Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, está promoviendo una resolución en el Parlamento Europeo para pedir a Bruselas que obligue a las empresas europeas de la industria textil a garantizar los derechos humanos de los trabajadores y evitar así nuevos desastres como el del Rana Plaza. Celebra “la buena recepción” con que el resto de partidos han acogido la propuesta y cree que la Eurocámara podrá aprobarla en abril. 

¿Qué es lo que os ha llevado ahora a hacer esta propuesta?

Todo esto viene por el desastre del Rana Plaza en 2013. Un año después, la Comisión Europea promovió una iniciativa para controlar la cadena de producción en la industria textil. Dijo que iba a legislar, que iba a ser una de sus prioridades en los próximos años y todavía estamos esperando a que proponga algo. Ante esta inactividad, decidimos dar un paso hacia adelante e impulsar una resolución para pedir a la Comisión que legisle.

¿Que legisle en qué sentido?

Queremos que se respete la situación laboral de los trabajadores y especialmente de las trabajadoras, porque el 90% de los empleados en la industria textil son mujeres. También pedimos respeto por el impacto medioambiental que provoca este negocio. Y que la legislación sea vinculante para todas las empresas europeas que operan en el exterior o que importan productos desde países en vías de desarrollo. Para empezar, hemos pedido la luna y habrá otros grupos que nos van a rebajar la propuesta.

¿Cómo la han recibido el resto de partidos?

La recepción ha sido bastante buena. Pero en la comisión de desarrollo del Parlamento Europeo, los eurodiputados tienen una sensibilidad mayor, debido a los temas que tratamos, a lo que vemos con nuestros propios ojos durante las misiones que hacemos a países donde no se respetan los derechos humanos. Los liberales, por ejemplo, están de acuerdo en apoyar una legislación vinculante y eso es todo un éxito. Ahora hay que ver si conseguirán arrastrar a todo su grupo para que apoye la resolución en el pleno. Espero que sí, porque es cosa de sentido común y de derechos humanos.

Así lo ven, desde luego, muchos ciudadanos. Sin embargo, la ropa de comercio justo es más cara y no todo el mundo se lo puede permitir.

Sí, pero esto es una responsabilidad compartida. Es verdad que la responsabilidad principal es de los entes públicos, porque son los que permiten comercializar productos fabricados en condiciones de esclavitud. Pero también hay una responsabilidad por parte del consumidor. A la gente hay que explicarle que si una camiseta que se ha hecho en Bangladesh o en Vietnam cuesta cuatro euros, es porque las condiciones laborales de la fábrica son terroríficas.

Está claro que esta globalización de capitalismo salvaje, con tanta desigualdad, nos lleva a que en el primer mundo haya gente con bajo nivel de renta que desea que las cosas sean baratas. Pero si lo son, no es porque el empresario se quede con menos dinero, sino porque el empleado recibe menos salario. Todos somos responsables de eso. 

¿Y cómo se llega al equilibrio entre la responsabilidad social y las posibilidades de uno mismo?

Al equilibrio se llega con información. De ahí la importancia de crear un etiquetado similar al que acaba de proponer la Asamblea francesa. Francia pretende que las empresas de la industria textil que cumplan las normas puedan garantizar que sus productos están libres de trabajo esclavo, libres de deterioro medioambiental, mediante una etiqueta que lo certifique. Para ello es necesario que inspectores independientes puedan controlar el comportamiento de las empresas durante toda la cadena de suministro. Y con eso, el consumidor podrá decidir. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, la oferta de ropa de comercio justo todavía es limitada. 

Por eso, nuestra propuesta debe ir acompañada de otras políticas que fomenten la economía social  y colaborativa, tanto en España como en Europa. No se pueden hacer acciones en solitario, porque son un brindis al sol. Pero está claro que con los gobiernos neoliberales que tenemos es difícil de imaginar que vayan a invertir en ello.

Tras el desastre del Rana Plaza donde murieron 1.127 personas, ¿ha habido avances, a nivel europeo, para garantizar los derechos de los trabajadores en los países en vías de desarrollo?

La Comisión Europea intentó que el Gobierno de Bangladesh fuera más abierto en cuanto a la situación laboral en las fábricas. Ha habido tímidos avances en cuanto al sindicalismo. Pero nos parece poco. La Comisión nos dijo que si nos ponemos muy exigentes con las empresas, se irán a otros países que les convengan más. Pero nos tiene que dar igual si las empresas se cambian de sitio. La ley la tienen que cumplir y demostrarlo cuando sus productos lleguen a la frontera.