Limitar los cruceros en Baleares: el eterno debate de la masificación y el impacto medioambiental

Durante dos milenios, las murallas de Palma -romanas, medievales y, finalmente, renacentistas- han dominado la fachada marítima de la capital balear, coronada desde hace más de setecientos por la silueta de la Catedral de Mallorca. Son las primeras vistas que, a varias millas de distancia, divisaban los barcos conforme se aproximaban a la capital balear, uno de los principales enclaves estratégicos del Mediterráneo. Sin embargo, el puerto apenas sufrió cambios hasta finales del XIX y la llegada del XX, que propició la realización de grandes ampliaciones y, con el auge del turismo en los años sesenta, la adecuación de sus muelles y dársenas a la arribada de pasajeros y mercancías. Ahora, denuncian los ecologistas, grandes moles en forma de cruceros impiden apreciar la panorámica que durante siglos 'Ciutat' ofreció a comerciantes y navíos.

Se calcula que el puerto de Palma ocupa, en la actualidad, una superficie 47 veces superior a la que ostentaba en la Baja Edad Media. Frente al ingente crecimiento portuario experimentado en las últimas décadas y tras varios años de presiones por parte de las entidades conservacionistas en aras a reducir la presión náutica en las islas, especialmente la ejercida por los cruceros, el Ejecutivo autonómico y las principales navieras internacionales que operan en Baleares -Costa Cruceros, MSC Cruceros, TUI Cruises, Royal Caribbean y Marella Cruises- han rubricado un acuerdo pionero a nivel nacional: limitar a un máximo de tres los cruceros que atraquen en Palma, cuyo puerto acapara el 70 por ciento de cruceristas que llegan a Baleares. Se trata de una medida que el Govern balear considera “histórica” por cuanto es la primera vez que un destino español fija un tope sostenible a la llegada de este tipo de buques.

En concreto, el acuerdo implica que, ya desde 2022, únicamente podrán coincidir en un mismo día un total de tres cruceros y solo uno de ellos podrá tener una capacidad superior a los 5.000 pasajeros. Además, no se podrán superar los 8.500 cruceristas diarios. Con ello, se prevé que el próximo año lleguen al puerto de Palma 460 embarcaciones con capacidad para más de 500 pasajeros -frente a las 538 que lo hicieron en 2019-, es decir, un 14,5 por ciento menos. Y, si se contabiliza el número total de buques -incluidos los que cuentan con una capacidad inferior a los 500 pasajeros-, las escalas previstas en la capital balear para 2022 serán 518 frente a las 594 de 2019, lo que supondrá una reducción del 13 por ciento.

En 2019, año prepandemia, los puertos de Baleares, segundo destino español en turismo de cruceros, registraron 2,6 millones de viajeros por esta vía -un 9,3 por ciento más que en 2018- a bordo de 818 barcos, de acuerdo a los datos de Puertos del Estado. Solo en el mes de agosto, el de Palma recibió 316.225 pasajeros. Pese a que el puerto de Barcelona, afianzado como el primer destino nacional en número de cruceristas, recibió un total de 3,1 millones de cruceristas, se situó por detrás de las islas en cuanto a número de buques, con 800. Una cifra que a nivel nacional se elevó a 10,6 millones de personas llegadas a bordo de 4.250 cruceros, que se concentraron en las principales ciudades de la costa mediterránea y de Canarias.

Se trata de uno de los subsectores turísticos más dinámicos a nivel nacional e internacional que, según la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) y la Cámara de Comercio de Mallorca, aporta al archipiélago más de 256 millones de euros anuales de forma directa e indirecta, 5.733 empleos y una recaudación fiscal de 21,2 millones de euros. A nivel nacional, 31.233 puestos de trabajo dependen de la actividad crucerística, que en 2017 generó ingresos por valor de 1.481 millones de euros, según el estudio 'Contribución del Turismo de Cruceros a la Economía Europea' elaborado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

El acuerdo entre Govern y navieras, sin embargo, lejos de contentar a unos y a otros por consideraciones totalmente opuestas, ha levantado la polvareda tanto entre las patronales que se consideran afectadas -taxistas, agencias de viajes, empresas de rent a car, guías turísticos o empresarios de la restauración- como entre las asociaciones ecologistas, como Terraferida o el Grupo de Ornitología Balear (GOB), que sostienen que Baleares ha perdido la oportunidad de tomar una decisión “valiente” que redunde en el bienestar de los habitantes de las islas, su salud y su derecho a la ciudad. Una disconformidad que también se extiende a los socios del PSIB (formación de la que depende la Conselleria de Turismo) al frente del gobierno balear: Podemos y MÉS per Mallorca. Mientras los primeros reclaman, al igual que los ecologistas, que se limite a un buque la llegada de cruceros, los segundos aceptan un máximo de dos siempre que no superen los 6.000 pasajeros.

Frente a tales críticas, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, subraya que “una medida como esta es muy positiva y mucha gente la valora así. Hemos marcado un precedente”. En declaraciones a elDiario.es, el también portavoz del Ejecutivo balear destaca que, a nivel internacional, los únicos puertos en los que ya se actuó de forma similar fueron los de Dubrovnik y Arbonne, cuyas instalaciones son “muy pequeñas. Nosotros somos los primeros en hacerlo en un puerto tan grande como el de Palma”.

Negueruela destaca que tanto la patronal como CLIA y las principales navieras “entienden que [en Palma] hay mucha masificación, lo que produce un problema en el destino, y que si éste quiere fijar unas reglas hay que ponerse de acuerdo. Es cierto que hay sectores que tienen una opinión contraria, pero si no tenemos competencias hay que pactar con ellos, sentarse y agradecer su predisposición a alcanzar un acuerdo que marca un hito importante”.

Sobre el hecho de que la medida no sea vinculante dado que las facultades de decisión en este sentido hay que buscarlas en las normativas de servicios de la Unión Europea, el conseller es tajante: “Todas las navieras que operan van a respetarlo. No tenemos ninguna duda”. En las próximas semanas, señala, acabará de perfilarse el desarrollo del acuerdo. “Se ha hecho un esfuerzo enorme con el que damos cumplimiento a un acuerdo de gobernabilidad y se fija un techo máximo en un puerto que cuenta con una mayor capacidad. Es un acuerdo que marca un antes y un después”, sentencia Negueruela.

Sin embargo, una de las entidades ecologistas más combatientes en materia medioambiental en Baleares, Terraferida, expresa su rechazo a una limitación que considera “insuficiente”. Desde 2016, la plataforma, al igual que otras asociaciones como el GOB, reclama que solo un crucero al día pueda estar amarrado en el puerto de Palma. “Solo en 2018 llegaron 590 cruceros a Palma y casi 600 en 2019, con el consiguiente impacto ambiental que generan”, subraya el portavoz de la entidad, Jaume Adrover.

Según un estudio llevado a cabo por la plataforma, estos buques, a lo largo de 2018 y los dos primeros meses de 2019, consumieron, únicamente permaneciendo en el puerto y sin contar las travesías, 67.000 toneladas de fuel, una cifra prácticamente similar a la que el Prestige vertió en combustible tras su hundimiento. “Cada crucero es como una central eléctrica quemando fuel pesado porque es el más barato”, asevera. Adrover pone el foco, asimismo, en las emisiones de dióxido de azufre (SO2) por parte de estos colosos.

Contaminación y masificación

De acuerdo a un informe de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, España, Italia, Grecia, Francia y Noruega son los países europeos más expuestos a la contaminación atmosférica provocada por los cruceros. Y, según revela, en 2017 Palma fue la segunda ciudad de Europa más contaminada, con 28 toneladas de SO2 emitidas por estos buques, tan solo por detrás de Barcelona, donde los cruceros expulsaron 32,8 toneladas. Detrás de ambas se situaron Venecia, con 27,5, y Southampton, con 19,7 toneladas.

Al margen de la contaminación marítima y atmosférica de los cruceros, Terraferida alerta de la masificación que conlleva el atraque de estos barcos: “Hay algunos que llevan 6.000 ó 7.000 personas; es como si llegara una pequeña ciudad de golpe”. Adrover asevera que en un solo día han llegado a desembarcar 15.000 turistas cuyo impacto económico en positivo “es muy bajo: permanecen muy pocas horas, lo que hacen es bajar y visitar el casco antiguo, que se satura de repente al unirse a los turistas que ya se encuentran en Palma”.

Recrimina, finalmente, la política tributaria de algunas de las navieras y el hecho de que “no tributen aquí sino en paraísos fiscales como Bahamas o Barbados, cuando en el puerto se ha construido una terminal de doce millones de euros para que puedan atracar los cruceros. No tributan aquí, están generando masificación y devalúan la ciudad pero ¿qué dejan a cambio?”, se pregunta.

Durante los últimos años, otra de las personas que se ha mostrado especialmente crítica con el impacto de estas moles es el ex director ejecutivo de Greenpeace España y de Oceana en Europa, Xavier Pastor. El histórico dirigente ecologista, quien hace veinte años, durante su estancia en Alaska, comenzó a vislumbrar las consecuencias de la llegada masiva de cruceros, considera que “son un problema creciente”, máxime cuando, explica a elDiario.es, en Palma “han llegado a coincidir hasta siete en un solo día. La ciudad no puede digerirlo, a lo que se suma que los muelles deben ser condicionados para ellos, haciendo crecer los puertos y readaptando la infraestructura de la ciudad”.

En este contexto, una de las reivindicaciones lanzadas en los últimos años por decenas de entidades como Amics de la Terra, Palma XXI, GOB y Ciutat per a qui l’Habita (Ciudad para quien la habita), pasan, además de por reclamar un solo crucero por día, por que los cruceristas paguen un impuesto turístico más elevado. Pastor cree, en este sentido, que los viajeros deben pagar una 'ecotasa' “al más alto nivel, como en los hoteles”. El impacto visual, por otro lado, también supone un importante problema para quien fuese uno de los fundadores de Greenpeace: “No entiendo cómo a gente tan sensible a la presencia de aerogeneradores o de placas solares no le moleste que haya cinco barcos que bloquean toda la vista desde el puerto hacia el mar, como si fuesen un hotel de diez pisos, o que al revés uno no pueda ver la Catedral, la Lonja o el Paseo Marítimo porque lo que se ve delante son barcos horrorosos”.

En el lado contrario se pronuncia la portavoz de la plataforma 'Sí als creuers' ('Sí a los cruceros'), Álex Fraile, también representante de Asociación Proguías Turísticos de Mallorca, una de cuyas principales demandas pasa por reactivar el turismo de cruceros, fuertemente golpeado por la pandemia del covid. Contundente, opina que Baleares “va a pasar a la historia por ser la primera Comunidad Autónoma dependiente del turismo que se dedique a limitar el turismo de calidad” como el generado por estos buques, “un turismo de alto poder adquisitivo”.

A su juicio, el acuerdo entre Govern y navieras “no deja de ser un brindis al sol porque no se sostiene legalmente” en cuanto a las competencias para llevarlo a cabo y, además, teme que la medida pueda sentar un “grave” precedente: “Si ahora se limitan los cruceros, ¿lo próximo serán los aviones?”.

Fraile, guía turística, explica que “los únicos trabajos que hemos tenido este año han sido los de los cruceros”, al tiempo que defiende que cuando los turistas viajan a través de estos buques “buscan un producto de calidad” y “son los que más consumen”. Se muestra especialmente crítica con el “discurso medioambiental” de las entidades ecologistas: “Los nuevos barcos que han salido y que superan las 5.000 personas usan combustibles alternativos como el gas licuado, mientras los pequeños son los más antiguos y por tanto utilizan el combustible de siempre. Si queremos barcos sostenibles habrá que apostar por ellos. Lo fácil es limitar, pero el reto es gestionar”, sentencia.

Recientemente, CLIA presentó su Informe anual sobre prácticas y tecnologías ambientales, en el que señala que, como alternativa a los fuelóleos pesados, se están desarrollado otros combustibles como el biodiesel, el metanol, el amoníaco, el hidrógeno y las baterías eléctricas con el objetivo de reducir sus emisiones contaminantes y de que la industria sea neutra en carbono de cara a 2050. Con todo, el documento resalta que continúan existiendo obstáculos de carácter tecnológico, logístico y regulatorio que deben superarse antes de que estos combustibles alternativos puedan ser utilizados de forma generalizada. La asociación internacional asegura, además, que el 82 por ciento de los barcos en cartera estarán preparados para utilizar la conexión eléctrica con tierra, toda vez que los buques continúan trabajando en el empleo de gas natural licuado, de sistemas de lavado de gases de escape y de mecanismos avanzados para el tratamiento de las aguas residuales.