Pistoletazo de salida al debate de pensiones esta semana pasada en el Congreso de los Diputados. El Pacto de Toledo tuvo su primera reunión, más bien protocolaria, pero en la que todos los grupos parlamentarios alcanzaron ya un punto común: negociar sobre el borrador que fracasó en el último momento la pasada legislatura. Todos han coincidido en no “tirar por la borda” más de dos años de trabajo, como les pidió la nueva presidenta de la comisión, Magdalena Valerio. En este curso político hay importantes novedades: Unidas Podemos ahora forma parte del Gobierno y la extrema derecha de Vox ha entrado en el Parlamento.
La primera de estas novedades es señalada a eldiario.es por varios partidos, en off o públicamente, como “una oportunidad” de estar más cerca de un acuerdo en la comisión parlamentaria en este nuevo curso político. Distintas formaciones consideran que ahora Unidas Podemos tiene más motivaciones para intentar cerrar las recomendaciones sobre el sistema de pensiones que diseña el Pacto de Toledo, ya que el Gobierno de coalición del que forma parte se ha comprometido en su programa de actuación a impulsarlo y partir de él para su prometida reforma del sistema de la Seguridad Social.
Creado en 1995, el Pacto de Toledo nació para intentar apartar el tema de las pensiones de los ataques políticos entre las distintas formaciones y garantizar un espacio de encuentro y debate en el que los partidos pudieran llegar a consensos sobre el futuro de las pensiones. Aunque no legisla y sus recomendaciones no son vinculantes, los Gobiernos lo han tomado generalmente como base para legislar en el sistema de la Seguridad Social. El PP no lo hizo en su reforma unilateral de las pensiones de 2013, que acabó suspendida en la práctica ya durante el mandato de Mariano Rajoy.
Unidas Podemos hasta el momento ha mantenido posiciones alejadas de la mayoría de partidos en algunos aspectos del debate sobre pensiones, como los planes complementarios y el destope de las bases máximas de cotización, en los que era difícil llegar a un punto en común. En la anterior legislatura, la portavoz del grupo confederal en el Pacto de Toledo era Aina Vidal y tenía un papel destacado la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sí logró cerrarse un acuerdo respecto a la recomendación 2, sobre la revalorización anual de las pensiones, que se pactó que fuera “en base al IPC real”. Este acuerdo, que no firmó ERC, tenía no obstante diferentes interpretaciones según el partido político.
Varios diputados contactados también recuerdan que Unidas Podemos fue uno de los partidos (junto al PP) que se desmarcó en el último momento del intento de acuerdo en el Pacto de Toledo de la pasada legislatura. “Hay un elemento que puede facilitar el acuerdo: quienes lo pusieron en solfa, Podemos, ahora desde el Gobierno tendrán una posición más institucional, lo que en su momento no ocurrió”, afirma con claridad el portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran.
El año pasado el Pacto de Toledo no logró alcanzar un acuerdo tras buscar in extremis cerrar un texto de recomendaciones. La legislatura se acortó por el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez, después de no sacar adelante sus Presupuestos, así que los grupos parlamentarios aceleraron las negociaciones, pero finalmente PP y Unidas Podemos se desmarcaron del borrador. Ambas formaciones alegaron que el texto de recomendaciones todavía requería de negociación y criticaron “las prisas” para cerrarlo por la convocatoria de elecciones.
La portavoz de Unidas Podemos en el Pacto de Toledo, Meri Pita, reconoce a este medio que “la coyuntura ahora es absolutamente distinta”, pero insiste en que las ideas que defenderá su grupo parlamentario “son las mismas: garantizar unas pensiones públicas, suficientes y solidarias”. La diputada asegura que Unidas Podemos no va cambiar de criterio “porque estemos en el Gobierno”, pero confía en que esta legislatura, con más tiempo para que se debata el borrador del último Pacto de Toledo, “se pueda llegar a un acuerdo”.
Voluntad de acuerdo de todos los grupos
“Buen talante”, “predisposición”, “sintonía”. Son las palabras que utilizaron los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para definir el primer encuentro del Pacto de Toledo, que tuvo lugar el pasado martes. Todos los partidos expresaron públicamente su intención de llegar a un acuerdo, algo normal hasta ahora, pero que con la llegada de Vox al Congreso no se daba por seguro.
Varios diputados habían expresado a este medio su incertidumbre sobre la postura que adoptaría el partido de extrema derecha en el Pacto. La formación que dirige Santiago Abascal apuesta por un sistema semiprivado de pensiones y en el pasado ha sido muy crítica con esta comisión parlamentaria. Su portavoz, Pablo Sáez, aseguró no obstante la semana pasada que “es importantísimo que podamos llegar a algún acuerdo”.
Mercè Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, sostiene que “la ultraderecha se retrata sola” en sus propuestas sobre pensiones, contrarias al actual sistema público, pero precisa que en la primera reunión “todo el mundo tenía claro o pareció que tenía claro el objetivo de esta comisión”.
Del mismo modo, la diputada de Ciudadanos María Muñoz aseguró el martes que Vox no había mostrado “discrepancias” en lo hablado durante el primer encuentro de la comisión. El partido de extrema derecha no estaba presente en la pasada legislatura y ahora se retomarán las conversaciones desde el documento del último Pacto de Toledo, muy avanzado.
En el PP, que se desmarcó de este texto, ven positivo retomar ahora las negociaciones desde este trabajo realizado. “Cómo no vamos a trabajar con eso, indudablemente”, afirmó el martes Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP. ¿Hay posibilidad de acuerdo esta legislatura? “Yo creo que sí”, respondió Rodríguez, aunque añadió a continuación: “No me imagino en un escenario en el que se ponga encima de la mesa, por parte del Gobierno, una trampa”.
El diputado Jordi Salvador, portavoz de ERC en el Pacto de Toledo, es el único de los contactados que rebaja la importancia del Pacto de Toledo. “Llevo cuatro años ahí y soy un poco escéptico. En cada Pacto de Toledo los trabajadores estamos perdiendo derechos y además no es vinculante. La derecha se lo saltó cuando quiso”, recuerda. En su opinión, lo relevante es “la ley de la Seguridad Social”, que está en manos del Gobierno de coalición, “haya o no haya acuerdo en el Pacto de Toledo”. La izquierda, sostiene Salvador, “debe pasar de la defensiva a ir a la ofensiva, porque la derecha lo ha hecho siempre”.
El diputado independentista sostiene por otro lado que la actitud de su partido en el Parlamento, también en la comisión del Pacto de Toledo, estará marcada por si el Gobierno respeta el acuerdo de diálogo sobre el conflicto político en Catalunya.
Los diputados de la comisión son conscientes de la responsabilidad que pesa sobre ellos, dada la importancia del sistema de pensiones y el retraso que lleva el Pacto de Toledo para cerrar estas recomendaciones, que tenían que haberse acordado en 2016. Los parlamentarios comenzarán los trabajos desde la documentación de la pasada legislatura y el próximo 5 de marzo comparecerá frente a ellos el nuevo ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá.