El fondo Lazora plantea subidas del 40% en las renovaciones de contratos de alquiler en plena crisis del coronavirus

El fondo de inversión inmobiliaria Lazora, que en la actualidad posee 7.000 viviendas, está ofreciendo a algunos de los inquilinos a los que se les aproxima el plazo de vencimiento de contrato un “programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación” mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la crisis de la COVID–19 con subidas de un 40% de los alquileres, en algunos casos. A otros directamente les comunica la finalización de su contrato en los próximos meses.

El decreto del Gobierno incluye la opción de una renovación de seis meses del alquiler para contratos que venzan hasta dos meses después de que finalice el estado de alarma (en estos momentos el próximo 11 de mayo), pero solo si estos inquilinos lo solicitan.

En uno de los casos que ha podido comprobar este periódico, la renovación de contrato implicaría una subida del 40% del alquiler los tres primeros años y del 53% los cuatro restantes (al ser un gran tenedor están obligados a hacer contratos de siete años) al sumarle otros conceptos como  gastos de comunidad, IBI y un seguro, aparte de los incrementos por IPC.

“Estamos viviendo momentos inéditos y difíciles sobrevenidos por la crisis sanitaria. Desde Lazora estamos lanzando distintas iniciativas para hacer frente a este desafío con el fin de minimizar el impacto de esta situación extraordinaria en nuestros clientes”, comienza el primer burofax recibido por Álex, inquilino de Lazora en Badalona, el pasado 30 de marzo. Su contrato, que vence el próximo 30 de junio, supone en la actualidad una renta de 875 euros mensuales.    

En este caso, denunciado por el Sindicat de Llogateres, la propuesta que le hacen es una renovación por 1.215 euros los tres primeros años (más la subida del IPC interanual), y de 1.345 los cuatro siguientes, es decir, subidas del 40% y de al menos el 53% respectivamente. 

Según le comunican, esta oferta se enmarca en la puesta en marcha de un “programa extraordinario de revisión de las condiciones de renovación mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno”, como “parte de nuestra política de responsabilidad social”.

 

Unos días más tarde, el 17 de abril, Álex recibe otro burofax informándole de que solo contará con otros 30 días naturales como máximo para aceptar la oferta que le hace el fondo de inversión oportunista.

Para los sindicatos de inquilinos, Azora, la empresa matriz del fondo inmobiliario, “utiliza la COVID-19 para sacar más rendimiento de sus inquilinas”. “Es la misma imagen de cómo un fondo buitre pretende aprovechar la crisis para especular todavía más con sus viviendas a costa de la situación de inseguridad de sus inquilinos y obviando las medidas implementadas por el Gobierno en materia de vivienda”, continúan. 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia que el fondo “presiona con una última oferta de renovación del contrato con las mismas cláusulas abusivas; y limita esta propuesta contractual al tiempo de vigencia del estado de alarma. Por otro lado, utiliza un lenguaje insultante e inmoral cuando publicita en prensa su interés para estudiar las situaciones de vulnerabilidad de sus inquilinos, cuando nunca ha mostrado voluntad de negociación”. Uno de los detalles más criticados por algunos de sus inquilinos son las campañas que les han hecho llegar recomendándoles actividades físicas como el yoga durante el estado de alarma.

“Afirmamos que Azora/Lazora condiciona a las familias a decidir su futuro durante el periodo de confinamiento y pandemia, siguiendo imponiendo subidas abusivas y contratos de tres años enmascarados en siete años. Solo hace unas semanas, se negaban a renovar los contratos que vencían los próximos meses y no daban ninguna explicación a las familias. Pero justo estos días, en plena crisis, la inmoralidad y la falta de empatía hacia sus inquilinos llega a unos extremos inimaginables”, añaden.

Un portavoz oficial de Lazora niega estas acusaciones en declaraciones a eldiario.es. Aseguran que no están aprovechando el estado de alarma para renovar ni actualizar rentas, ya que “es un proceso que estaba en marcha, con vencimientos ya previstos, antes de dicho estado” y recuerdan que si el inquilino solicita la prórroga de seis meses, automáticamente ésta se concede por ley.

Al respecto, señalan que en abril, a pesar de la opción de renovación automática de contrato a la que obliga el Gobierno, se han solicitado cerca de una treintena de renovaciones de contratos a siete años, “una prueba de las condiciones competitivas que ofrece Lazora”, afirman, con “precios en sintonía con los marcados por la Generalitat como referencia en las distintas zonas, y también con los precios de mercado”.

Además, señalan que “Lazora siempre revisa cada caso de forma individual y ofrece soluciones y alternativas a aquellos casos que puedan presentar vulnerabilidad social” y recuerdan que plantearon planes especiales de ayuda a sus inquilinos antes de que el gobierno aprobara el real decreto de ayuda a inquilinos vulnerables, momento en el que empezaros a ofrecer las moratorias que marca la ley a estos perfiles. “Lamentamos que desde plataformas de activistas se quiera generar alarma social aprovechando un momento de emergencia como el actual, creando confusión entre nuestros inquilinos”, subrayan.

Salidas sin opción de renovación  

En otras ocasiones, la empresa directamente está comunicando el próximo fin de contrato sin ofrecer opciones de renovación, ni siquiera por mayor precio, como se puede ver a continuación. Una de estas inquilinas, a la que le finaliza el contrato el 1 de junio, tiene derecho a pedir una renovación de seis meses. La familia a la que le vence el contrato el 29 de julio dependerá de si se alarga el estado de alarma para optar a dicha prórroga de medio año, ya que sobrepasa los dos meses desde la finalización del plazo estipulado por el Gobierno.

Tanto los inquilinos a los que se les ofrece renovar por más renta como los que no han recibido ninguna oferta dicen desconocer el motivo de estas diferencias de trato.