree que esta opción es “una posibilidad muy buena de irse poco a poco hacia la excedencia total”. “Sabemos que suscita recelos y siempre están en el punto de mira por parte de la Abogacía General del Estado, pero la gente tiene un especialísimo cuidado en no meter la pata” y la política que sigue Justicia para evitar incompatibilidades es “de dureza extrema”. “Nunca se quiere que un nivel 24 trabaje en una gran firma; aprovechan para montar un despacho pequeñito y, si termina creciendo o un despacho grande quiere absorberlo, ya piden la excedencia”, resume.