La Ley Rider cumple un año amenazada por el pulso de dos de las mayores empresas del sector

Hace unos días, la crónica de esta efeméride habría sido muy diferente. Se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley Rider, aprobada por el Gobierno para impedir el abuso sistemático de falsos autónomos en el reparto a domicilio a través de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats. Hasta el lunes, el panorama era el de un sector que se vio forzado a modificar sus sistemas de contratación, a firmar contratos laborales a los riders a través de distintas fórmulas. Salvo por una multinacional, que desafió la norma: Glovo, la mayor empresa del sector. Pero en el inicio de esta semana, la foto cambió. Uber Eats, otra de las mayores compañías del delivery, anunciaba que volvería a tener repartidores autónomos, modelo que abandonó debido a la Ley Rider. Su mensaje: si Glovo puede seguir repartiendo con autónomos, el resto también.

El movimiento de Uber Eats coloca 'en rebeldía' a dos de las empresas más grandes del sector y hace tambalear la efectividad de la Ley Rider en su primer cumpleaños. Ya no se trata de un verso suelto en contra de todos los demás, por muy importante que sea este (Glovo), que se esperaba que acatara la legislación antes o después. Ahora una compañía que había acatado la norma laboral imita su postura y decide volver sobre sus pasos.

Aunque en el Ministerio de Trabajo insisten en que “no hay pulsos frente a la ley” y advierten que las infracciones tendrán consecuencias, en estos momentos el panorama de empresas insumisas se ha ampliado. A preguntas de este medio, Uber Eats no da marcha atrás en sus intenciones pese a las advertencias de Trabajo, incluso de posibles responsabilidades penales a las plataformas incumplidoras. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a insistir este viernes en “no va a haber ningún atajo ni posibilidad de incumplir la ley”, en una entrevista en Rne.

Julio (nombre ficticio), rider venezolano de Glovo que recorría la Gran Vía de Madrid a mediodía de este jueves, explica que ya ha mandado sus papeles para repartir como autónomo de nuevo en Uber Eats. En su caso, el modelo de autónomo le permite ganar más dinero que un contrato laboral, dice, porque trabaja muchas más horas al día. Desde la mañana a la noche, con algún descanso. “Es lo que hay, tengo que cubrir gastos”.

Otro compañero sale de una cadena de comida rápida a unos metros de distancia, también es venezolano. “Como la gran mayoría de riders”, se ríe. En su caso, aún no tiene el permiso de trabajo y dice que solo puede repartir como autónomo, que es su única vía para conseguir ingresos.

María, de la misma nacionalidad, carga una mochila de una empresa de repartos de menor tamaño, con la que tiene un contrato laboral indefinido. “Gano algo más de 1.200 euros al mes, que mejoran con las propinas”, explica. La joven agradece tener la estabilidad de un contrato, “que te vas de vacaciones con tranquilidad y sabes que te va a venir tu nómina igualito”.

Una norma nacida para evitar el fraude

La Ley Rider trató de reforzar el estatus laboral de los repartidores de plataformas digitales, los llamados riders, que ya habían constatado numerosas actas de Inspección de Trabajo y sentencias en los tribunales, pero sin que las empresas cambiaran su modelo de negocio. El estatus laboral o de autónomo no es algo que se elija según lo que más convenga a la empresa o al trabajador, sino que queda definida por la relación entre ambos, por cómo se desarrolla la actividad.

Las compañías como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, cuyos negocios consisten en los repartos a domicilio (sobre todo de comida), no tenían a sus mensajeros contratados. Estos eran autónomos, lo que suponía un ahorro en costes laborales para las multinacionales y una merma de ingresos a la Seguridad Social en cotizaciones sociales.

Con la sentencia del Tribunal Supremo sobre Glovo, y luego sobre Deliveroo, el alto tribunal también desmontó la supuesta autonomía de los mensajeros. Los magistrados advertían de la existencia de una relación laboral camuflada, en la que las plataformas y sus algoritmos no eran meros intermediarios entre los consumidores y los restaurantes sino que mandaban sobre los repartidores y organizaban su trabajo.

Aun así, pese al dictamen del tribunal que sienta jurisprudencia en el país, las plataformas de reparto siguieron operando con autónomos. Solo una de las grandes, Just Eat, operaba durante todo ese tiempo bajo un modelo laboral, basado en la subcontratación.

Con este panorama, el Ministerio de Trabajo decidió regular una presunción de laboralidad de los mensajeros a través de la Ley Rider para forzar a las empresas a acatar la legislación. Pese a las condenas y resoluciones de la autoridad laboral, Glovo, Deliveroo y Uber Eats se estaban amparando en que el actual marco legal “no era claro” y en que las sanciones se basaban en sistemas algorítmicos antiguos, ya modificados. Así que seguían funcionando como si nada.

La Ley Rider, que Trabajo pactó con las patronales y sindicatos mayoritarios tras una larga negociación, nació con el objetivo de atar la cuestión. Establecer de manera expresa esa relación laboral en un nuevo texto legal para forzar a las compañías a que contrataran laboralmente a sus mensajeros.

En un primer momento lo consiguió, con cambios en el sector que no se habían logrado hasta el momento, por ejemplo en empresas como Uber Eats. E incluso en Deliveroo, que antes de salir del país contrató a todos los riders para aplicar un despido colectivo y marcharse de España sin conflictos abiertos con las autoridades. Pero Glovo se descolgó de la legislación: se convirtió en el único actor que se resistió al modelo laboral. Mantuvo el negocio con riders autónomos (con algunos cambios por los que defiende su legalidad), lo que ha supuesto una desventaja para sus competidores, como han denunciado Uber Eats y Just Eat. Finalmente, Uber Eats ha tomado su ejemplo.

¿Y ahora qué?

El pulso a la legislación se ha saldado con varias advertencias del Ministerio de Trabajo, que ha elevado el tono frente a los incumplimientos. Ha señalado como posibles responsables también a los restaurantes y establecimientos que hagan uso de estos sistemas de reparto al margen de la ley, lo que puede abrir un frente de tensión entre las plataformas y sus socios comerciales.

“Insisto: no hay modelos de negocio que puedan desafiar los derechos laborales”, sostuvo el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el miércoles en una entrevista en mitad de sus vacaciones ante el anuncio de Uber Eats. “Y ante cualquier desafío, obviamente, el Estado, el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen los instrumentos necesarios para exigir responsabilidades y para, naturalmente, hacer que la ley se cumpla en toda su dimensión”, apuntó.

Entre las consecuencias –y esto es nuevo– el máximo responsable de Trabajo tras la vicepresidenta Yolanda Díaz advirtió de posibles responsabilidades penales de las plataformas, a las que señaló por un incumplimiento “flagrante y anunciado” de la ley. Un paso, la persecución por la vía penal, que no se ha dado en España hasta la fecha pese a las peticiones de sindicatos y colectivos como RidersxDerechos ante la actitud de Glovo.

“Ahora mismo la Fiscalía tiene argumentos más que de sobra para iniciar un procedimiento por lo penal”, considera Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y experto en plataformas digitales, que recuerda que esta vía ya la han tomado países como Francia e Italia.

Todolí considera que el Gobierno debería “dar un paso más”, a través de la vía penal, para hacer cumplir la legislación. “Aquí el problema no era de la ley”, ya que el Supremo falló que existía un abuso de falsos autónomos ya con la anterior legislación, recuerda el profesor. “Se intentó utilizar la ley para forzar a que las empresas cumplieran y se hizo bien porque incluso hubo un acuerdo con la patronal para ello, pero estas empresas digitales han demostrado que no funcionan así, por la vía más tradicional”, valora.

Los sindicatos reivindican las mejoras de derechos

CCOO y UGT defienden la legislación y el modelo laboral por la garantía de derechos para los trabajadores. “Muchos de estos riders disfrutarán en estos días de un periodo estival de vacaciones pagadas, antes no reconocido. Tendrán derecho a una baja laboral y a protección social a futuro, como el desempleo y la cotización para la pensión. Creemos que se ha mejorado notablemente su situación”, valora Carlos Gutiérrez, de CCOO.

Con la salida de Deliveroo de España, por ejemplo, colectivos de riders que defendían el modelo de autónomos entraron a negociar el ERE para reclamar derechos de los mensajeros, que solo tenían como asalariados. “Como autónomos no les habría correspondido nada”, recuerdan en CCOO. Lo mismo ocurrió cuando Uber Eats desconectó de manera unilateral a todos sus riders autónomos con la entrada en vigor de la Ley Rider y que llevó a muchos colectivos, incluidos los sindicatos, a impugnar un ERE encubierto. El Supremo acaba de reabrir esta causa que alcanza a unos 3.000 repartidores, reafirmando la legitimidad de CCOO y UGT para demandar a la multinacional.

En UGT, recuerdan además que “la regulación española ha servido para impulsar una directiva europea destinada a la mejora de las condiciones laborales de las plataformas, que busca que las personas trabajadoras puedan hacerlo en condiciones justas y equitativas y que se respeten los derechos a la salud, a la dignidad y a la seguridad garantizando unas condiciones de trabajo de calidad”.

Una directiva que sigue los pasos de la ley española en varios puntos, como en la obligación de transparencia de los algoritmos que tengan afectación a las condiciones laborales de los trabajadores, ha recordado también este viernes el secretario de Estado Pérez Rey.

Los sindicatos, no obstante, reclaman al Gobierno que refuerce la protección de la norma para que se cumpla por todos los actores del mercado y poder así mejorar las condiciones laborales de los mensajeros. Lo mismo reclaman en Just Eat: “El regulador debe contar con los recursos y mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley y adaptar sus herramientas administrativas y reguladoras a un sector tan dinámico y esencial como el nuestro”.

En CCOO insisten en que, sin una respuesta contundente, se puede generar una “sensación de frustración” y de “burla al Estado” por parte de varias empresas que dejaría en muy mal lugar al Estado de Derecho y sentaría un mal precedente para el futuro.