El juzgado de Madrid pide embargar créditos a la corporación chilena de cobre para indemnizar a ‘El Clarín’, el diario confiscado por Pinochet

El juzgado 101 de Madrid ha activado ya los mecanismos legales para asegurar que los inversores españoles en las empresas editoras de El Clarín, diario chileno confiscado por Pinochet en 1973, sean indemnizados, tal y como dispone el laudo del CIADI, el organismo de arbitraje en inversiones del Banco Mundial. En un decreto del pasado marzo, el juzgado comunicó a la multinacional francesa Nexans, uno de los grandes actores globales de la industria de sistemas de cable, el embargo de cualquier pago pendiente de su filial en España, Nexans Iberia, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), suministradora de materias primas, para cumplir la indemnización de 551 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros) fijada por el auto del mismo juzgado de Madrid que ejecuta el laudo.

Ni los gobiernos de Chile ni de España se han pronunciado públicamente sobre el caso ni han respondido a las preguntas de elDiario.es, pero el procedimiento sigue su curso y el decreto del juzgado del pasado marzo muestra que, como sucede con los laudos del CIADI, no se trata de un resarcimiento moral, sino obviamente económico: hay que pagar una indemnización por violar el Tratado entre España y Chile de protección de inversiones extranjeras. Actualmente, El Clarín se edita solo en formato digital, mientras que sus edificios siguen a día de hoy ocupados por militares.

El decreto del juzgado 101 de Madrid, tomando como base las normas previstas en la ley española para las ejecuciones, “declara embargados los créditos líquidos y derechos de toda naturaleza que existan en la empresa Nexans Iberia a favor de la mercantil Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco Chile) en cuanto sean suficientes para reclamar las responsabilidades reclamadas”, que recuerda que ascienden a 551 millones de dólares. El decreto judicial ordena a Nexans a efectuar el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado.

A preguntas de elDiario.es, Nexans Iberia admite que recibió el requerimiento de embargo por parte del juzgado y explica que ya ha contestado al juez manifestándole que “no adeuda cantidad alguna a la empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile, SL”. Por su parte, Codelco no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre el decreto del juzgado y las repercusiones que pueda tener para los negocios de la compañía.

Nexans, con sede en París, es una de las grandes multinacionales de los sistemas de cable, con una facturación anual cercana a los 7.000 millones de euros y 26.000 trabajadores. Por su parte, Codelco es la empresa estatal chilena del cobre, que atesora el 6% de las reservas mundiales de este metal imprescindible para fabricar cables y componentes electrónicos. Su facturación superó los 20.000 millones de dólares en 2021.

A pesar de que Nexans Iberia dice que no tiene en estos momentos ningún pago pendiente a Codelco, el decreto de embargo de pagos de la multinacional francesa pone de manifiesto el riesgo que supone para Chile seguir sin indemnizar a los propietarios de El Clarín, que desde 1990, cuando se abrió el periodo democrático en el país suramericano, están ofreciendo un acuerdo amistoso. Los efectos concretos del decreto de embargo alcanzan a todos los bienes y créditos del Estado chileno de naturaleza comercial dentro y fuera de España. Conforme dispone la normativa europea, el decreto del juzgado español es de aplicación directa en los tribunales de todos los estados de la UE y también todavía en los de Reino Unido.

El arbitraje internacional del diario El Clarín, el más largo de la historia del CIADI y de Chile, ha entrado en la fase de ejecución tras 25 años de litigio. El procedimiento arrancó en 1997, cuando Víctor Pey, el empresario español propietario de las acciones del diario, acudió al organismo de arbitraje del Banco Mundial ante la negativa de Chile a un acuerdo que le permitiera reeditar el diario en la nueva etapa democrática tras la dictadura. Tanto España como Chile son firmantes de los tratados del CIADI y, en consecuencia, se han comprometido a acatar sus decisiones, que son ejecutables en los tribunales de cualquiera de los países miembros con la fuerza de la cosa juzgada en sentencia firme, sin posibilidad ya de recurso sobre el fondo.

Pey, que se había exiliado a Chile tras la guerra civil española, falleció en 2018 a los 103 años sin ver el final del largo procedimiento alrededor del diario, el más leído en Chile antes del golpe de Estado con ventas medias diarias de 250.000 ejemplares. Antes de fallecer cedió las participaciones a la Fundación Española Presidente Allende (90%) y a su hija, Coral Pey (10%), que prosiguieron la lucha jurídica. Finalmente, el CIADI confirmó en 2020 de forma definitiva el derecho a una indemnización pecuniaria de todo daño que pueda demostrar, y en diciembre de 2021 el juzgado 101 de Madrid plasmaba en un auto la valoración de las acciones por la consultora Accuracy, con sede en París, una de las referentes internacionales en arbitrajes: 551,77 millones de dólares. De ellos, 429,797 millones de principal y 131,972 en intereses de demora.

El Gobierno chileno, entonces todavía en manos del derechista Sebastián Piñera, se negó a recibir la notificación del auto del juzgado 101 de Madrid, que se remitió también a Santiago por cauces diplomáticos. El juzgado tiene aún que pronunciarse sobre si la negativa de la embajada chilena en Madrid a recibir la notificación le ha hecho perder o no los plazos a Chile para oponerse a la ejecución.

Pese a que en su día Piñera se había comprometido solemnemente ante el Parlamento europeo a cumplir con el laudo cuando fuera definitivo, optó por pasar la patata caliente a su sucesor, Gabriel Boric, quien como diputado opositor había abanderado la causa de El Clarín. Sin embargo, el Gobierno chileno guarda silencio. También el español, a pesar de que desde la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Couso está obligado a otorgar protección diplomática a los españoles víctimas de un ilícito internacional judicialmente establecido. Ninguno de los dos Ejecutivos ha respondido a las preguntas formuladas por elDiario.es.