La promesa del Gobierno de reformar el sistema de pensiones se concretará en breve en la negociación para sacarla adelante. Tras el amplio acuerdo político alcanzado en el Congreso, con el aval a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, el Ejecutivo ahora tiene que levantar sus cartas sobre qué quiere hacer realmente y cómo pretende modificar el sistema de pensiones. El siguiente paso consiste en debatir sus planes en el seno del diálogo social, con los sindicatos y las patronales mayoritarias, de las que el Gobierno quiere obtener también el respaldo para legislar. El ministro José Luis Escrivá ya ha ido adelantando sus intenciones, entre las que figuran una fórmula de revalorización según el IPC que impida que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y el fomento del retraso de la jubilación mediante incentivos.
Aunque con prudencia, y sin desvelar la letra pequeña, el responsable de la Seguridad Social ha explicado en varias intervenciones y entrevistas algunos de sus planes para la futura reforma de las pensiones en España, que según el ministro garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España para hacer frente en los próximos años a retos como el aumento de jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Uno de los retos también pasará por convencer a Unidas Podemos, socia del Gobierno, de algunas medidas que la formación no comparte, como el fomento de los planes complementarios de pensiones, endurecer la jubilación anticipada y un posible aumento del periodo de cálculo para la pensión.
A continuación, se resumen algunas de las modificaciones que ya ha avanzado Escrivá y que negociará con los agentes sociales:
Revalorización de las pensiones en base al IPC
La subida de las pensiones según el IPC ha sido una de las principales reclamaciones de los movimientos de pensionistas frente al vigente mecanismo de revalorización, que aprobó el Gobierno del PP sin consenso en 2013, y que se conoce popularmente como el del “0,25%”, ya que ante una situación de déficit del sistema como el actual provoca subidas anuales de esa cantidad. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a recuperar el IPC como indicador para la revalorización de las pensiones y ahora llega el momento de plasmarlo en una ley. El Pacto de Toledo recoge esta medida, la revalorización “en base al IPC real”.
José Luis Escrivá ha afirmando que presentará una fórmula para ello por la que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, pero las dudas están en cómo será exactamente este mecanismo. El ministro ha afirmado que es posible que se tome en consideración, en lugar del IPC año a año (que a veces puede ser positivo o negativo), el IPC en varios ejercicios, por un periodo no muy largo. “En períodos suficientemente acotados de tiempo”, afirmó en una entrevista en elDiario.es. La Comisión Europea ha advertido a España de que esta medida puede afectar a la “sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.
Sacar “gastos impropios” de la caja de la Seguridad Social
El Pacto de Toledo reconoce en sus recomendaciones la existencia de “gastos impropios” que han mermado las cuentas de la Seguridad Social durante años con partidas que no son contributivas y se han pagado con las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores y las empresas. Los partidos han acordado que estas partidas deben pasar a sufragarse mediante los Presupuestos, para acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023.
El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo este traspaso, que ha comenzado a plasmar ya en el proyecto de Presupuestos de 2021, con un traspaso de 14.000 millones de euros, que se seguirá aumentando en los próximos años. Escrivá ha cifrado el total de gastos impropios en unos 23.000 millones de euros en 2023.
Cotización de los autónomos según sus ingresos
Dentro de la reforma de las pensiones se suele incluir la modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que pasen del sistema voluntario actual a uno en función de sus ingresos reales. En la actualidad, el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima a la que tiene acceso, lo que provoca que cobren prestaciones limitadas, ya que se calculan según la cantidad por la que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social.
El Ministerio ya ha comenzado la negociación de este nuevo sistema con los colectivos de autónomos, al que se opone sobre todo ATA, la organización dentro de la CEOE, que admite las rebajas en la cotización de los trabajadores que menos ganan, pero no el aumento de los que más ingresan. Con la intención de implementar el nuevo sistema en 2021, aún las conversaciones están en fase inicial. La propuesta inicial de Escrivá dejaría a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior. Por el momento, el Ministerio no está incluyendo en los cambios a los autónomos societarios, algo sobre lo que se han posicionado en contra los líderes de CCOO y UATAE.
Incentivar la demora de la jubilación
El Gobierno pretende fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral de los trabajadores más allá de la edad de jubilación. El ministro ha destacado que los incentivos que existen en España actualmente son limitados y apenas se conoce. Por ejemplo, las bonificaciones anuales medias por retrasar la jubilación en España son del 3,2%, inferiores a muchos de nuestros vecinos europeos, como Francia (5%), Alemania (6%) y Reino Unido (10,4%), explicó el ministro Escrivá en el Congreso.
Los planes del ministro incluyen varias acciones: ampliar los incentivos que ya existen y publicitarlos para que la gente los conozca y, además, aprobar algunos nuevos. Entre las alternativas que se estudian figura un “cheque”, una cantidad a tanto alzado (que se paga de una sola vez), para aquellas personas que opten por retrasar la jubilación, como publicó El País. José Luis Escrivá ha afirmado que, según encuestas internas con las que está trabajando la Seguridad Social, muchas personas estarían dispuestas a prolongar sus carreras a cambio de esta opción de recibir todo el incentivo de golpe.
El Pacto de Toledo ha puesto un pero a este retraso voluntario de la jubilación: que el Gobierno vele para que no sea la opción a la que se acojan finalmente personas con pensiones muy bajas, para optar a ingresos suficientes en un futuro.
Endurecer la jubilación anticipada voluntaria
El ministro ha anunciado que pretende revisar los actuales desincentivos a la jubilación anticipada voluntaria, centrándose sobre todo en endurecer más las penalizaciones en las pensiones más altas. En cualquier caso, será de aplicación “muy gradual”, ha asegurado. Escrivá considera que el actual sistema es injusto ya que aunque formalmente el coeficiente de reducción anual es del 8%, “'de facto' para muchas personas es del 2 o 3%”, ha destacado. Esto es así porque la reducción se aplica sobre la base de cotización y no sobre la cuantía de pensión, de manera que hay personas con salarios altos a las que se le aplica el coeficiente reductor y no les afecta mucho porque está muy por encima de la pensión máxima.
Los sindicatos han mostrado sus recelos a esta opción y recuerdan que muchas personas se jubilan de manera anticipada aparentemente de forma voluntaria, pero en realidad es consecuencia de haberse quedado en paro al final de su vida laboral. Sobre reformar las penalizaciones para las pensiones altas, recuerdan que esas personas ya tienen una penalización cuando la pensión máxima está por debajo de salarios altos por los que han cotizado. La base máxima de cotización en el Régimen General está fijada en los 4.070 euros mensuales y la pensión máxima en los 2.683 euros mensuales.
Aviso a las prejubilaciones
Escrivá también ha puesto en el punto de mira las prejubilaciones pactadas entre empresas y sindicatos en procesos de reestructuración como los ERE. “Aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que intentar otros métodos de política económica”, ha afirmado el responsable de la Seguridad Social, que considera que estas salidas anticipadas del mercado laboral, en las que trabajadores de avanzada edad dejan sus puestos con condiciones pactadas a la espera de una jubilación próxima, sobrecargan el sistema público de pensiones. Escrivá ha defendido que hay que buscar “alternativas” en la mesa de diálogo social, en una materia que está muy vinculada con las competencias del Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz.
Concesiones a las largas carreras de cotización
El Pacto de Toledo recomienda “valorar” medidas que, con carácter excepcional, permita a personas con carreras laborales muy largas “descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario” para la pensión o que se permita “escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo”. El ministro ha afirmado que el Gobierno tiene que hacer cálculos “muy finos” para presentar su propuesta.
“El Pacto de Toledo nos está recomendando que hagamos un análisis fino e intentemos buscar alguna solución para circunstancias particulares, que las hay, de mucha inequidad porque han cotizado muchísimo tiempo y tienen que esperar excesivamente para jubilarse”, ha sostenido Escrivá.
Trabajadores con gran discapacidad
El ministro anunció en el Senado que el Gobierno facilitará el acceso a las jubilaciones anticipadas a los trabajadores con una discapacidad alta, a partir del 45%. José Luis Escrivá aseguró dará “prioridad” a esta cuestión y tachó de “inaceptables” –por muy reducidas– las actuales cifras de personas que se acogen a esta opción de retiro anticipado. “Entre las prioridades normativas que vamos a tener va a ser abordar este problema, porque esto no es aceptable”, respondió a una pregunta del PNV.
¿Más años para el cálculo de la pensión?
En la actualidad, como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2011, cada año se amplía el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. La legislación hará que en 2022 el periodo de referencia sea de 25 años. El ministro de la Seguridad Social se ha mostrado dispuesto a valorar una ampliación.
“A partir de ahí, existe la posibilidad de seguir ampliando ese período. Esto fundamentalmente lo que pretende es hacer más contributivo el sistema y más equitativo. Pero en esa búsqueda de equidad, si vamos ampliando el período más allá de 25 años, se hace más relevante identificar lo que llamamos 'huecos', es decir, situaciones en las cuales una persona no ha cotizado por distintas circunstancias y que, por tanto, pueda descartar en el cálculo de su pensión aquellos peores años que ha tenido. Es un mecanismo que estamos explorando, tenemos que ver cómo lo calibramos, que va aparejado a una visión de ampliación progresiva del período”, afirmó en elDiario.es.
Cambios en los planes de pensiones
El Gobierno se propone incentivar los planes de pensiones de empleo, para los que ya ha aumentado las desgravaciones fiscales en los Presupuestos de 2021, mientras que ha reducido las de los planes de pensiones individuales. El fomento de estos planes de pensiones colectivos contará además con la herramienta de un fondo público de pensiones, que el Ejecutivo se propone crear en el plazo de un año y que buscará facilitar la contratación de este complemento a la pensión pública, según ha expresado Escrivá, que se está planteando fórmulas de adscripción automática de los trabajadores. El ministro ha afirmado que el objetivo es que este tipo de planes alcance a la mitad de los trabajadores en España. En la actualidad, lo tienen “uno de cada seis trabajadores”, apuntó.
La Comisión Europea ha advertido a España de los riesgos en la sostenibilidad de sus cuentas derivada de la revalorización de las pensiones según el IPC. En su informe de otoño del Semestre Europeo publicado este miércoles, el Ejecutivo comunitario afirma: “El plan presupuestario anuncia que se vuelven a vincular las pensiones a la inflación, lo que puede afectar a la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.
“El impacto en la sostenibilidad fiscal de la (continuada) revalorización de las pensiones según la inflación esperada y de los incrementos en los salarios públicos requiere una vigilancia detenida”, añade la Comisión.
En una entrevista reciente en La Vanguardia y otros medios europeos, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Domvrobskis, explicaba: “Cuando discutimos la relación de las pensiones con la inflación, para nosotros la pregunta importante es cómo se financian estas iniciativas. Es decir, no miramos una u otra iniciativa aisladamente porque puede haber iniciativas que incrementen el gasto pero que estén adecuadamente financiadas, entonces no afecta a la sostenibilidad fiscal. Respecto a los planes presupuestarios, no expresamos opiniones en gastos específicos, más bien nos concentramos en el balance general”.
Según los informes de Bruselas, “los planes presupuestarios del Gobierno anuncian la vuelta a la vinculación de las pensiones a la inflación, lo que puede afectar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Según el borrador presupuestario, esta medida se estima en un 0,1% del PIB [unos 1.000 millones]”.