Por primera vez, las mujeres de todo el país están llamadas a una huelga general el próximo 8 de marzo. “Si nosotras paramos, el mundo se para”, claman desde el movimiento feminista en los preparativos de una cita que ya ha sido tildada de “histórica”. Aunque quieran, miles de mujeres en España no podrán hacer huelga en sus puestos de trabajo el 8M. Ni en esta convocatoria ni en otras jornadas de huelga, porque la ley les impide el ejercicio de este derecho. Para algunas profesiones, como militares, guardias civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la negativa es expresa. Pero las contradicciones y los vacíos legales dejan a muchas otras en un limbo, como es el caso de las juezas, magistradas y fiscales, así como las becarias y estudiantes en prácticas en diferentes sectores.
Patricia (nombre ficticio) estudia Periodismo y está haciendo prácticas extracurriculares en un medio digital gracias a un convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Su grupo de Whatsapp '8M' estaba este lunes repleto de dudas: como ella, sus amigas están contratadas como becarias en otras empresas y no tienen claro si pueden hacer huelga en las compañías en las que se están formando. “En esta huelga se busca la ausencia de la mujer, y ¿qué pasa con las becarias?”, afirma Patricia. Aunque la huelga es también estudiantil –así como de cuidados y de consumo–, saben que pueden no asistir a clase ese día en la Universidad, pero no si están amparadas para faltar a sus puestos de trabajo. “Me parece absurdo que podamos faltar a la universidad y no a las prácticas”, lamenta la estudiante, que aún no sabe qué hará el jueves, pero “me sentiría fatal si tuviera que venir a la redacción”, donde sus compañeras se están movilizando para el 8 de marzo.
Sus interrogantes están justificados: eldiario.es ha sido testigo de las respuestas contradictorias que reciben algunas becarias interesadas en hacer huelga por parte de empresas, centros de estudios y sindicatos.
UGT, por ejemplo, considera que los becarios solo tienen derecho a huelga (o paros) en los casos en los que “existe relación laboral”, es decir, que haya un contrato en prácticas o de formación, explican desde el equipo jurídico de la organización. Para el sindicato, una becaria que está cumplimentando unas prácticas gracias a un convenio de colaboración con un centro de estudios –aunque cobre por ello– no tiene derecho a la huelga. Patricia, según esta interpretación, no estaría amparada para faltar a su puesto el 8M.
CGT –que llama a la huelga de 24 horas– y Comisiones Obreras –que ha convocado paros de dos horas– comparten un criterio diferente: consideran que “siempre que los becarios estén dados de alta en la Seguridad Social, cotizando, tienen derecho a huelga”, explican en CCOO. Pilar Castiñeira, secretaria de la Mujer de CGT, lo argumenta así: “Si las prácticas están vinculadas a una beca de formación y se está cotizando y tiene un salario, tiene derecho”. Con estos argumentos, Patricia sí podría ausentarse el próximo jueves para ejercer el derecho a huelga, ya que está dada de alta y recibe un salario por su labor.
Para los becarios que ni cotizan ni reciben ninguna remuneración (1,4 millones según CCOO), Comisiones advierte de que “su situación es ambigua” porque el derecho no está reconocido como tal, aunque tampoco prohibido. CGT difiere y considera que “si no es cotizante, el becario no tiene derecho a huelga”, sostiene Castiñeira, aunque aconseja mirar bien cada contrato de prácticas y formación para comprobar qué establecen y si hay algún impedimento para la huelga, como “un mínimo de asistencia o adherencia al puesto”, como sucede en muchas becas de investigación.
Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado
Las que no tienen rastro de dudas son las militares, guardias civiles y policías. Aunque puedan compartir las reivindicaciones de las convocantes de la huelga feminista, estas profesionales tienen expresamente prohibido ejercitar este derecho. En el caso de las militares, la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas establece en su artículo 7 que “los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán recurrir a los medios propios de la acción sindical, entendida como negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo y ejercicio del derecho de huelga”. Y la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también lo prohíbe en su artículo 6,8: “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios”.
La secretaria general del SUP (Sindicato Unificado de Policía), Mónica Gracia, ha recordado que, aunque la Policía tiene prohibido por ley el derecho de huelga, “como sindicato vamos a defender y a apoyar esa huelga”. Su respaldo es más simbólico, ya que las agentes deben acudir a sus puestos de trabajo. “Nunca podemos dejar a un ciudadano sin un pilar que es la seguridad, porque sin seguridad no hay derechos y los ciudadanos sin derechos se convertirían en un país que creo que nos gustaría a ninguno”, ha sostenido Gracia.
Juezas y fiscales, en un limbo
Para las juezas, magistradas y fiscales la situación es más ambigua. Muchas organizaciones y asociaciones de profesionales consideran que tienen derecho a huelga, “pero es un derecho discutido, que no es reconocido por el Ministerio de Justicia ni por el Consejo General del Poder Judicial”, admite Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Tanto Justicia como el CGPJ “parten del hecho de que los jueces y fiscales son un poder del Estado y, por tanto, no tienen derecho a huelga”, explica. Sin embargo, la Ley orgánica del Poder Judicial no lo prohíbe, como ocurre con los militares y cuerpos de seguridad, aunque sí contempla que no pueden “tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos”.
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) anunció este lunes que se sumaba a la huelga feminista, que “no es una huelga más, se trata de una huelga pionera, (...) un hito histórico” en nuestro país. Carla Vallejo, miembro de la asociación, considera que pueden ejercer este derecho: “Nos mantenemos en un vacío legal: el tema es que tampoco está expresamente prohibido y el Tribunal Constitucional en relación a este derecho dice que, si no está prohibido, está permitido”.
En la práctica, los jueces y fiscales ya han ejercitado el derecho a huelga. “No está regulado, pero los jueces han hecho huelgas”, reconocen fuentes del CGPJ. Sin embargo, se da una situación muy particular: “Cuando ha ocurrido, no se ha recortado el salario ni tampoco se ha sancionado al profesional, aunque fuera una ausencia sin justificar”, explica González Vega. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha retraído el salario para no sentar un precedente que sirviera para reconocer este derecho, según explican las fuentes consultadas.
Aun sin reconocimiento, la realidad avanza a favor de los trabajadores de la Justicia: este lunes, los jueces y fiscales han pactado un calendario de movilizaciones y amenazan con una huelga. Para el 8M en concreto, la Unión Progresista de Fiscales “apoya a quien quiera ejercitar su derecho a la huelga y todos contarán con el respaldo expreso de la asociación”, explica su presidente, Emilio Fernández.
Diputadas y cargos electos
Aunque algunas diputadas han expresado que se van a sumar a la huelga feminista, no es posible descontarles parte del salario ya que no mantienen una relación laboral con el Congreso. Así lo reconocían desde Unidos Podemos, cuyas diputadas van a donar su sueldo de ese día a los movimientos feministas, según explicó la portavoz de Podemos, Noelia Vera, mientras que los hombres serán los que se hagan cargo del trabajo en el grupo parlamentario. En las cámaras regionales, la situación es la misma, algo que afeaba la presidenta del PP valenciano y portavoz del partido en las Corts, que considera que las diputadas regionales deberían perder su parte proporcional del sueldo.
En otros casos, como las Cortes de Aragón, no tendrán actividad el próximo 8 de marzo con motivo de la huelga feminista. Tanto el Pleno ordinario como la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad previstas para ese jueves se retrasarán coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. La institución garantizará, además, el respaldo legal a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que quieran secundar el paro laboral, de cuidados y de consumo, y llevará a cabo labores de información sobre la convocatoria entre el personal de la Cámara.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su parte también secundará la huelga. Aunque ha recordado que “no está previsto” que los cargos electos puedan sumarse a una huelga, todas las mujeres del equipo municipal lo harán “igualmente” y renunciarán también a la parte del sueldo que les corresponde. En el caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, despejará su agenda ese día, al igual que las ediles de su gobierno. Además, se realizarán varios actos de apoyo a la movilización feminista.
Servicios Mínimos
Otro caso en el que puede haber mujeres que se vean imposibilitadas para hacer huelga es el de los servicios mínimos. Según los sindicatos están pensados para “servicios esenciales”, como Emergencias y servicios sanitarios, y aún están en discusión. En el caso de los servicios de transporte, CCOO ha recurrido ante la Audiencia Nacional los acordados por el Ministerio de Fomento en materia de transporte, que consideran “abusivos y que vulneran gravemente del derecho fundamental a la huelga”.