Escuchas policiales, sobornos y falsificaciones: los 1.000 líos judiciales del rey de los autobuses

A Raúl López le gusta cultivar la imagen de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Cvil. Hoy aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.

Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) el pasado marzo con 60.000 euros en fajos de billetes, dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.

Durante las últimas dos décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.

En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.

El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta.

A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.

Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Cataluña, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.

Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.

De Lara y el Servicio de Vigilancia Aduanera volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los 2.000 autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa pero ya está aclarada”.

El secreto de sumario de esa operación, bautizada como Cóndor y en la que se arrestó a diez personas más, acaba de levantarse. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. Los investigadores sospechaban que López se repartía con empresarios locales dinero en negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados.

Regalos y pagos a cargos del Ejército

Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la Bripac, el teniente coronel Luis Cortés, con un futbolista de la cantera del Real Madrid. Cuando la juez preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.

Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.

El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.

En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la UTE. El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la unión temporal de empresas que optó a la concesión se deshacía.

En otra de las causas judiciales donde aparece el nombre de López, la operación Pulpo, se indaga sobre los regalos que López envió a funcionarios y políticos de diferentes instituciones.

Sus fotos con políticos se han reducido

Todos esos enredos en los tribunales ponen a prueba su hegemonía en el transporte de viajeros por carretera en España y amenazan, además, la tupida red de relaciones del empresario de los 2.000 autobuses. Los políticos hoy temen hablar con López por teléfono y acabar señalados en uno de los sumarios que lo investigan. El álbum de fotos con sus amistades influyentes también se ha resentido desde que fue detenido a mediados de marzo.

Las malas noticias de los juzgados ya han empezado a llegar a la sede de Monbus. El Tribunal Supremo echó abajo el pasado marzo la polémica prórroga que la Xunta de Feijóo otorgó en 2010 a las rutas del transporte por carretera. Una docena de empresas sufre las consecuencias de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo que anuló 129 líneas. El sector coincide en que es Monbus el principal damnificado. Según sus competidores, su capacidad de influencia está en horas bajas desde que su nombre empezó a frecuentar las páginas de tribunales.

Mientras él repite a su entorno que todo se quedará en nada, alguno de sus subordinados ha empezado a tirar de la manta. Y sus abogados amenazan con demandas a los periodistas que hurgan en sus negocios. El magnate de los autobuses vive sus peores horas pero confía en salir adelante, como lleva haciendo desde hace 40 años.

Acostumbrado a hacer dinero subiendo gente a sus autobuses, hay veces en que Raúl López no duda en bajarla. Como aquel día de la primavera de 2009 en que obligó al entrenador del Breogán a volverse en coche alquilado desde Cádiz a Lugo tras quedar eliminado en una fase de ascenso.