Este fin de semana se cumplen dos años de la entrada en vigor de una de las medidas más cacareadas por el Gobierno para luchar contra el drama de los desahucios en España: la moratoria de dos años para ejecutar el desalojo de las viviendas habituales, aprobada en un Real Decreto Ley de noviembre de 2012. El nerviosismo entre los primeros afectados que lograron beneficiarse de aquella medida de gracia es máximo. Los autos judiciales que tienen en su poder se firmaron apenas unos días después de aquella decisión, y advierten de que esa moratoria de dos años está a punto de caducar. Desconocen qué va a ocurrir con ellos una vez que venza esa fecha.
El calendario oficial del Gobierno parece ser otro: el Ministerio de Economía recogía el 9 de septiembre en una nota una intervención de Luis de Guindos en el Congreso en la que aseguraba que la moratoria actual vence en mayo de 2015, dos años después de que el Real Decreto de medidas urgentes que aprobó la moratoria de dos años se convirtiera en ley, en mayo de 2013. El Gobierno podría incluso ampliarla a partir de esa fecha, decía ese comunicado.
Sin embargo, los afectados que se beneficiaron de esa medida no tienen ninguna constancia de que se haya ampliado su moratoria. “No existe ninguna comunicación oficial. Nuestros clientes tienen un auto con una fecha que está próxima a caducar. No podemos esperar a ver qué pasa. Hay que reaccionar. ¿Qué ocurre si el banco, como es lógico, solicita su finalización? ¿Quedamos a la discrecionalidad de la decisión judicial? No hay nada claro”, asegura Abel Pié, decano del Colegio de Abogados de Manresa y presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, cuyos letrados llevan semanas de intensa actividad para buscar una solución legal a este tema que afecta a una de las zonas de España con más casos de desahucios.
El propio Guindos reconoció en una entrevista a Europa Press en verano que el Gobierno estaba considerando ampliar esa moratoria que caducaba en noviembre de 2014, por lo que no está tan claro que, por el hecho de que la medida fuese ratificada en la ley de mayo de 2013, automáticamente todas las moratorias se amplíen hasta entonces. “Tal vez haya ampliación para las nuevas concesiones, pero si también afecta a las primeras que se firmaron es algo que desconocemos y que nadie nos lo ha comunicado oficialmente”, advierte Pié.
Medidas de urgencia
Es un ejemplo más de que lo que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso vender como una de las políticas sociales estrella de su mandato hace aguas. En noviembre de 2012, un año después de ganar las elecciones, el Ejecutivo consideraba insostenibles los datos de familias que perdían cada día su vivienda por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca. Para paliar la situación aprobó, vía decreto ley, una serie de medidas de urgencia para “reforzar la protección a los deudores hipotecados”.
La medida estelar fue frenar por dos años el desahucio de las familias en situación de exclusión social y la recomendación de crear un Fondo Social de Vivienda en alquiler con los pisos que las entidades financieras tenían en stock. Meses después, esas ayudas fueron complementadas por el Código de Buenas Prácticas de la banca, aprobado en enero de 2013, y la Ley 1/ 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que se aprobó en mayo. Esta norma, entre otras cosas, confirmó la mencionada moratoria de dos años y dio vida al Fondo Social de Vivienda.
La vicepresidenta del Gobierno sancionó aquella ley con una curiosa declaración. “Este fondo de viviendas es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria puede ponerse en la piel de los que han vivido un fracaso. Quiero que esas 6.000 viviendas tengan nombre y apellido y saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza”, prometió, emocionada, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero ni los objetivos marcados por la ley, ni los deseos de la vicepresidenta han llegado a buen puerto. Dos años después de aquellas primeras intenciones de reforma, el drama de los desahucios sigue en España igual de candente. El objetivo en el que más estrepitosamente se ha fallado es el de la transparencia. Ni ciudadanos ni expertos han tenido acceso a los resultados de esas políticas de solidaridad. “Lo único que sabemos es lo que el Gobierno quiere contar cuando le parece conveniente, pero ninguna de las estadísticas de desahucios oficiales, ni la del Consejo General del Poder Judicial, ni la del INE, ni la del Banco de España, recogen qué procesos de desahucio se han paralizado o quiénes han accedido a los alquileres sociales”, advierte el economista experto en temas hipotecarios Julio Rodríguez.
Basándonos en la información concreta que ofrece el Ministerio de Economía, sabemos que hasta el 9 de septiembre de 2014 el resultado de todas las medidas de ayuda relacionadas con los desahucios ha supuesto la suspensión de más de 10.000 lanzamientos (desalojos); que 1.450 familias han accedido a un alquiler reducido del Fondo Social de Vivienda; que el Código de Buenas Prácticas (al que se han adherido 33 entidades financieras) ha hecho posible reestructurar la deuda a 6.500 hipotecados y se han permitido 2.100 daciones en pago; y que 20.000 familias en total se han beneficiado del conjunto de medidas puestas en marcha para paliar los desahucios.
Más allá de la comunicación oficial puntual, el Gobierno no ha apostado por publicitar estas cifras. “Estas medidas son paliativas. Están lejos de solucionar el problema”, asegura Julio Rodríguez. En 2013, el Ejecutivo ya recibió fuertes críticas por la evolución de esta política y la dureza de los criterios para poder acceder a esas ayudas básicas. Con base en ello, a principios de este año, se flexibilizaron la exigencias económicas y sociales para acceder a los alquileres sociales. El resultado ha sido que el número de familias que se han podido beneficiar ha aumentado ligeramente, pero las más necesitadas siguen sin soluciones efectivas.
La moratoria que permitía paralizar los desahucios, aprobada en noviembre de 2012, afectaba a todos los que estaban en marcha desde 2008 en familias especialmente vulnerables. Desde el punto de vista económico, eran aquellas cuyos ingresos no superaban en tres veces el IPREM, es decir, un máximo de 1.500 euros al mes. Además, se les exigía tener hijos menores de tres años (en enero de 2014 se cambió a hijos menores de 18 años). También podían acceder quienes cuidasen o tuvieran a alguien con una discapacidad superior al 33% (cualquier discapacidad desde enero de 2012), entre otros requisitos.
Apenas un 2,9% del total
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde enero de 2008 hasta junio de 2014 se produjeron en España 346.784 lanzamientos. Si las medidas para paliar el problema de los desahucios han propiciado, como dice el Gobierno, la suspensión de 10.000 de ellos, eso implica que los beneficiados son apenas un 2,9% del total de los desahuciados en el periodo que abarca la ayuda.
Un porcentaje que contrasta con la población que tiene ingresos inferiores a 1.500 euros al mes (por supuesto, no todos estarán en situación de desahucio), pero que según el INE era del 41,14% en 2008 y que ha subido cada año hasta el 47,96% en 2013 (último dato registrado). “Lo que sí sabemos es que el 4,8% de los hogares que cumplen con los requisitos marcados por esa ley soportan una carga financiera de más del 60% de sus ingresos. También sabemos que, según la EPA del primer trimestre de 2014, a esa fecha había 1.978.900 hogares en los que todos sus miembros estaban parados. Eso implicaría que alrededor de 89.000 hogares podrían estar en situación de ser desahuciados y acceder a una vivienda social”, según los datos que maneja Julio Rodríguez. Por descontado, aproximados porque, como dice, “sólo se pueden hacer extrapolaciones”.
Alquiler barato para un 1,3% de los desahuciados
Si abordamos la situación del Fondo Social de Vivienda, los datos no son más halagüeños. En el momento de su creación, enero de 2013, los 33 bancos que lo componen aportaron 6.000 viviendas. Según Economía, se han beneficiado de su alquiler reducido 1.400 familias, por lo que siguen vacíos 4.600 pisos de ese fondo. En ese mismo periodo (enero de 2013-junio de 2014), han perdido su vivienda 104.430 familias, según los datos del CGPJ de lanzamientos practicados. Es decir, sólo un 1,3% de los desahuciados han conseguido acceder al alquiler barato del Fondo Social de Vivienda.
“Está claro que algo se está haciendo mal. Las medidas paliativas no funcionan. Hay que poner en marcha una verdadera ley de segunda oportunidad en la que las familias, como ocurre con las empresas y como existe en otros países de la Unión Europea, tengan derecho al borrón y cuenta nueva”, demanda Rodríguez.
El tiempo vuela. Sobre todo si la situación de la economía y las posibilidades de encontrar un empleo con el que pagar la hipoteca apenas cambian. Como muchas familias están comprobando ahora, dos años no son nada. “La moratoria ayuda a ganar tiempo y esperamos poder seguir ganándolo para quienes les caduca el plazo en las próximas semanas, pero estas soluciones no son definitivas”, resume el líder de la abogacía catalana, Abel Pié.